Tres opciones del tribunal antes de emitir una orden de desacato

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan tiene tres alternativas distintas antes de encontrar a las autoridades de la Universidad de Puerto Rico (UPR) incursas en desacato por no cumplir con la orden judicial de reabrir los portones y reanudar las clases en el Recinto de Río Piedras. En la víspera de la vista judicial que se celebrará hoy a las 2:00 p.m. para dilucidar ese asunto, el abogado constitucionalista Carlos E. Ramos González dijo que el tribunal puede optar por la mediación, emplazar individualmente a las personas que impiden directamente la apertura del recinto o brindarle una nueva oportunidad a la universidad para que cumpla con la orden. “Encontrar a una persona en desacato civil es un procedimiento bastante técnico porque puede llevar incluso al encarcelamiento de la persona hasta que cumpla la orden”, expresó Ramos González, quien es catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. A pesar de que el Tribunal de Apelaciones ordenó a la UPR a que, a más tardar, a las 6:00 p.m. del pasado jueves, asegurara el libre acceso a la institución para proseguir con el semestre académico, los portones del Recinto de Río Piedras permanecen cerrados y cercados por las barricadas. La ratificación del voto de huelga en la tercera Asamblea General de Estudiantes, puso a alumnos y simpatizantes a flanquear los portones con el fin de asegurar la paralización. “Un caso como este es muy difícil de resolver a través de los tribunales, porque hasta que esas personas que los demandantes alegan que les está impidiendo la entrada a la universidad, -que pueden ser estudiantes, empleados no docentes, docentes, público general- no sean individualmente emplazadas, el tribunal no puede emitirle una orden”, expresó Ramos González. UPR presenta moción Las autoridades universitarias presentaron una moción el pasado jueves, a través de su representante legal Enrique Figueroa Llinás, en la que pidieron al tribunal “un proceso de mediación independiente entre todas las partes concernidas, bajo su supervisión directa, para resolver el conflicto que nos ocupa”. En la moción, la UPR alega que no puede ser puesta en desacato, puesto que su intención clara es abrir los portones y cumplir con el tribunal. En ese sentido, se suscriben en la moción todos los pasos que tomó la universidad para intentar cumplir con la orden del Tribunal de Apelaciones. Como parte de sus esfuerzos, la UPR mencionó cartas circulares a la comunidad universitaria, iniciativas de diálogo entre diferentes sectores, reuniones preparatorias para la reapertura y el restablecimiento de operaciones, y acercamientos presenciales en los portones. Además, alude a la Política Institucional de Convivencia que impera en el recinto, así como a la falta de equipo y adiestramiento de la guardia universitaria para manejar un tranque como este. “A la luz de la moción de la universidad, entiendo que está haciendo todo lo posible”, opinó Ramos González. En cuanto a la incertidumbre sobre el posible empleo de fuerza policial para abrir los portones, Ramos González explicó que el tribunal “no tiene potestad” para insertar a la Uniformada en el recinto y ordenar forzosamente la apertura de los portones. “Por un lado, está la autonomía universitaria y, por otro, el reclamo de unos demandantes por unos derechos, y una Rama Judicial que no puede imponerse por fuerza indiscriminada sin tener bajo su consideración a las personas afectadas”, puntualizó el catedrático. La jueza superior Lauracelis Roques Arroyo, quien originalmente declaró no ha lugar la demanda presentada por cinco estudiantes de la Escuela de Derecho de la UPR, atenderá la vista de desacato hoy luego de ser revocada por el Tribunal de Apelaciones, en la sala 907 del Centro Judicial de San Juan. En una orden emitida el pasado viernes, Roques Arroyo advirtió a la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández, y a la rectora interina del Recinto de Río Piedras, Carmen H. Rivera, que, de no estar en posición de certificar el fiel cumplimiento de la orden del foro apelativo, “el Tribunal emitirá el remedio que en ley proceda que podría incluir el desacato civil”.