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24 de octubre de 2022
Gobierno

Silencio absoluto sobre futuro del contrato de LUMA

Ni LUMA Energy ni La Fortaleza respondieron preguntas sobre qué negociaciones hay en curso

24 de octubre de 2022 - 12:23

A casi un mes para que se venza el contrato suplementario de LUMA Energy, el gobierno mantiene silencio en torno a las negociaciones para determinar bajo qué parámetros continuará operando el consorcio.

El contrato suplementario vence el 30 de noviembre y se firmó por un periodo de 18 meses como medida provisional en lo que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) culminaba el proceso de reestructuración. A menos que haya acuerdos entre las partes para extender su vigencia, el contrato suplementario expira en la fecha establecida.

EL VOCERO solicitó ayer información a La Fortaleza sobre qué negociaciones hay en curso y cuál es el plan ante la cercanía de la fecha de vencimiento. Sheila Angleró, secretaria de prensa de La Fortaleza, refirió las preguntas a la Autoridad para la Alianzas Público Privadas (P3, en inglés).

Hace unas semanas el gobernador Pedro Pierluisi catalogó de “locura” cancelar el contrato con LUMA, porque la transición a otro operador privado podría tardar hasta un año y se le debe seguir pagando a LUMA mientras tanto.

La oficina de comunicaciones de LUMA señaló que como han “hecho durante los últimos 16 meses, los sobre 3,000 hombres y mujeres están comprometidos con la construcción de un mejor futuro energético para Puerto Rico y con superar las décadas de abandono operacional y de mantenimiento por parte de la operadora previa”.

Sin embargo, no respondieron las preguntas de este medio sobre si las negociaciones se inclinan a extender el contrato suplementario vigente o si se firmará un nuevo contrato.

Tampoco respondieron qué condiciones o cambios solicitarían para mantenerse operando el sistema de transmisión y distribución de energía.

Resoluciones de la legislatura

En la Legislatura están pendientes de aprobación las resoluciones conjuntas de la Cámara 315 y del Senado 326, que de aprobarse esta semana detendrían cualquier extensión al contrato y ordenarían a la P3 someter el plan de transición para que el sistema de transmisión y distribución vuelva a estar en manos públicas.

El representante independiente Luis Raúl Torres declaró que para que sean efectivas estas resoluciones se tienen que aprobar hoy en la sesión del Senado y el martes en la sesión de la Cámara, para que no se agote el tiempo que tendría la P3 para presentar el plan.

El legislador aseguró que hay los votos para aprobar las piezas legislativas y aseguró que hacerlo es el paso correcto.

Sin embargo, la conferencia de prensa que se debió realizar ayer para hablar sobre las medidas, que sería encabezada por los presidentes de Cámara y Senado, Rafael “Tatito” Hernández y José Luis Dalmau, se canceló a última hora por alegadas discrepancias con el lenguaje de las resoluciones.

“Tenemos los votos para la aprobación de ambas piezas, 30 votos en la Cámara y al menos 17 en el Senado contando con las delegaciones del Partido Popular Democrático, del Partido Independentista Puertorriqueño, del Movimiento Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad, así como el voto del senador independiente José Vargas Vidot, y por supuesto, mi voto. Es imperativo que ambos cuerpos legislativos actúen con rapidez, para lograr aprobar estas medidas esta semana, porque el contrato de 18 meses vence el 30 de noviembre de 2022 y no se debe renovar. Tampoco se debe dar paso al contrato que ataría la transmisión y distribución a LUMA por los próximos 15 años”, sostuvo Torres en declaraciones escritas.

En caso de que se aprueben las resoluciones y el gobernador las vete, Torres adelantó que irían por encima del veto.

“Y si los legisladores del PNP votaran en contra y no se lograran los 34 votos en la Cámara y los 18 en el Senado para ir por encima del veto, el próximo paso que debe seguir la Cámara de Representantes es llevar una acción legal a los tribunales, junto a los abonados de la AEE, ahora de LUMA, para solicitar la anulación de ese contrato leonino. Ya tenemos suficiente evidencia para demostrarlo”, puntualizó.

Falta transparencia

El abogado Rolando Emanuelli, quien representa a los empleados de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), criticó que no haya información sobre las negociaciones que se están llevando a cabo y entiende que es imposible que se logre confirmar un acuerdo de reestructuración de la deuda de la AEE, antes del 30 de noviembre.

“Como siempre, la falta de transparencia de los procesos afecta al pueblo que nos enteramos cuando ellos han tomado ya las decisiones. El pueblo debe estar totalmente enterado. Esperar a que todo esté firmado no es una opción. El pueblo tiene derecho a saber qué pasa en esos cuartos oscuros”, expresó en entrevista telefónica.

Insistió en que se debe enmendar la Ley 120-2018 que ordena la privatización de la AEE porque se trata de un servicio esencial que no funciona dentro de ese marco legal.

A su juicio, el gobierno puede dejar expirar el contrato suplementario y el 1ro de diciembre comenzaría una transición, ya sea para devolver el manejo del sistema a la AEE o a una nueva entidad —que es la opción que favorece— porque la respuesta de LUMA tras el paso del huracán Fiona no cumplió con las expectativas de los abonados y el consorcio ha fallado en no poner en vigor un plan que pueda mejorar la confiabilidad del sistema.

“Todo el mundo sabe lo que ocurrió con la autoridad; vamos a corregir esos problemas que es lo que estamos abogando, que sea una nueva entidad democrática, profesional y despolitizada… La estructura gerencial de la autoridad está ahí, los empleados están desplazados en otras agencias. Lo que hay que cambiar es la estructura de gobernanza de la autoridad para evitar los problemas que la llevaron a la quiebra. Para eso hay un periodo que el contrato dice que no puede ser de más de un año”, señaló el licenciado.

Apuntó a que también puede ser LUMA quien decida no continuar, ya que se le permite que —si cambia el marco regulatorio o si no está de acuerdo con las condiciones de la reestructuración de la deuda— se puede salir del acuerdo y no tendría sanciones.

Agregó que el papel protagónico de la secretaria federal de Energía, Jennifer Granholm, para velar por la reconstrucción del sistema o nuevas reglas que el Negociado de Energía de Puerto Rico imponga ante la tardanza en cumplir con fechas límites, podrían constituir para LUMA cambios en el marco regulatorio y ser un motivo de salida.

“Mientras que si el acuerdo de reestructuración es tan malo como pinta, va a limitar la capacidad de LUMA de maniobrar… cuando haya un aumento de la tarifa para pagar la deuda… la autoridad no podrá poner otros costos para hacer otras mejoras o para cubrir otras partidas y eso va a restringir la capacidad de maniobra”, detalló.

El abogado especializado en procesos de quiebra, John Mudd, expresó que si fuera gobernador estaría presionando a LUMA para que mejore el desempeño. Entiende que la Junta de Control Fiscal debe estar también empujando que se extienda el contrato suplementario porque la transición a otro operador podría costar mucho dinero.

Coincidió en que no hay forma de que haya un plan de reestructuración de deuda antes del 30 de noviembre, por lo que considera que las partes deben renovar el contrato suplementario, aunque recalcó que hay una percepción de que el trabajo de LUMA ha sido malo y su CEO, Wayne Stenby, cae mal a la ciudadanía.

“La junta le va aponer presión para extenderlo a menos que haya un sustituto por ahí, pero por el costo que eso conllevaría, la junta puede decir: ‘No lo voy a permitir, es un año de transición y hay que pagar mucho’. Eso traería muchos otros problemas económicos”, afirmó.

La comisionada residente Jenniffer González, quien ha pedido la cancelación del contrato con LUMA, ayer no respondió a la solicitud de una reacción.

FUENTE: elvocero.com

24 de octubre de 2022 - 12:23

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