Swain suspende el proceso de confirmación del Plan de Ajuste en la AEE

Justo cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) debía presentar al tribunal de Título III un memorando de derecho que justificaría por qué busca recortar prácticamente a la mitad sobre $12,000 millones en obligaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain, ha dejado en suspenso el calendario procesal para evaluar y confirmar el Plan de Ajuste de la corporación pública (PDA-AEE). En una escueta orden emitida en la tarde del miércoles, Swain suspendió el calendario de presentación de evidencia, desfile de testigos, informes de progreso, mociones y réplicas. Lo hizo a petición de la JSF y a pesar del escepticismo del grupo organizado de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE), el síndico de la deuda de la corporación pública -US National Bank Association- y las aseguradoras Assured Guaranty y Syncora Guarantee en torno a las verdaderas razones para que el organismo fiscal busque comenzar de “cero”. Al emitir su decisión, la jueza que ha presidido el proceso de bancarrota de Puerto Rico por los pasados seis años, no ofreció idea alguna de cuándo continuarían los trabajos, faltando menos de un mes para que el PDA-AEE se viera en sus méritos. Todo dependerá de un informe de situación conjunto que, tanto la JSF como los grupos que participan en el proceso de Título III de la AEE, deben presentar el próximo 28 de junio. “La movida más reciente de la (JSF) de abandonar el (PDA-AEE) actual basado, supuestamente en nueva data no vista, evoca su respaldo inicial al Acuerdo de Reestructuración (RSA, en inglés) de 2019, basado en nueva data, y su igual rechazo a certificar el RSA (como una reclamación) antes de la petición de quiebra (de la AEE)”, señaló el Ad Hoc-AEE y las demás partes opuestas a la propuesta del ente fiscal. “La historia demuestra que la (JSF) no puede creíble y confiadamente proyectar la demanda (de electricidad) o los ingresos de la AEE”, agregaron los bonistas opositores al recordar a la jueza que han cumplido a cabalidad con el apretado calendario impuesto por el tribunal luego de la presentación del PDA-AEE en diciembre del año pasado. El descarrilamiento del calendario establecido por Swain para acabar de una vez con el proceso de quiebra de la AEE se veía venir desde el pasado 8 de junio. Entonces, a preguntas de los abogados del Ad Hoc-AEE, cuando se celebraba la audiencia general de los casos de Título III y concluyó la vista evidenciaria para estimar en cuánto realmente está valorada la reclamación de los bonistas de la AEE, el abogado de la JSF, Martin Bienenstock informó a la jueza que era posible que su cliente no pudiera confirmar el nuevo plan fiscal de la AEE, según previsto. Bienenstock explicó a Swain que la JSF había recibido nueva información por parte de LUMA Energy, el operador de la red eléctrica, que apuntaba a un cambio en las proyecciones de demanda futura de electricidad de Puerto Rico. El también socio de Proskauer Rose LP comunicó a Swain que la nueva información podría incidir en la certificación del plan fiscal de la AEE, por lo que no había certeza de que la JSF certificaría el documento para la fecha programada del 16 de junio. Al igual que en el caso del gobierno central y otras reestructuraciones, el plan fiscal de la AEE es la zapata para el plan que modificaría las obligaciones de la corporación pública, de ser confirmado. Con cierta decepción, Swain –quien en mayo pasado, dejó entrever que podría verse obligada a desestimar el Título III de la AEE ante los cambios constantes por parte de la JSF- decidió entonces que no aplazaría la fecha para la presentación de objeciones ni el calendario procesal de cara a la vista de confirmación e insistió en que las partes llegaran a un entendido en torno cómo continuar adelante con el proceso. Hasta ayer, la vista de confirmación del PDA-AEE estaba programada para el próximo 17 de julio. El pasado fin de semana, el aviso de la JSF se materializó. El organismo escribió a Swain que no podría certificar el plan fiscal de la AEE. “El proceso se ha visto retrasado por el recibo y revisión de nueva información que provino de entidades externas a la (JSF), entre otras, la AEE, Luma, Genera PR (el nuevo operador de la flota generatriz de la AEE y los asesores de varias de las partes, incluyendo Ankura Consulting Group (el asesor financiero del gobierno y Siemens AG (uno de los consultores de la AEE)”, reza el escrito de la JSF. En consecuencia, el ente que controla las finanzas de Puerto Rico indicó que, tras aquilatar cómo la nueva información podría cambiar las proyecciones financieras y de demanda de la AEE, se revisaría el PDA-AEE para mantener “su viabilidad”. Tiempo y dinero perdido Si bien el Ad Hoc-AEE, US Bank, Assured y Syncora no se opusieron al pedido de la JSF para suspender el calendario procesal, y tampoco el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) ni los trabajadores de la AEE representados por la Unión de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), ni el Sistema de Retiro AEE, los principales bonistas objetores de las movidas de la JSF aseguraron a Swain que la decisión “unilateral” del organismo responde a su intención de pagarles “lo menos que sea posible”. Desde la perspectiva de los bonistas, la JSF busca ahora modificar el plan fiscal de la AEE luego de que las partes invirtieron cerca de tres meses en un proceso de descubrimiento de prueba, que ha costado “decenas de millones de dólares” y por ende, “masivamente costoso y expedito”. Incluso, la revisión se daría luego de que el proceso de votación del plan para modificar las obligaciones de la AEE también concluyó el pasado 7 de junio. “La (JSF) ahora dice que se requerirán enmiendas al (PDA-AEE) supuestamente para mantener su viabilidad y posiblemente, requiriendo una nueva votación de las distintas clases de acreedores”, reza la moción en la que se relata cómo el pasado fin de semana los bonistas permanecieron a la espera de la certificación del plan fiscal que no sucedió. Acto seguido, los bonistas indicaron a Swain que, si la JSF certificara el plan fiscal de la AEE para el año 2023 este viernes, 23 de junio, como ahora ha planteado el organismo, ello sucedería apenas unos 24 días antes de la vista de confirmación del PDA-AEE. Así las cosas, los bonistas dijeron a Swain que era necesario suspender el calendario a fin de que se diera un proceso en igualdad de condiciones cuando se trata de examinar documentos y el testimonio de expertos, cuyos análisis y conclusiones partían del plan fiscal de la AEE 2022. La suspensión del proceso de confirmación se produjo 9 días después de que venciera el plazo para que las partes interesadas en expresarse en torno al PDA-AEE lo hicieran. El pasado domingo, mientras la JSF concluía que no podría certificar el plan fiscal de la AEE para el año 2023, El Nuevo Día reveló que el tribunal tenía ante su consideración sobre 250 objeciones de ciudadanos, empresarios y organizaciones sin fines de lucro expresando su rechazo al PDA-AEE, cuyo repago descansa en al menos cuatro cargos especiales -agrupados bajo conceptos como “cargo híbrido” o “cargo legado”- que se incluirían en la factura de electricidad por al menos 30 años para pagar las pensiones de la corporación pública, a bonistas y otros acreedores.