Sigue incumplimiento con reforma policial

De otro lado, el documento expone una preocupación en cuanto a la pérdida mensual de agentes que optan por renunciar e ingresar en otras agencias de ley y orden o acogerse al retiro, por lo que insistió en que la inversión de capital humano debe ser una prioridad para la Uniformada.

A principios de este mes, el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, dijo a EL VOCERO que este año se han ido 478 policías por distintos conceptos. La cifra, según Escalera, corresponde al periodo entre el 1 de enero hasta el 28 de junio. En ese entonces, trascendió además que la Uniformada resolvió no concederles el programa de transición voluntaria a 822 de los 923 integrantes del negociado que lo habían solicitado.

El reporte de Claudio manifiesta que la falta de consistencia en el personal continuará limitando a la Policía operacionalmente y estratégicamente, provocando problemas por horas extras y ausentismo. Además, recuerda el problema del ausentismo entre diciembre de 2017 a enero de 2018.

Mantuvo que los problemas de personal incluyen el pago de horas extras y un incremento de ausencias por enfermedad. “Para ser más claro, no habrá cumplimiento con el acuerdo sin un plan real de personal”, indica el documento.

Asimismo, Claudio destacó fallas en el cumplimiento de fechas en las áreas de supervisión y desarrollo de procedimientos. Afirmó que aunque hubo un progreso en los primeros tres años de la reforma, no prevé un progreso durante los próximos tres a cuatro años. “El modesto progreso en los pasados 46 meses para la creación de una infraestructura de información ha afectado a la Policía en sus respuestas operacionales y tácticas en los dos huracanes, así como la subsecuente ola criminal”, reza el informe.

Recomienda revisar uso de fuerza

El equipo de trabajo de Claudio evaluó a principios de año el cumplimiento del plan de acción de la igual protección de las leyes y dentro de su análisis sostiene que la Uniformada carece de una estrategia sobre el cumplimiento con la protección de derechos civiles cuando se efectúan operativos. El monitor insistió en que esta es un área urgente de acción.

Recomendó que se revise el uso de fuerza, así como el proceso de investigación de conducta antiética y de imposición de acciones disciplinarias.

El monitor reiteró sus denuncias previas de que el ELA no le provee información sobre la implantación de los acuerdos bajo la reforma tras la aprobación de la Ley 20 que creó el Departamento de Seguridad Pública (DSP). En informes anteriores, Claudio ha afirmado que el DSP afecta los acuerdos de la reforma de la Policía.

“Un buen ejemplo de la actual disfuncionalidad es la limitada comunicación para compartir información entre el ELA y el Asesor Técnico (monitor federal) sobre los trabajos para la implantación la Ley 20”, expresa el informe.

Destacó que al presente, “cuando la información que es pública, sobre los cambios en la Academia de la Policía, el seguimiento (a esta información) es inexistente”.

Afirmó que si la posición del gobierno local es que no puede cumplir con el compromiso de mantener abierta la Academia de la Policía por la situación económica por la que atraviesa el País, debe garantizar que el personal esté entrenado de forma efectiva “para que las inversiones y ganancias hechas en el pasado no sean perdidas”.

En cuanto a la comentada privatización de la Academia de la Policía, Claudio opinó que el ELA debe tener en cuenta que tiene que cumplir con los requerimientos de la reforma de que los agentes tengan un entrenamiento “efectivo y comprensivo”.

Agregó que la estructura administrativa no está funcionando y advirtió que en caso de que no se tome acción en esta área recomendará al juez federal Gustavo Gelpí “acciones” para su implementación.

Señala falta de liderazgo

De otro lado, Claudio planteó que la falta de liderazgo y de administración ha creado una “crisis” en los ascensos. Apuntó que persisten los problemas asociados con esos movimientos, transferencias “inexplicables de personal”, “cuestionables” prácticas de tiempo compensatorio y la falla en tomar acción contra oficiales con récords disciplinarios “dudosos”.

Asimismo, dijo tener información sobre pagos excesivos a las escoltas.

En el informe se indica que hasta marzo pasado la Policía había usado $8,000,000 de los $20,000,000 asignados a la reforma para el pasado año fiscal, que concluyó hace dos semanas.

En el documento se indicó inicialmente que la Uniformada no había utilizado los $2.8 millones de fondos federales y que esta partida estaba en peligro de ser eliminada. No obstante, fuentes de EL VOCERO explicaron que el gobierno finalmente usó esa asignación.

FUENTE: elvocero.com