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La directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila Marrero, no pudo probar ayer ante la Comisión cameral de Salud si el plan público Vital está en capacidad de acoger a los miles de afectados con el drástico recorte en la aportación patronal del gobierno al plan de salud de los empleados públicos.
El recorte en la aportación patronal —que avaló la Junta Federal de Control Fiscal— podría fluctuar entre $100 a $125 mensuales por persona y sería una cantidad fija para todos los empleados del sector público. El gobernador Ricardo Rosselló atribuyó a la junta fiscal la propuesta de este recorte —que inicia después del 1ro de marzo— y ha dicho que su administración evalúa cuáles son sus opciones para mitigar su impacto.
Ávila Marrero fue confrontada ayer por el presidente de la comisión de Salud, Juan Oscar Morales, quien preguntó en una vista pública sobre cuáles eran los planes de la corporación para atender el recorte, pero la pregunta se quedó sobre la mesa. En cambio, la funcionaria optó por defender la “razonabilidad” del Ejecutivo en apoyar esa reducción y pidió una reunión privada con la comisión sobre este tema.
“Hemos continuado el proceso ordinario que ASES tiene mandado a realizar dentro de la Ley 95 (de Beneficios de Salud para los Empleados Públicos) y es buscar unos productos que cumplan y que representen razonablemente con la realidad de lo que hay en el mercado. Esto sin nosotros determinar la aportación para los empleados”, respondió Ávila Marrero.
“Estamos hablando de que son incentivos que se les han dado a nuestra clase trabajadora a través de las corporaciones públicas, que ellos reclaman que son cosas que han venido ganando y que ahora se juntan”, abundó.
Sin embargo, la directora ejecutiva mencionó que parte de la meta de ASES es lograr mejores precios que redunden en bajar los costos de las cubiertas médicas. “Estamos ahora mismo en esa evaluación, los actuarios están en Puerto Rico y esa decisión se tiene que tomar”, dijo.
En cambio, Morales estableció que no existe nada concreto que se pueda decir a los trabajadores de lo que ocurrirá después de marzo, cuando concluirá la prórroga que ordenó el gobernador Rosselló a la aplicación del recorte a la aportación patronal.
“No hubo respuesta”
Morales dijo que la opción de que el plan absorba a los empleados afectados con el recorte “no está tan madura”. “Esa fue mi pregunta a ella, pero no hubo respuesta. Lo que yo pude percibir es que al 1ro de marzo no necesariamente Vital está dispuesta a recibir a todos esos pacientes”, dijo el presidente de la comisión al concluir la vista pública.
El legislador señaló que si los empleados públicos afectados se acogen a Vital comoquiera tendrían que pagar. “Todavía no hay nada concreto, esa es mi preocupación y por eso le pedía... que recomendara que se extendiera la fecha del 1ro de marzo. Eso es una decisión del gobernador y creo que la directora ejecutiva, con las respuestas que dio hoy (ayer), debe recomendarle al gobernador que lo extienda. Ella misma nos ha dicho que no estamos del todo listos y que no tenemos un andamiaje de cómo se va a montar todo esto”, comentó.
Golpe a la clase trabajadora
La presidenta de Servidores Públicos Unidos (SPU), Annette González, denunció ayer que reducir la aportación al plan médico pondrá en precario a los servidores públicos y sus familias, y supone una reducción salarial de entre $240 a $1,500 al año. Dijo, además, que “pondría en precario la salud de los trabajadores, pues pudieran optar por racionar los servicios médicos o los medicamentos, al grado de no realizarse los estudios y tratamientos necesarios para mejorar su calidad de vida, ante la falta de ingreso para costear los deducibles”.
Según González, los servidores públicos representados por SPU muestran mayormente 10 condiciones crónicas, entre ellas hipertensión, hipotiroidismo, diabetes, asma, depresión, cáncer y artritis reumatoide.
No obstante, la Ley 26 de 2018 de cumplimiento con el plan fiscal establece que los empleados o sus dependientes que tengan una enfermedad catastrófica, crónica o terminal mantendrán la actual aportación patronal.
En la vista también hubo representación de la Hermandad de Empleados de Oficina, Comercio y Ramas Anexas de Puerto Rico, que agrupa empleados de la autoridades de Puertos y Transporte Marítimo y la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas. El grupo se expresó preocupado por los cambios en el plan médico y señaló que la aportación de $125 mensuales es “muy baja”.
Preocupa a las minorías
El representante popular Jesús Manuel Ortiz, quien pertenece a la Comisión de Salud, indicó a EL VOCERO sentirse preocupado por el impacto que esta medida tendrá en los trabajadores. “El tema de la reducción de la aportación patronal viene de la Ley 26 que esta administración aprobó en 2017 y se sentaron las bases para... una aportación no menor de $100. Así que tratar de responsabilizar a la junta es un intento de no asumir la responsabilidad del gobierno”, indicó.
“Estamos en un enorme riesgo de que el gobierno no tenga el presupuesto para atender la población que va a necesitar el plan de salud” gubernamental, concluyó.
FUENTE: elvocero.com
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