Un proyecto le quitaría funciones al CRIM para dárselas a los municipios

El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) dejará de tener las funciones de tasación y cobro del arbitrio a la propiedad inmueble para que recaigan sobre los municipios y así se ataque la evasión contributiva sobre las propiedades. De esa forma, se busca inyectarles más fondos a las atribuladas arcas de los municipios, reveló ayer el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sobre un proyecto de ley con ese fin cuyo concepto tiene el aval del Ejecutivo y cuenta con el respaldo de la mayoría parlamentaria. Destacó que los cambios al CRIM surgen de una idea acariciada por años por varios alcaldes –entre ellos el de San Sebastián, Javier Jiménez– que le achacan a esa corporación poca o ninguna eficiencia. Por eso, creen que deben ser los municipios los que cobren impuestos por la propiedad inmueble y el CRIM solo debe retener las funciones para manejo del catastro digital y el sistema de contabilidad. La idea resurge cuando los municipios perderán –a partir del 1 de julio– $350 millones en subsidios del Estado, según lo establece el plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), y el gobernador Ricardo Rosselló ha dejado en manos de los alcaldes la búsqueda de opciones para paliar la pérdida. “Hay alcaldes de los dos partidos que comparten esa idea, la cual yo veo con buenos ojos. Creo que nadie tendrá más interés en que haya salud en las arcas de los municipios que los propios alcaldes. No se trata de aumentar impuestos, sino de que los que están evadiendo, puedan ser detectados para que aporten conforme a su capacidad y sus recursos”, afirmó Rivera Schatz a El Nuevo Día tras una reunión con el gobernador en La Fortaleza donde también acudió el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez. “Va a haber legislación que incide en lo que es toda esta situación fiscal y presupuestaria de los municipios. El CRIM es una institución que va a sufrir cambios. Se va a reconfigurar la estructura para regionalizarla y que corresponda más a los municipios de manera directa”, explicó el líder senatorial. Desaparece la OCAM No solo el CRIM sufrirá cambios, sino que la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) desaparecerá próximamente, advirtió Rivera Schatz. De hecho, ayer el Ejecutivo anunció un proyecto de ley que –como parte del proceso para reducir el gobierno– con el que se transfieren las últimas facultades y empleados de la OCAM a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La Oficina de Desarrollo Socioeconómico Comunitario (ODSC), antes Comunidades Especiales, asumió mediante la Ley 10-2017 gran parte de las tareas, empleados y fondos federales de la OCAM. “La OCAM desaparece cuando me aprueben la ley”, precisó el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés. La OCAM termina funciones el 30 de junio, cuando culmina el año fiscal vigente, dijo el director de la oficina, Omar Negrón. Con esta movida, agregó, el gobierno se ahorra $500,000 en nómina de puestos de confianza, pago por arrendamiento de edificios y por agua y luz, entre otros. Rosario Cortés destacó que la movida da continuidad al proceso ya encaminado para reducir el tamaño del gobierno con la eliminación o fusión de agencias. El primer paso fue la creación de la ODSC en febrero pasado y más recientemente, la creación del Departamento de Seguridad Pública que agrupa a siete agencias. Adelantó que las próximas agencias a consolidarse son el Departamento de la Familia y el Departamento de Desarrollo Económico, lo que se presume sucederá en el próximo año fiscal. Sin embargo, este diario supo que las medidas para esas consolidaciones pueden presentarse en mayo para que tengan impacto en el próximo presupuesto del año fiscal 2018-19. De inmediato, la atención se centrará en el CRIM con el fin de ayudar económicamente a los municipios. Rivera Schatz dijo que una de las alternativas es que los municipios con la estructura para hacerlo puedan cobrar el impuesto a la propiedad inmueble. “El que no tenga la capacidad (para hacerlo) podría entrar en un convenio con un municipio vecino”, precisó. “Es una manera de darles a ellos (los municipios) el recurso de que sean ellos los que puedan levantar los fondos”, expresó, por su parte, el presidente cameral. Ambos líderes legislativos hablaron de justicia social. Dijeron que es improcedente que la gente ya cautiva por el CRIM siga pagando y lo que procede es que los evasores paguen. Ahí se encuentran aquellos que están fuera de la lupa del CRIM o los que ya lo están, pero sus propiedades no han sido retasadas para registrar mejoras que aumenten el valor del inmueble. “Nadie mejor que ellos (los municipios), que conocen dónde se ha levantado la vivienda”, dijo Méndez. “Lo que se está tratando es ir donde los que les corresponde aportar y no aportan”, destacó, por su parte, Rivera Schatz. El alcalde de San Sebastián, quien presidió la Junta del CRIM por muchos años, apuntó que se trata de una corporación que no funciona puesto que en cuentas por cobrar –según estados financieros del 2016– había alrededor de $2,764 millones solamente en propiedad inmueble. El CRIM recauda anualmente aproximadamente $1,000 millones. Por su parte, el presidente de la Junta del CRIM y alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo, tiene reservas con esta iniciativa “Es una buena alternativa que los municipios participen del proceso, pero quitarle las funciones del CRIM, sin contar con una estructura en losmunicipios, creo que más que adelantar el proceso, lo que va a hacer es detenerlo o atrasarlo”, dijo. Recordó que el CRIM, bajo nueva dirección, se encamina a tomar medidas para ser más eficiente. “Hay que permitir que el CRIM propiamente haga el esfuerzo”, dijo.