Sin el aval de junta fiscal la reducción a $15

Los reclamos de los ciudadanos por las irregularidades en el cobro del AutoExpreso tomaron un nuevo giro cuando el gobernador Ricardo Rosselló anunció la eliminación de todas las multas no pagadas hasta ayer y determinara cancelar el contrato de la empresa Gila LLC, operadora del sistema de peajes electrónicos desde 2015. El primer ejecutivo aprovechó para convertir en ley una medida que baja las multas de AutoExpreso de $50 a $15, sin que exista un acuerdo con la Junta Federal de Control Fiscal, organismo que se opuso a esta iniciativa desde que era discutida en la Legislatura por considerar que es incompatible con el plan fiscal certificado. No obstante, Rosselló indicó que antes de firmar la ley se atendieron las “objeciones” que expresó la junta fiscal, creada en virtud de la ley Promesa. “No hay ningún acuerdo con la Junta de Control Fiscal, sí me comuniqué con algunos de los miembros para establecerles por qué no habían aceptado la propuesta enmendada, si nosotros entendemos que tenemos los argumentos justificables para hacer este cambio y obtener los recaudos que se establece”, respondió Rosselló a preguntas de EL VOCERO. El argumento del gobierno para adelantar la firma de esta ley es que cuando las multas costaban $15 unas 120,000 personas las pagaban, mientras que cuando el costo subió a $50 solo 42,000 conductores cumplieron con las sanciones por la falta de pago de peajes. El alza de la multa a $50 fue implementado por la administración actual en abril de 2017 como parte del primer plan fiscal certificado. La junta considera estas multas como recaudos para el Fondo General y por eso las incluye en el documento de ingresos y gastos del gobierno. A pocas horas del anuncio de Rosselló, el oficial de prensa de la junta federal, José Luis Cedeño, comunicó a este diario que “la decisión que anunció el gobernador no fue consultada con la junta. La postura de la junta sobre este tema está consignada en las cartas que envió la Legislatura sobre los proyectos 1723 y 1724 (para reducir las multas de AutoExpreso)”. Sin embargo, el primer ejecutivo manifestó que la decisión se fundamenta en un “comportamiento histórico del pago de multas y lo que se recibe de ese pago de multas”. “Entendiendo que había unas preocupaciones fiscales en cuanto a este proyecto, estoy dispuesto y disponible a seguir trabajando con la junta fiscal porque entendemos que hay una justificación meritoria para poder llevar a cabo este proyecto”, expresó. Mientras tanto, el proceso de eliminar las multas notificadas y no pagadas hasta ayer se hará de forma automática en los casos de aquellas personas a las que todavía no les toca renovar los marbetes. De igual forma, las que están cerca de renovarlos deberán notificarlo en el Centro de Servicios al Conductor (Cesco) para que las multas sean eliminadas de la licencia. En la conferencia de prensa trascendió además que no les devolverán el dinero a aquellos conductores que ya pagaron sus multas de AutoExpreso de manera injusta o por problemas con el sistema. Pulseo por contrato De otro lado, la cancelación del contrato a la empresa Gila recibió el espaldarazo del secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras. Esta determinación fue notificada ayer temprano en una carta enviada al vicepresidente de Operaciones de Peajes de Gila, Luis Alberto Sánchez. El gobierno recordó que tras la cancelación del contrato, Gila tendrá que seguir operando el sistema por 90 días mientras se escoge un nuevo operador. “Aunque ningún sistema es perfecto, la realidad es que desde julio de 2015 que llegó Gila, los problemas para los usuarios de este sistema no han hecho más que aumentar de forma dramática, injusta e inaceptable”, expresó Rosselló. La cancelación quedó amparada en las disposiciones de la Sección 24.4 del acuerdo para operar el Sistema Electrónico de Cobro de Peajes (ETCS, por sus siglas en inglés). Según Rosselló, la selección de una nueva empresa “se va a llevar a cabo por un proceso transparente, donde distintos licitadores van a poder garantizar los criterios”. Anticipó que el gobierno buscará concretar un contrato “más robusto” para evitar que se repita la mala experiencia vivida con Gila. “Es imperativo que podamos llevar este proceso para identificar la colaboración temporera y después la transición”, puntualizó el mandatario al adelantar la contratación de otra empresa a cargo del proceso de transición. Por su parte, Gila criticó la acción del gobierno. “La empresa considera que es desacertado que se tomen este tipo de determinaciones arbitrarias, basadas en anécdotas, argumentos falsos y decisiones motivadas por intereses particulares y agendas políticas”, expresó Sánchez en declaraciones escritas.