Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE
La disparidad en la financiación federal que recibe Puerto Rico para Medicaid en comparación con los 50 estados de los Estados Unidos resulta alarmante cuando se toma en cuenta que casi la mitad de los puertorriqueños vive bajo niveles de pobreza y que 1,140,000 habitantes dependen del plan de salud del gobierno (Vital) para tener acceso a servicios médicos.
Según datos del gobierno, Puerto Rico invierte más de $1,400 millones para proveer servicios de salud a estos beneficiarios de bajo ingreso y solo recibe $400 millones del gobierno federal. El dinero a otorgarse en los estados se asigna a base del ingreso per cápita, pero el gobierno estadounidense mantiene un porcentaje fijo de 55% en el pareo de fondos para Puerto Rico.
De acuerdo con el Porcentaje Federal de Asistencia Médica (FMAP, por sus siglas en inglés), se toman en cuenta los costos, las necesidades y las circunstancias económicas de los territorios para establecer los fondos. El pareo debe ser más alto a medida que la pobreza es mayor entre los ciudadanos.
A pesar de que Puerto Rico —una isla caribeña con 3,195,153 habitantes— posee una tendencia de movilidad social negativa y que, según datos del Centro de Información Censal (CIC) el empobrecimiento se elevó a un 52.3% tras el devastador paso del huracán María, el dinero que se asigna para salud sigue siendo limitado.
Señaló que “los residentes de Puerto Rico necesitan un trato justo” y sostenible en el Medicaid, un programa federal diseñado para ayudar a cubrir los gastos médicos de ciertos grupos de personas de bajos recursos.
En reiteradas ocasiones, el mandatario ha instado al Congreso a otorgar un trato igualitario a los residentes de la Isla y ha insistido en que la raíz de la desigualdad es la condición colonial.
“Puerto Rico recibe de tres a cuatro veces menos fondos para Medicaid que el resto de los estados. Nuestras necesidades no están cubiertas, lo que resulta en una menor cobertura para nuestros ciudadanos. El dinero no es suficiente y representa un trato desigual e injusto, en comparación con los demás ciudadanos americanos que reciben los fondos en otros estados”, dijo el primer ejecutivo.
A mediados del año pasado, la administración Rosselló se sumó a una demanda que inició el Consejo de Salud de Puerto Rico Inc. (Med Centro) en contra del gobierno federal en la que denuncia una violación de derechos constitucionales por recibir un trato diferente al de los estados en la asignación de fondos para Medicaid, a pesar de ser un territorio estadounidense. Alega que se reciben menos fondos para Medicaid, Medicare y el CHIP (plan de salud infantil).
La demanda estipula que Puerto Rico tiene un ingreso per cápita más bajo que cualquier otro estado y compara el 52% de pobreza que se mantiene en la Isla con el 21.5% que registró Mississippi, el estado con mayor nivel de pobreza. Advierte, además, que si los fondos no aumentan, Puerto Rico no tendrá los recursos necesarios para continuar operando el sistema público de salud a partir de septiembre.
Pedido de $1,500 millones
La comisionada residente Jenniffer González indicó esta semana que busca impulsar que el gobierno federal asuma el gasto total de los servicios de Medicaid en la Isla. Su asesora legal, Verónica Ferraioli, aseguró que la comisionada estará solicitando cerca de $1,500 millones anuales para los próximos dos años. El proyecto no ha sido radicado.
Dado que el dinero recibido para el programa de salud es insuficiente, el gobierno puertorriqueño está obligado a pagar la diferencia de lo que cuestan los servicios. Un análisis de Assured Guaranty —aseguradora de deuda del gobierno de Puerto Rico— plantea que la participación federal en el gasto de Medicaid podría reducirse significativamente, lo que ocasionaría una crisis en el gobierno local.
“El plan fiscal certificado por la Junta Federal de Control Fiscal (JFCF) asume... que la financiación federal anual se reducirá de un 83% aproximadamente del gasto total en Medicaid en el año fiscal 2019 a solo el 10% para los años fiscales 2021 a 2023”, indica la aseguradora.
Detalló que basado en el gasto de $3,300 millones para Medicaid proyectado para el año fiscal 2021, la baja de la ayuda federal podría representar una reducción de $2,400 millones en los reembolsos federales para ese año. Acumulativamente, desde 2020 hasta 2023, la reducción en la financiación federal podría superar los $8,900 millones.
Christian Sobrino, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), mencionó a EL VOCERO que “el trato desigual a los ciudadanos americanos de Puerto Rico tiene consecuencias reales” y podría resultar en el colapso del sistema. Sostuvo que es necesario que el gobierno federal encuentre una solución que mejore esta situación de manera permanente.
“No existe un ejemplo más palpable de la discriminación que la asignación de fondos que recibe el gobierno de Puerto Rico en el programa Medicaid. Una solución que sea permanente y equitativa es crucial para un sistema de salud estable y de calidad en nuestra isla”, sentenció Sobrino.
FUENTE: elvocero.com
Suscribite a nuestro Newsletter