Se cumplió la amenaza de la Junta

¿Quién tiene la última palabra sobre el destino de los empleados públicos? Pues no será ni el gobernador Ricardo Rosselló, ni los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, sino la jueza de Quiebras, Laura Taylor Swain. Ayer la pugna por la reducción de la jornada laboral y la reforma de pensiones de empleados públicos escaló al foro de quiebras federal cuando la Junta demandó a Rosselló para que le ordene implementar las duras medidas de austeridad. Según el recurso legal -que se presentó como extraordinario para atenderse lo más pronto posible-, la reducción de jornada fue una de las condiciones de la Junta para aprobar el plan fiscal del gobierno el pasado 13 de marzo. La Junta entiende que el gobierno no ha cumplido las expectativas de recaudación de fondos y que está abajo por unos $218 millones. Y aunque se trató de una enmienda al plan, si el gobernador no estaba de acuerdo con la condición, tenía 90 días para presentar alternativas y no lo hizo, reza la demanda. Ahora será Taylor Swain quien ponga punto final a la controversia. El anuncio podría llegar en cualquier momento. De darle la razón a la Junta, eso significaría dos cosas, según expertos consultados por Primera Hora: la prueba más contundente de que somos una colonia que no puede regir su futuro y un impacto enorme en la economía ya deprimida. Martha Quiñones, economista y catedrática de la Universidad de Puerto Rico, dijo que de concretarse la reducción mucha gente bajará drásticamente su consumo, buscará artículos en pulgueros y otros lugares en los que no tengan que pagar IVU, lo que a su vez afectará más aún los recaudos del gobierno. A mediano plazo no se puede descartar que aumenten más las quiebras y la migración. Quiñones criticó que al mismo tiempo los legisladores “parece que viven en ‘La-la-landia y siguen radicando medidas de alivios contributivos a grupos” que afectarían todavía más las metas del gobierno de recaudar dinero para cumplir con la liquidez que le exige la Junta. “Por eso el pueblo tiene que abrir los ojos y actuar: pedirle al gobierno que reduzca los salarios de todos los jefes de agencia y de todos los ayudantes, que recorte contratos de servicios, de lo contrario, es la gente la que va a pagar”, alertó. Alejandro Torres Rivera, presidente del Colegio de Abogados, señaló que hay alta probabilidad de que la jueza conceda los remedios que pidió la Junta tomando en consideración que la Ley federal Promesa establece que va por encima de leyes, reglas o reglamentos de Puerto Rico. “La Junta se ha convertido en un supragobierno. Todo esto saca al desnudo de la manera más cruda que se pueda imaginar la condición colonial del país”, señaló. Pero el abogado y analista Jay Fonseca dijo que el gobierno tiene hasta finales del año fiscal para recaudar los $218 millones que la Junta dice que se necesitan. Por ende, no hay un peligro inminente y la decisión podría no ser inmediata. Fonseca señaló que una vez el tribunal decida a favor de la Junta, el ente puede justificar pedir dinero al Congreso con la excusa de que ellos impusieron medidas drásticas y el dinero no da. El mandatario por su parte se juega el control de la caja de recaudos de Hacienda. “En términos políticos, si el gobernador pierde el caso como quiera gana porque le puede echar la culpa a la Junta de esto y de cualquier otra medida impositiva y de reducción de gastos, que sin lugar a dudas vienen más por ahí”, afirmó. Más temprano ayer, el presidente de la JSF, José Carrión, envió una carta dirigida al gobernador y a los presidentes legislativos, Carlos “Johnny” Méndez y Thomás Rivera Schatz, recomendando enmendar la Ley 3 de 2017 para limitar la discreción del primer ejecutivo en la remoción de miembros en las juntas de gobierno de cualquier corporación o instrumentalidad pública. “Hacemos esta recomendación para asegurar el cumplimiento de los planes fiscales certificados para la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Carreteras y Transportación”, reza el documento.