Siguen las diferencias entre la Junta de Control Fiscal y el gobierno

El desfase en la comunicación entre la Junta de Control Fiscal (JCF) y el gobierno se profundiza con la medida anunciada por el gobernador Pedro Pierluisi para incluir a los policías retirados en la cubierta del Plan Vital, el seguro de salud del gobierno. El miércoles, la junta cursó una carta a los directores ejecutivos de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Omar Marrero y Juan Carlos Blanco, cuestionando cómo proponen financiar la entrada de los expolicías al Plan Vital. En la carta, firmada por la directora ejecutiva de la junta, Natalie Jaresko, expone que el gobierno “propone financiar esta expansión de beneficios de salud usando fondos previamente presupuestados para Medicaid (que financia gran parte del Plan Vital). Sin embargo, el gobierno ha hecho otras propuestas para utilizar esos mismos fondos Medicaid en diferentes maneras”. El mismo día en que la misiva fue enviada, cientos de policías jubilados llegaron hasta el Centro de Convenciones a una actividad auspiciada por el gobierno, en la que fueron registrados en el Plan Vital para comenzar a recibir cubierta médica a partir del 1ro de enero de 2022. Hasta allí llegó el gobernador Pierluisi, quien aseguró que la medida tiene un impacto fiscal anual de $17 millones y no anticipó que la junta objetaría la decisión. Sin embargo, Pierluisi aceptó que la propuesta había sido presentada anteriormente a la junta fiscal, que no la aceptó por no contar con la información necesaria para evaluar el impacto económico de la medida. “La junta no le había dado paso. Se tuvo que levantar todo el cálculo, la oficina de retiro de Puerto Rico tuvo que levantar el cómputo de cuanto podría costar todo esto y —como es nuestra triste realidad ahora— pues hubo que ir a la junta a informarle eso para que nos dieran el paso”, informó. Dudas con gasto recurrente En la carta, la junta fiscal insistió, no obstante, en que no cuenta con la información requerida para evaluar el impacto de incluir a los expolicías en la cobertura del Plan Vital. “Hasta el momento, la junta no ha recibido una presentación del plan fiscal revisado por parte del gobierno que confirme las prioridades de gasto. Además, el gasto anual recurrente que representa esta propuesta aún no está claro, ya que no se han proporcionado proyecciones actuariales a la junta”, se agregó en la comunicación. De la carta del organismo regulador no se desprende que el gobierno haya aclarado las proyecciones anuales de gasto para esta iniciativa, lo que debió realizarse —para esta y otras medidas propuestas— a través de un plan fiscal actualizado, documento que el gobierno tenía que entregar a principios de diciembre. El 17 de diciembre, acorde con el calendario de revisión establecido por la junta, se había avisado al gobierno que tenían 16 solicitudes de reprogramación de fondos que utilizaban los ahorros en fondos Medicaid como fuente de financiamiento, y que el propuesto uso para este dinero era distinto al consignado en la versión actualizada del plan fiscal del gobierno. El tranque en la comunicación entre el gobierno y la junta —particularmente sobre la proyección de gastos y ahorros de las medidas que propone la administración Pierluisi— generó la demanda del ente fiscal en la que reclama la anulación de las leyes 80, 81 y 82, sobre el retiro de policías, bomberos, maestros y otros servidores públicos. En este recurso legal se sostiene que la junta le insistió durante un año al gobierno, que aclarara la proyección de costos y ahorros de las medidas antes de ponerlas en vigor. La próxima fecha para la actualización del plan fiscal es el 3 de enero de 2022, cuando el gobierno debe someter la versión revisada y actualizada del documento. Según el calendario, la expectativa es que la junta pueda certificar el plan fiscal actualizado el 21 de enero de 2022.