Senadores presentan medida que prohíbe las terapias de conversión

Cuatro senadores presentaron ayer formalmente el proyecto de ley que prohibiría las terapias de conversión en Puerto Rico. La pieza legislativa fue radicada por José Vargas Vidot, Rafael Bernabe, Ana Irma Rivera Lassén y María de Lourdes Santiago. En el proyecto se definen las terapias de conversión como “aquella práctica o tratamiento provisto por una entidad o profesional licenciado o certificado para proveer servicios de salud mental, que busca cambiar la orientación sexual o identidad de género en un individuo. Incluye cualquier esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la orientación sexual de un individuo, así como eliminar o reducir atracciones románticas o sexuales o sentimientos hacía individuos del mismo género”. La medida señala que un terapia de conversión no incluye aquella práctica que provee aceptación, apoyo y comprensión o facilita el obtener ayuda, apoyo y exploración y desarrollo de la identidad. Esto incluye, continúa la pieza, intervenciones neutrales de orientación sexual para prevenir conducta ilegal o prácticas sexuales inadecuadas, que pudieran poner en riesgo la salud física o mental de una persona, siempre que dicha práctica no busque cambiar la orientación sexual o identidad de género del individuo. Vargas Vidot había confirmado a El Nuevo Día a principios de enero que radicaría el proyecto, pero para ese entonces estaba en etapa de borrador. La pieza legislativa no proscribe ningún tipo de consejería espiritual, pero sí se señala que ninguna entidad, “persona” o profesional con licencia o certificado para proveer servicios de salud mental, podrá practicar o someter a un o una menor de edad a terapias de conversión, medie o no compensación económica a cambio. En el caso de que un profesional de la salud se preste para este tipo de tratamiento estaría sujeto a aquellas y medidas disciplinarias establecidas por la Junta Examinadora correspondiente. Un proyecto similar fue aprobado el pasado cuatrienio en el Senado cuando Eduardo Bhatia, Zoé Laboy, Juan Dalmau Ramírez y Miguel Pereira la sometieron. La medida fue un compromiso programático del pasado gobierno del Partido Nuevo Progresista, pero fue rechazado por la mayoría penepé en la Cámara de Representantes. Según los representantes de la palma, Laboy falló en demostrar al caucus que la práctica se realiza en Puerto Rico, indicó en aquel entonces el portavoz de la mayoría Gabriel Rodríguez Aguiló. El informe negativo fue firmado por las exrepresentantes novoprogresistas María Milagros Charbonier y Jacqueline Rodríguez Hernández. Charbonier está acusada a nivel federal por corrupción y Rodríguez Hernández fue rechazada en las urnas. Charbonier mencionó en su informe negativo, donde recogió ponencias a favor y en contra de la medida, que el proyecto obstaculizaba la patria potestad sobre los menores.