Urgen una investigación legislativa en el caso de Andrea Ruiz Costas

Una medida legislativa propone que se investiguen en la Cámara de Representantes las circunstancias relacionadas a la decisión del Tribunal de Caguas para no conceder la orden de protección que solicitaba Andrea Ruiz Costas, quien posteriormente fue asesinada por su expareja. La resolución de los representantes novoprogresistas Lourdes Ramos y Yazzer Morales Díaz fue presentada ayer, en medio de la discusión levantada en la Isla sobre la solicitud de diferentes sectores para que las grabaciones de la vista a la que compareció Ruiz Costas —ante la jueza superior Ingrid Alvarado Rodríguez— se hagan pública. Justo ayer, el Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó la petición de la entidad de periodistas Overseas Press Club (OPC) para que se revelasen las grabaciones, luego que el juez administrador del Tribunal de Caguas, Ricardo Marrero, emitiera una orden el miércoles para prohibir su divulgación. El clamor público por conocer las circunstancias en la que se llevó a cabo la vista judicial —que de acuerdo con un mensaje grabado de Ruiz Costas a una amiga, ella se sintió atropellada por la jueza que atendió el caso— ha levantado cuestionamientos incluso del gobernador Pedro Pierluisi, quien ha dicho que el sistema le falló a la joven. Los familiares de Ruiz Costas también se han expresado a favor de que se conozca todo lo que ocurrió y cuestionaron el argumento del juez Marrero de no publicar las grabaciones para “proteger y no revictimizar” a la víctima. “Nos preguntamos: ¿Por qué no la protegieron cuando ella lo solicitó? ¿Por qué le dieron la espalda? ¿Cuántas mujeres más tendrán que pasar por esto con resultados nefastos? Es decir, el Estado tuvo la oportunidad de protegerla mientras estaba con vida. Así lo pidió a gritos siguiendo el debido proceso, pero las juezas Avilés y Alvarado Rodríguez ignoraron su pedido de auxilio”, expresó la familia de Ruiz Costas en declaraciones escritas. Además, pidió a la juez presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, “que la judicatura demuestre transparencia y asuma su compromiso ante la familia y ante el País”. Mientras tanto, los legisladores que presentaron la medida legislativa indicaron que solicitarán al presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, que la apruebe de manera urgente en la próxima sesión ordinaria, que será el 11 de mayo. “Este caso de la joven Andrea Ruiz es uno que ha impactado la fibra de todos los puertorriqueños, sin importar el lugar donde residan. En los pasados días hemos visto cómo ha salido en la prensa asuntos muy preocupantes sobre el manejo de este caso, incluyendo las acciones de la jueza que presidió la vista de solicitud de orden de protección. Ante esto, se hace meritorio que la Cámara de Representantes inicie una investigación profunda sobre todas las circunstancias que rodearon el caso en el Tribunal de Caguas. Tenemos que actuar ya, no podemos dejar tantas lagunas sin respuestas”, señaló Ramos. Por su parte, Morales Díaz indicó que “este caso merece explicaciones concretas y acciones detalladas. El norte es salvar vidas, es que este caso no se repita más. Lo que hemos escuchado en la prensa son asuntos muy, pero muy serios que no se pueden despachar con tecnicismos. La Cámara tiene que actuar. Lo que sucedió en el tribunal, todo, con este caso tiene que ser investigado y adjudicar responsabilidad a quienes fallaron”. En la decisión de denegación a la solicitud del OPC al Supremo, los jueces asociados Mildred Pabón Charneco, Eric Kolthoff, Edgardo Rivera García, Rafael Martínez Torres y Roberto Feliberti votaron a favor de que las grabaciones no sean divulgadas. Hubo un voto en disidencia de la jueza presidenta Oronoz, mientras los jueces asociados Ángel Colón Pérez y Luis Estrella Martínez favorecieron hacer públicos los registros audiovisuales del caso. En la decisión, el Supremo expuso que “la confidencialidad de los procesos judiciales en casos de violencia doméstica es crucial para defender a las víctimas de este mal social. Le da una garantía a las víctimas de que pueden acudir a los tribunales a pedir auxilio sin temor a que sus vidas íntimas se discutan en público, y les ofrece un ambiente seguro y libre de intimidación o escarnio público”. “Sin esa garantía de confidencialidad, muchas víctimas lo pensarían dos veces antes de buscar una protección judicial que en muchos casos es necesaria para mantener su intimidad, dignidad e integridad física”, se añadió en la decisión del alto foro judicial.