Secretaria de Corrección asegura que se están tomando medidas contra el contrabando en las cárceles

La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar, aseguró ayer que la agencia está atendiendo de forma adecuada el contrabando de teléfonos celulares y sustancias controladas en las cárceles del país, aunque reconoció que no es una problemática erradicada. “La situación de la entrada de contrabando en las instituciones es un problema que estamos atendiendo y atacando todos los días”, sostuvo Escobar en entrevista con El Nuevo Día. Pero tan reciente como el mes de abril, durante un registro rutinario, las autoridades ocuparon 19 teléfonos celulares en el centro correccional Bayamón 705. “En los registros realizados en la última quincena de mayo, hicimos más de 250 registros, ocupamos cuatro teléfonos celulares. Es un número bajo, aunque debe ser cero”, reconoció la secretaria. El uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles es ilegal y puede dar paso a la radicación de nuevos cargos contra un confinado. Escobar dijo que los métodos utilizados para el contrabando son amplios y van desde esconder los equipos en zafacones, utilizar las visitas autorizadas a la comunidad y las visitas de familiares o allegados a las cárceles, hasta esconder los teléfonos en la cavidad anal. Además de los familiares e individuos externos, también hay casos en los que la persona que colabora en el contrabando es un empleado interno del DCR. Desde que asumió el cargo de secretaria en enero del pasado año, indicó Escobar, se han ejecutado diez arrestos de funcionarios públicos en relación a contrabando dentro del sistema correccional, así como el arresto de ocho personas externas. “Sí estamos llevando a cabo varias investigaciones en estos momentos con agencias federales de ley y orden y estatales a los efectos de nosotros poder detectar y culminar ese proceso de investigación donde aparentemente hay alguna conexión de algunos, muy pocos empleados, con la entrada de contrabando a instituciones”, expresó Escobar. “Esperamos que esas investigaciones culminen cuanto a antes, porque necesitamos sacar del sistema correccional todo aquel funcionario que deshonre lo que es el Cuerpo de Oficiales de Custodia o que deshonre lo que es el Departamento de Corrección y Rehabilitación”, afirmó. En agosto de 2021, las autoridades ocuparon un dron que parecía ser utilizado como herramienta de contrabando frente a la cárcel en Guayama. La incautación se produjo luego que el dron se enredara en cables del tendido eléctrico. El equipo que se controla con control remoto contenía cuatro teléfonos celulares, cuatro tarjetas SIM prepagadas, cuatro cables USB y cuatro llaves de sacar las tarjetas SIM de los celulares. Además, contenía un encendedor y dos envolturas de forma cilíndrica de picadura verde. “Lamentablemente tenemos esa situación que atendemos diariamente. Hay diferentes métodos que utilizamos para detectarlos y procesar criminalmente a estas personas que identificamos con algún teléfono celular. Hay ocasiones que hemos encontrado el teléfono celular, pero no se le encuentra a nadie (en posesión) directamente”, planteó. Hay casos de gravedad mayor. El más reciente es el de Juan Miguel Castillo Martínez, convicto –junto a Jacklyn Lugo Colón– por el asesinato el año pasado de Edmill de León García, una empleada de un motel en Carolina. El hombre de 37 años murió el viernes en la noche en prisión, confirmó el DCR. Según la Policía el convicto fue encontrado “sentado en el piso y con un teléfono celular en una de sus manos” y “no presentaba signos de violencia”. Escobar dijo que hay una investigación en proceso y que tampoco estaba claro si el hombre había consumido algún tipo de sustancia controlada. La secretaria esperaba por el informe del Instituto de Ciencias Forenses. “Tampoco podemos señalar que ese teléfono era propiedad de la persona que falleció”, indicó. La secretaria aseguró que se están tomando medidas más allá de los registros, contra el contrabando, pero sostuvo que no podían detallarse por razones de seguridad. Añadió que en las pasadas dos semanas ha habido dos arrestos de familiares de confinados que intentaron introducir sustancias controladas en la cárcel de Guayama y en la de Sabana Hoyos en Arecibo. En el caso de Guayama, la persona llevaba el material oculto en la suela de unos tenis. “Eso denota el que nuestros compañeros de trabajo están también sumamente comprometidos en hacer un registro exhaustivo”, afirmó Escobar. La funcionaria reconoció que también ha habido una reducción de personal en las cárceles y que en el Complejo Correccional de Bayamón, por ejemplo, se está trabajando con “la cantidad exacta que necesitamos para ocupar los puestos”. Pero negó que eso incida en “una merma en la seguridad o en la vigilancia de las áreas. Todos los puestos se cubren de acuerdo a como está establecido”. Indicó que actualmente hay una convocatoria activa para reclutar 250 oficiales correccionales que irían a las instituciones de Bayamón “para reforzar ese complejo correccional que lo necesita en este momento”. La academia de ese grupo de oficiales iniciaría a finales de junio.