Se organizan para enfrentar el veto a la medida de Legitimación Activa Ambiental

Los grupos ambientales se organizan para conseguir los votos en la Legislatura que les permitan ir por encima del veto del gobernador Pedro Pierluisi a la medida que hubiera creado la Ley de Legitimación Activa Ambiental. Así lo informó ayer la líder ambiental Myrna Conti, al destacar la importancia de que el Proyecto de la Cámara 474 se convierta en ley para que los individuos y grupos tengan legitimación ante un tribunal al momento de radicar casos en los que se presume alguna violación de índole ambiental. “Son tantos los casos que cuando vamos a los tribunales nos dicen que no tenemos legitimación activa y nos desestiman a la primera. Por eso es que esta ley es tan importante, porque hemos vivido la falta de ‘standing’ cuando lo que queremos es que se vean los casos en sus méritos y tenemos la evidencia”, explicó Conti. “Tenemos que seguir trabajando, siguiendo los procesos que tenemos, para conseguir los votos para ir por encima del veto, que la gente cobre conciencia, para ver si es una cuestión partidista o en beneficio del País”, sostuvo la ambientalista sobre los próximos pasos que darán. Mencionó que las denuncias ambientales han evitado mayores desastres como los derrumbes e inundaciones que se han visto a raíz de los huracanes María, Irma y Fiona debido a que se permite la construcción en zonas inundables y se desvían ríos que luego con las lluvias destruyen casas e infraestructura. El gobernador anunció ayer, mediante comunicado de prensa, que no estampó su firma en la pieza legislativa aludiendo a que en su gobierno ha “procurado que prevalezca el balance en todas las decisiones. En sus declaraciones escritas, Pierluisi señaló que en “nuestro ordenamiento legal actual, los ciudadanos tienen el derecho de presentar reclamaciones al gobierno y solicitar del Estado la reparación de agravios. Además, existen procesos rigurosos de permisos que requieren el cumplimiento con las leyes de protección ambiental y permiten que cualquier persona o entidad realmente afectada por cualquier proyecto que impacte el ambiente participe en los procesos y se oponga a la concesión de los permisos requeridos”. Sostuvo además que proteger el ambiente es política pública de su administración, lo que a su juicio se puede constatar en medidas como la asignación de mayores recursos al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para que reclute más vigilantes para velar por el cumplimiento de las leyes ambientales, “algo que no se hace desde hace casi 20 años”. “De hecho, he utilizado fondos estatales y federales para dar paso a iniciativas importantes, tales como la atención al cierre de vertederos que están en incumplimiento, la disposición de gomas usadas para que sean recicladas, la siembra de árboles, la reforestación de cuencas hidrográficas, la restauración de dunas playeras, y la conservación y tratamiento de corales. También he acogido sobre 80 recomendaciones del Comité de Expertos de Cambio Climático, muchas de las cuales están siendo implementadas”, añadió Pierluisi. Sobre las razones para no convertir en ley la pieza legislativa, mencionó el atraso en la recuperación económica del País. “Dar paso a esta medida tendría como consecuencia una proliferación desmedida de pleitos judiciales innecesarios que atrasarían la reconstrucción en curso, así como la recuperación económica y creación de empleos que hemos logrado en los pasados dos años. Más aún, la medida hace caso omiso de la legislación y jurisprudencia actual que permite la revisión administrativa y judicial de los procesos y las decisiones de agencias del gobierno. Por consiguiente, no hay razón para trastocar el estado de derecho actual que propicia tanto la conservación como el aprovechamiento de nuestros recursos naturales como bien lo establece nuestra Constitución”. Defenderán el Reglamento Conjunto Por su parte, Vanessa Uriarte Centeno, directora de Amigxs del MAR, reflexionó sobre la ganancia de las organizaciones ambientales en medio de este revés de parte del Ejecutivo, debido a que han desarrollado mejores destrezas de lucha “con un panorama más claro de para quién gobierna Pedro Pierluisi, que no es para el país y tampoco para el ambiente”. Adelantó que durante este tiempo, evaluarán otros proyectos y trabajarán para defender el Proyecto de Reglamento Conjunto 2022 que está en vistas públicas. Esta medida regula y ordena la expedición de permisos relacionados al desarrollo, uso de terrenos y operación de negocios. “Estamos exhortando a las personas a ejercer presión. El llamado es a que estén pendiente a las redes sociales. Necesitamos a todas las personas”, instó Uriarte Centeno.