Sin dinero para el Seguro Social

La promesa de que los policías puedan acogerse al Seguro Social quedó ayer en el aire ante la posibilidad de que los $14 millones asignados por la Junta Federal de Control Fiscal no sean suficientes para que el gobierno pueda aportar de manera que este beneficio cubra a todos los uniformados. El Senado evaluó ayer en vista pública un proyecto aprobado por la Cámara para realizar una consulta a los policías en la que decidan si quieren o no comenzar a pagar el Seguro Social con una aportación del gobierno. Durante la vista salió a relucir que el presupuesto certificado por la junta destina $14 millones y que cubriría a los policías de 40 años o menos de edad. El estimado de lo que le costaría al gobierno pagar el Seguro Social de todos los policías es de unos $28 millones. El senador por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Henry Neumann, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, dijo que limitar el acceso al Seguro Social y garantizarlo solo a un grupo de policías va contra las reglas de la agencia federal. Adelantó que procurará reunirse con la junta para explicarle la diferencia entre los fondos asignados y los necesarios. “Las reglas del Seguro Social federal, que son bien estrictas, dictan claramente que todos los que están en la Policía de Puerto Rico tienen que estar cobijados bajo el programa o si no, ninguno puede estar. Esto quiere decir que si un grupo quiere entrar al Seguro Social no puede ser unos sí y otros no”, afirmó. “Tienen que ser todos. Y para eso necesito $28 millones”. Neumann dijo que citará al Seguro Social a una vista pública. “La junta primero tiene que aprender la ley del Seguro Social, que parece que no la han leído, y reconocer que tienen que ser todos los policías. Tienen que poner el dinero que falta”, afirmó. La Comisión senatorial de Seguridad realizó una vista pública ayer para evaluar el proyecto que fue aprobado en la Cámara (PC 650) que ordena realizar un referéndum entre los policías para ver si quieren acogerse al pago del Seguro Social. La posición del gobierno En la ponencia presentada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), el director ejecutivo, Christian Sobrino, confirmó que los $14 millones que están en el presupuesto para estos fines solo aplican a policías menores de 40 años. Estimó en $30 millones el pago del Seguro Social para todos los policías. La implementación del proyecto en discusión, dijo, “podría enfrentar retos fiscales al no atender expresamente ciertos retos presupuestarios”. Recordó que el presupuesto certificado por la junta tiene otros $18 millones para el aumento salarial de los policías. Recomendó realizar una vista ejecutiva para discutir los pormenores de la medida. El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, recordó en ponencia escrita que en 2006 se realizó un referéndum entre los policías, en el cual 78% decidió participar del Seguro Social. “No obstante, dicha votación, en participación, no resultó suficiente para que estos pudieran proceder a tal beneficio”, dijo el funcionario. José I. Marrero Rosado, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), señaló que si los policías decidieran acogerse al Seguro Social, tendrían que sacar de sus cheques 6.2% para la aportación individual y que el gobierno sacaría la misma tajada para aportar. Esta medida, dijo, “tendría un impacto presupuestario recurrente sobre el presupuesto del DSP”. Sugirió que el Senado espere a que termine el proceso presupuestario – todavía en los tribunales – antes de aprobar el proyecto “para saber si contaremos con recursos económicos para dar marcha al encomiable propósito perseguido por la medida”. Reunión con Natalie Jaresko Mientras, Diego Figueroa, presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), sugirió que no se le dé paso al proyecto hasta tanto puedan reunirse con la junta. “Ese proyecto, como está, es un proyecto trunco porque no está abarcando a todos los que tienen derecho y habría discriminación. Queremos que pague el patrono y que pague el policía, pero que todos tengan derechos”, dijo Figueroa. “La junta te puede decir que te va a dar $14 millones, pero eso se puede negociar. No puede ser con insultos. El que busca es el que necesita y ahora mismo quienes necesitamos somos nosotros. Si el gobierno no lo quiere hacer, podemos pedir una reunión con Jaresko (Natalie, directora ejecutiva de la junta) y estoy seguro que va a escuchar y que de $14 millones puede que aparezca el dinero completo”.