Secretario de Justicia resalta que la integración de fiscales en casos de violencia de género ayudará en la lucha contra ese tipo de crimen

Elevar a rango de ley la presencia de fiscales en las vistas de causa probable para arresto por violación a la Ley 54 de Violencia Doméstica será determinante en la protección a las víctimas de este tipo de crimen, sostuvo ayer el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli. Igualmente, dijo que facilitará el acceso de la agencia a fondos federales necesarios para reforzar las iniciativas a favor de las personas sobrevivientes. “Ya no es una cuestión de discreción o de cumplir con una orden administrativa... el tener una ley que nos obliga a tener un fiscal en sala en todos y cada uno de los casos nos facilita el camino para obtener fondos federales”, reconoció el titular. Desde mayo, por directriz del gobernador Pedro Pierluisi a través de una orden administrativa, el Departamento de Justicia mantenía fiscales en todas las vistas de causa para arresto por Ley 54. Pero, este martes, el primer ejecutivo elevó a rango de ley esta disposición al estampar su firma en el Proyecto del Senado 358. La directriz del gobernador había surgido a principios de mayo a raíz del asesinato de Andrea Ruiz Costas, crimen que reveló una serie de deficiencias en el manejo del caso en momentos en que la víctima intentó buscar protección. El asesinato de Ruiz Costas, a manos de su expareja Miguel Ángel Ocasio, ocurrió días después que una jueza (la magistrada Ingrid Alvarado Rodríguez) del Tribunal de Caguas determinara no causa para arresto por violación al Artículo 3.1 de la Ley 54 contra su agresor. En la vista, no hubo un representante del Ministerio Público. Hasta entonces, la presencia de fiscales durante las vistas para radicación de cargos por Ley 54 no era mandatoria. “Va a ampliar la capacidad del Departamento de Justicia en la lucha con este tipo de crimen”, sostuvo el titular. La legisladora Migdalia González, autora de la medida, ha expresado que la legislación busca salvar vidas. “No podemos permitir que se pierda una vida más en nuestro país”, argumentó por escrito. Reforzará iniciativa Aunque en los pasados meses ha hecho cumplir la directriz del primer ejecutivo, Emanuelli reconoció que la contratación de fiscales y personal administrativo anunciada el martes, no solo permitirá ampliar el número de unidades especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, sino que balanceará la carga que enfrentan los trabajadores. Actualmente, dijo, la agencia tiene 335 fiscales. “Van a ser fiscales especializados o especializadas en este tipo de conducta, que van a comprender por lo que pasa cualquier persona que llega a ellos y van a estar en mayor compenetración con las intercesoras”, expresó. Dijo que ya se publicó la convocatoria para la contratación de este personal que es posible gracias a una asignación de $3.8 millones, aprobada por el gobernador y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Hasta ayer en la tarde, habían recibido 344 resumés. Mientras, el proceso de entrevistas debe comenzar el 4 de septiembre. A pesar de que los fondos para la contratación del personal y la ampliación de las salas especializadas a los 13 distritos judiciales no son recurrentes, Emanuelli se mostró confiado en que este dinero estará disponible en los próximos años fiscales. “Es un compromiso del gobernador y es producto de toda la política que el señor gobernador y el Comité PARE está formando. El problema del abuso contra la mujer, de género y contra los niños y niñas es de tal magnitud que difícilmente se nos van a negar esos fondos por la Junta o por la Legislatura, y el gobernador tiene un compromiso firme con ese segmento”, expresó Emanuelli. En lo que va del año, ocho mujeres y dos hombres han perdido la vida en incidentes de violencia de género. Mientras, 11 menores de edad han sido asesinados en Puerto Rico. Cuatro de estos casos han sido atribuidos a maltrato y los restantes están vinculados a drogas, venganzas, rencillas o peleas. Ocho de los 11 asesinatos de menores han ocurrido entre junio y agosto. El pasado 25 de enero, el gobernador declaró un estado de emergencia por violencia de género, mandato que creó el Comité PARE, organismo que tiene a su cargo el diseño y la reforma de política pública para atender la problemática.