Solicitarán 57 meses de cárcel para empresario Mario Villegas

La fiscalía federal solicitará al juez Francisco A. Besosa una condena de 57 meses de cárcel y dos años de libertad supervisada para el empresario Mario Villegas Vargas durante la vista de sentencia pautada para el próximo 22 de febrero. La recomendación forma parte del memorando de sentencia presentado ayer al tribunal por el jefe de la sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Corey R. Amudson, en la que pidió a Besosa “enviar un fuerte mensaje disuasivo a dueños de negocios como el señor Villegas que han establecido acuerdos secretos de ‘quid pro quo’ (beneficio mutuo) con funcionarios que los ciudadanos de Puerto Rico han encomendado un cargo público”. “Una sentencia de este tipo toma en cuenta la seriedad de los cargos, el alcance del esquema de sobornos del señor Villegas y la necesidad de proveer un disuasivo adecuado para futuros oficiales públicos y contratistas”, subrayó Amudson. Asimismo, el funcionario describió que la sentencia recomendada es un reflejo de la admisión de responsabilidad de parte del empresario y la ausencia de un historial criminal previo. El ministerio público hizo un recuento en la moción sobre los hechos que llevaron al arresto de Villegas, que se remontan al 2020, cuando testigos que cooperaban en ese entonces con las autoridades federales brindaron información sobre un esquema de comisiones ilegales (kickbacks, en inglés), que el empresario sostuvo con una persona señalada como el “Individuo A”, que ocupaba en ese momento el cargo de alcalde de Cataño. La persona que fungía como alcalde para ese entonces era Félix Delgado “El Cano”, quien hizo alegación de culpabilidad en la esfera federal por un cargo de soborno horas antes de notificar oficialmente su renuncia en el ayuntamiento de Cataño. “Como se detalló en el acuerdo de culpabilidad, el acuerdo se remonta al 2017 y los pagos de sobornos realizados por el señor Villegas incluyeron un pago en efectivo de $70,000 realizado el 14 de diciembre del 2020, otro pago en efectivo de $7,840 entregado en 2 de febrero del 2021 y un tercer pago de $17,000 en efectivo correspondiente el 8 de junio del 2021”, detalló el jefe de la sección de Integridad Pública. Recomendó teléfonos desechables En el caso específico de la entrega de los $70,000, la fiscalía incluyó una foto del dinero en efectivo y extractos de la conversación que Villegas tuvo con el ejecutivo municipal al momento de la transacción, que tuvo lugar en el interior de un vehículo con los cristales tintados que se encontraba estacionado en un restaurante de comida rápida. “Al inicio de la reunión, el señor Villegas instó al Individuo A a utilizar teléfonos desechables y le dijo que se los podía proveer él mismo”, recalcó Amudson. Según el documento, el empresario mencionó que podía traer entre cinco y 10 de estos dispositivos y que tenía conocimiento de que la persona que se los iba a proveer también vendía los teléfonos a maleantes. “Puedes tomar esto… hacer cuatro llamadas, tú sabes, romperlo y tirarlo ahí en el agua. Siempre debe terminar bajo agua”, reiteró Villegas de acuerdo al memorando en el que se indicó que, una vez el empresario entregó el dinero, le confirmó al alcalde que con eso cumplía con su parte del ‘quid pro quo’ con relación al proyecto de pavimentación de una comunidad en Cataño. En total, Villegas y su socio de negocios presuntamente pagaron sobre $95,000 al Individuo A, destacó el Ministerio Público, que mencionó a funcionarios que han hecho alegato de culpabilidad de recibir sobornos y “kickbacks” como los exalcaldes de Aguas Buenas, Guayama y Trujillo Alto. “La naturaleza y las circunstancias de la conducta del señor Villegas requiere de un castigo significativo y serio. El señor Villegas pagó ‘kickbacks’ de manera descarada, literalmente entregando a un alcalde electo una bolsa con dinero a cambio de contratos. No hay indicio alguno de que hubiera suspendido los pagos, de no haber sido atrapado. La corrupción de este tipo tiene un efecto corrosivo en la confianza que la ciudadanía tiene en sus oficiales electos”, acentuó la fiscalía.