Tranque por videolotería

La tinta de la firma del gobernador Ricardo Rosselló en la ley de reforma contributiva todavía no se había secado cuando la Junta Federal de Control Fiscal envió una comunicación advirtiendo que incluir la videolotería en la nueva ley no garantizaba que la misma tuviera ingresos y gastos balanceados -o neutrales- como exige dicho organismo. En un comunicado de prensa enviado en horas de la tarde, la directora ejecutiva de la junta, Natalie Jaresko, reiteró la “preocupación de que las disposiciones de la videolotería incluidas en la legislación no sean neutrales para el fisco, pues el gobierno y la Legislatura no han presentado evidencia suficiente de que estos cambios no canibalizarán los ingresos existentes del plan fiscal del gobierno”. Jaresko advirtió que para el miércoles de la semana entrante espera recibir la certificación de que el proyecto convertido en ley ayer cumple con el plan fiscal certificado. Rosselló convirtió en ley la reforma contributiva, que incluye la legalización de 25,000 máquinas de videojuegos que operan fuera de los casinos. El estimado del gobierno –uno conservador, según se indicó ayer– es que esta movida dejará $160 millones anuales al fisco. El proyecto establece que $40 millones irán al Fondo General y el resto se dividirá en tres partidas: 50% para el fondo de retiro de los policías, 45% para que los municipios paguen su aportación al plan de salud del gobierno y 5% para pagar el mantenimiento del sistema. Esta parte es la que levantó más ronchas durante la discusión de la reforma recién convertida en ley. Clarissa Jiménez, presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo, indicó en un comunicado de prensa que esta reforma no es “neutral” y que afectará los ingresos que ahora recibe el gobierno por parte de los casinos en hoteles. En total, estimó que las arcas gubernamentales dejarán de recibir entre $149 millones y $195 millones, de los cuales $35 millones van a la Universidad de Puerto Rico (UPR). “Aun cuando las tragamonedas produzcan algún recaudo, las pérdidas multimillonarias que proyecta (nuestro estudio) van a descuadrar la caja”, afirmó Jiménez. El proyecto firmado por el gobernador establece que los agentes de rentas internas y la Policía podrán confiscar las máquinas tragamonedas que operen sin licencia. Para esto, deberán preparar un reglamento. La nueva ley permite hasta 25,000 máquinas de juegos de azar fuera de los casinos. Asimismo, dispone que luego de los primeros dos años la División de Juegos de Azar podrá aumentar 10,000 máquinas más por año hasta un máximo de 45,000 tragamonedas. El gobierno podrá llegar a esta cantidad de máquinas solo si hace un estudio que considere el impacto económico a los casinos. Se defiende el gobernador El comunicado de prensa que circuló La Fortaleza decía que la junta “certificó la neutralidad de la medida con relación a las nuevas rebajas y medidas para la captación de más contribuciones”. Cuando se le preguntó al gobernador sobre esta certificación, dijo que esto se refería a otras partes de la reforma, como el crédito por trabajo, la reducción de la sobretasa del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) a los alimentos preparados y la eliminación paulatina del impuesto entre negocios (B2B). “Hemos estado en un proceso interactivo con la Asamblea Legislativa y la junta y sabemos que había una serie de preguntas. Las fuimos contestando mediante el transcurso y la expectativa es que no tengamos ningún contratiempo”, sostuvo Rosselló. El gobernador no contestó qué pasaría si la junta se opone a la parte de la videolotería y dijo que prefería no “operar bajo hipotéticos”. El impuesto de 7% a los alimentos preparados comenzará a partir del 1ro octubre de 2019, la reducción del B2B iniciará en marzo, mientras que el resto de los beneficios contributivos se materializará en las planillas de 2019. “Que hagan el estudio pertinente” Luego de publicado el comunicado de la junta fiscal, el saliente secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario, dijo a la prensa que si hacen falta estudios adicionales, el ente federal tiene asesores que podrían hacerlos. Añadió que el dinero de la videolotería no se usa para financiar la reforma contributiva. “Se atendieron todas las preocupaciones a nivel de medidas fiscales. Ellos habían levantado preocupaciones sobre la legalización de la videolotería y la Cámara y el Senado les enviaron un estudio”, señaló Rosario. “Si tienen dudas, que hagan el estudio pertinente, que para eso tienen asesores y expertos”. Añadió que sería “devastador” que la junta revierta la reforma contributiva. “Si la junta tomara una determinación tan devastadora como invalidar el nuevo modelo contributivo, a quien le hacen daño es al pueblo”, afirmó Rosario. “Son $2,000 millones inyectados a la economía en los próximos cinco años”, puntualizó.