Un gran jurado federal acusa a un hombre por fraude al PUA y podrían condenarlo a 20 años de cárcel

El Gran Jurado Federal del Distrito de Puerto Rico emitió ayer una acusación contra un hombre identificado como Martín Scamaroni-Cintrón por violaciones a la ley de lavado de dinero relacionadas con fondos obtenidos de manera fraudulenta del Seguro de Desempleo y del Programa de Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés) Así lo anunció hoy el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, Stephen Muldrow, en un comunicado de prensa. El caso contra Scamaroni-Cintrón fue investigado por el FBI, la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos junto con el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Según estableció la acusación, Scamaroni-Cintrón participó en una conspiración de lavado de dinero para obtener Transferencias Electrónicas de Fondos (ETFs, en inglés) que contenían pagos del Seguro de Desempleo y del PUA. El acusado logró obtener fondos de múltiples estados, así como dineros otorgados a través de préstamos de la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos (SBA, en inglés) a pesar de que no estaba calificado ni autorizado para recibirlos en las diversas cuentas bancarias que poseía en Puerto Rico. Las solicitudes al PUA y al Seguro de Desempleo fueron presentadas de forma fraudulenta a nombre de otras personas, que nunca solicitaron esos beneficios ni los préstamos de la SBA. Para cometer el fraude y hacerse con el dinero, el acusado completó las solicitudes con la información de terceros, pero puso los datos de sus propias cuentas bancarias para recibir los fondos. Según la acusación, logró transferir \"a sabiendas estas ganancias obtenidas ilegalmente para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y las ganancias\". Además de conspiración por lavado de dinero, Scamaroni-Cintrón también fue acusado de otros 16 cargos de lavado de dinero en violación al título 18 del Código de Estados Unidos de 1956 sobre Crímenes y procedimientos criminales relacionados al blanqueo o lavado de instrumentos monetarios. La Fiscalía federal sostiene que desde mayo de 2020 hasta enero de 2021 el acusado pudo hacerse con un total de por lo menos $361,683 a través de los diversos beneficios y préstamos obtenidos de manera fraudulenta. Víctor Acevedo y Manuel Muñiz Lorenzi, los fiscales federales adjuntos, están a cargo del procesamiento del caso. Scamaroni-Cintrón enfrenta una pena de 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero, una multa de hasta 250,000 dólares y tres años de libertad supervisada. Para denunciar esquemas de fraude relacionados con las ayudas por el covid-19, la Fiscalía federal recordó la línea del Centro Nacional de Fraude en Desastres (1-866-720-5721) y el formulario de denuncia de su web.