Temen se repita la historia de Hugo

La comunidad de la Península de Cantera ha luchado, desde principios de los noventa, contra el desplazamiento. Esa lucha arrecia casi tres décadas después ante un deslinde de la zona marítimo-terrestre, que haría desaparecer a cuatro sectores del barrio santurcino. Los esfuerzos de esa comunidad se han hecho cuesta arriba, además, por la falta de títulos de propiedad, que les imposibilita a los residentes acceso a fondos federales para reconstruir sus viviendas tras los daños ocasionados por el huracán María. La directora de la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera, Francine Sánchez, contó que están atentos a que no se repita la historia de 1989 del huracán Hugo ante estas circunstancias. La comunidad se topó, para esa época, con una maqueta de un proyecto de desarrollo de viviendas de lujo frente a la laguna que bordeaba su comunidad. Esos planes coincidieron con el abandono que sufrieron los residentes tras la emergencia ocurrida en el lugar luego del paso del fenómeno atmosférico, recordó. “Ahí ellos dicen: ¿será que entonces nos están obligando a irnos, no nos están dando los servicios básicos para que nosotros nos vayamos? Y ahí la comunidad se organiza”, narró. Además, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) presentó en 2008 un deslinde de la zona marítimo-terrestre que hacia desaparecer cuatro de los 16 sectores que componen la Península de Cantera. Se trata de las comunidades de Puente Guano, Santa Elena, Condadito Final y un pequeño tramo del sector Bravos de Boston, indicó el ingeniero Alfredo Pérez. Ante la controversia por la zona marítimo-terrestre, Sánchez rememoró el desplazamiento de la comunidad de Tokío en 1986. “¿Qué pasó con Tokío? ¡Era inundable para los pobres! Pero ahora, ¿qué hay allí? El Choliseo y tenemos allí el centro de comida... Pero eso era inundable... ¡Ahí vivía gente pobre!”, expresó. Solución vía legislativa Con decenas de casas sin techo, que continúan con toldos azules o paredes colapsadas a nueve meses del huracán María, los residentes y activistas comunitarios han presentado un proyecto de ley por petición para dar fin a esta batalla por la tierra y la vivienda, que se ha extendido durante casi tres décadas. El senador por San Juan, Miguel Romero, -quien radicó la medida- indicó a EL VOCERO que esperaba ayer recibir la posición del DRNA, para entonces poder bajar el proyecto a votación hoy, día en que termina la sesión ordinaria. “Hay proyectos que se han estado haciendo, que por la manera en que se ha delimitado la zona marítimo-terrestre, pues para obtener los permisos para esas microempresas, se dificulta y en ese sentido, creo que esto abre la puerta a oportunidades de empleo para nuestra gente”, comentó Romero. Señaló, además, que cambiar la delimitación les ayudaría a cumplir con la entrega de los títulos de propiedad. Son aproximadamente mil familias que están pendientes de recibir sus títulos de propiedad desde 1992, año en que se firmó la Ley para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera, estimó Pérez. Por su parte, el DRNA indicó a EL VOCERO que todavía está evaluando el proyecto del Senado 931, que ordena a esa agencia realizar un deslinde en conjunto a la corporación y a que esta última realice el plano. “El DRNA basará su postura de acuerdo a las leyes y reglamentos ya establecidos. En este caso, el reglamento 4860”, mencionó el portavoz de prensa, Aniel Bigio. Amenaza de cierre Por otro lado, el gobierno propuso -en el plan fiscal certificado por la Junta Federal de Control Fiscal- el cierre de la Compañía de la Península de Cantera, lo que aumenta la urgencia de la comunidad para completar sus proyectos de justicia social. “Aunque estamos conscientes de que la compañía vino a cumplir una meta y tiene que cerrar en su momento, es como lo establece la ley: una vez cumplida su meta”, sostuvo Sánchez. Inmediatamente, agregó: “aún hay metas que tenemos en proceso”, en referencia a la entrega de los títulos de propiedad a cerca de mil familias y al realojo de 80 familias que viven en la orilla del Caño Martín Peña. Sin esos títulos de propiedad, casi la totalidad de las viviendas afectadas por el ciclón no cualificaron para ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). “Yo voy a poner un toldo y me voy (para mi casa) porque ya no puedo más”, contó Johane Pomales, de 41 años, quien logró levantar dos paredes de concreto con el ingreso que hizo de la venta de dulces y almuerzos en los fines de semana. El dinero se le agotó sin haber completado el techo y ahora está decidida a vivir allí a la intemperie con sus cuatro hijos. Cerrar la corporación sin haber completado su misión, “sería nefasto para la comunidad”, a juicio de Sánchez. “¿Cómo tú, como ciudadano o ciudadana, te sentirías ante la inestabilidad de vivienda? Tenemos una crisis de vivienda y son personas que llevan más de 50 años viviendo en este espacio”, enfatizó.