Suspenden indefinidamente a Héctor O'Neill

La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) suspendió indefinidamente hoy de su puesto al alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, luego de evaluar el informe que le presentara la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD). El alcalde debe abandonar las instalaciones municipales de inmediato. “Como consecuencia de esta determinación, se le ordenó a O’Neill entregar todos los bienes muebles municipales en su poder, a saber: automóviles, teléfonos celulares, computadoras, tarjetas de crédito y de gasolina, documentos y expedientes, así como cualquier otra propiedad del municipio de Guaynabo”, informó la presidenta del PFEI, Nydia M. Cotto Vives en declaraciones escritas. Además, el Panel le dio hasta mañana a las 4:00p.m. a la vicealcaldesa Aurialis Lozada Centeno para certificar que se cumplió con ocupar todos los bienes. “El lunes -como trascendió ya públicamente- la UPAD le notificó al alcalde la querella en su contra. El lunes también la UPAD le notificó al alcalde un informe con el cual incluyó la querella en su contra. Se decidió acoger la recomendación de la UPAD por lo cual en el día de hoy le notificamos al alcalde la suspensión sumaria hasta tanto este caso se adjudique en los méritos”, explicó a El Nuevo Día Cotto Vives. La funcionaria explicó que la adjudicación del caso puede darse en cualquiera de los foros en los que se ventila el asunto hoy día. La OPFEI investiga a nivel criminal a O’Neill y la UPAD hace lo propio a nivel administrativo. El referido de Justicia al OPFEI apuntaba a violaciones a la Ley 54 por maltrato psicológico o emocional, maltrato mediante restricción a la libertad y agresión sexual. Otras tres violaciones responden a los Artículos 135 y 136 del Código Penal, por acoso sexual y exposiciones obscenas. La investigación, argumentó la titular de Justicia, Wanda Vázquez, demostró además, causa suficiente por violaciones a los artículos 252 y 281 del Código Penal de 2012, por aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos y por impedir o persuadir la incomparecencia de testigos. Igualmente indicaba que el alcalde pudo haber violentado en cuatro instancias el Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental por utilizar sus deberes y las facultades de su cargo o la propiedad y fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o una persona privada o negocio, cualquier beneficio queno esté permitido por ley. La investigación contra el alcalde surgió luego de que trascendiera que una mujer policía del municipio denunció que O’Neill supuestamente la había hostigado sexualmente. La denunciante había acudido a la UPAD y tras llegar a un acuerdo con el alcalde por $350,000, desistió de seguir con la denuncia. La UPAD es el foro administrativo autónomo dentro de la OPFEI que tiene la facultad de atender querellas contra los alcaldes y oficiales municipales electos sobre posibles violaciones de ley en el plano administrativo. O’Neill también enfrenta dos investigaciones en la Oficina de Ética Gubernamental. O’Neill ha sido alcalde de Guaynabo desde el 1993.