Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE
Desde que comenzó a operar en marzo, una división de fiscales especializados en procesar conductores ebrios atendió, en un período de tres meses, 932 casos de individuos que manejaban bajo los efectos del alcohol.
Se trata de los primeros informes sobre la unidad adscrita al Departamento de Justicia, y que funciona a través de una asignación de fondos federales otorgados a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) para atender el problema de seguridad vial en la isla, destacó la directora de esta dependencia, Darelis López Rosario.
El grupo de seis fiscales asignados a la unidad especializada atiende las 13 jurisdicciones del Departamento de Justicia.
La división, explicó López Rosario, surgió luego que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, en inglés) analizara las estadísticas locales e identificara un desfase entre el número de intervenciones y arrestos, versus las convicciones logradas.
Fue entonces que comenzó a concebirse la unidad, bajo la coordinación de la fiscal Rosaura González. La CST paga todo el proyecto.
“(La iniciativa) provee para que se reduzca este tipo de conductas en el país en aquellos que insisten en comportarse incorrectamente”, subrayó López Rosario.
Los casos por embriaguez resultan ser sumamente técnicos. La prueba que se presenta en los tribunales es científica y pericial, destacó la fiscal.
Aunque todavía es muy preliminar para determinar con certeza las áreas en las que se reportan fallas a la hora de lograr una convicción, González reconoció algunos problemas, como la respuesta del ministerio público al atender las disposiciones sobre el descubrimiento de prueba en las Reglas de Procedimiento Criminal (Regla 95).
“Si no se contesta en un término, conlleva la desestimación de los casos, y en los casos menos grave conlleva la muerte (del caso) porque los casos menos grave no se pueden resometer. Así que, para nosotros, es bien importante cumplir con ese proceso de completar la Regla 95”, señaló González.
El Departamento de Justicia y la CST coinciden en que asignar este tipo de casos a un grupo seleccionado de fiscales facilita identificar aquellos conductores reincidentes, y permite dar continuidad a los procesos.
Justicia comenzó a recopilar datos sobre las reincidencias en enero pasado, y desde entonces hasta mayo sometieron -en un trabajo conjunto con la Policía- 94 casos de ese tipo. De igual forma, han conseguido fallos condenatorios en 34 incidentes en los que los responsables tenían faltas previas.
La organización de los trabajos a través de la unidad especializada también promueve un mejor manejo en los procedimientos, según las entidades públicas, ya que se establece una relación más directa con los policías y con el juez de la sala a la que han sido asignados.
“Nos da mayores herramientas para poder prevalecer porque mantenemos unificado el argumento”, planteó González.
El nuevo esquema, además, podría aumentar las posibilidades de prevalecer en sala, según la fiscal. “Ahora, estamos litigando en igualdad de condición. Tenemos fiscales jóvenes que tienen mucho interés en el tema y la capacidad de defender con más ahínco los casos”, agregó.
La creación de la unidad también les permitirá cuantificar aquellos casos en los que el imputado es reincidente, coincidieron. “Que se vea que la relación entre policía y fiscal es la relación correcta, que hay una comunicación integrada desde el principio, que cuando el policía tenga una duda, tenga un fiscal al cual recurrir y que ese fiscal sepa de lo que estamos hablando”, puntualizó, por su parte, López Rosario.
FUENTE: elnuevodia.com
Suscribite a nuestro Newsletter