Viva la pugna por la Ley 80

La promesa de que se resolvería ayer la controversia por la derogación de la Ley 80 se hizo sal y agua cuando el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) anunció que presentará una nueva propuesta que espera complazca las exigencias de la Junta Federal de Control Fiscal y logre el aval del liderato legislativo. El gobernador Ricardo Rosselló llegó al Capitolio advirtiendo las consecuencias de no derogar de inmediato la Ley 80: eliminación del bono de Navidad para empleados privados y públicos, la desaparición de millones en el presupuesto para entes como la Universidad de Puerto Rico y el riesgo de que el Congreso de Estados Unidos le dé más poderes a la junta fiscal. Dos horas y media más tarde, el gobernador se paró junto al liderato senatorial y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para decir que había un nuevo acuerdo del que no ofreció detalles y que discutirán nuevamente mañana en otro caucus del PNP. Rivera Schatz no garantizó que la medida vaya a votación en la sesión de mañana. “Hay una propuesta que es de beneficio para los trabajadores y se tiene que evaluar su aplicabilidad y su capacidad de ejecutarse y, por supuesto, el apoyo del caucus y el apoyo de la junta”, dijo el gobernador. “Aquí hemos identificado una posible vía de que se pueda cumplir (con la junta fiscal). Faltan unos parámetros por determinarse. De nuevo, yo lo que creo es que…podemos hablar con la junta, ver el apoyo que tenga. Hemos dado 48 horas y creo que es tiempo razonable para hacer una presentación”, agregó Rosselló. “Contento” Rivera Schatz El gobernador y Rivera Schatz hablaron sonrientes de la propuesta. El presidente senatorial incluso dijo estar “contento y feliz”. Pero, por otro lado, el primer ejecutivo aseguró que la propuesta debe complacer los pedidos de la junta, que expresamente exige la eliminación de la Ley 80, mientras Rivera Schatz reiteró que “para mí (la Ley 80) se mantiene”. La sorpresiva propuesta – que en horas de la noche todavía no había sido puesta en papel – fue presentada por el senador Miguel Romero, presidente de la Comisión de Gobierno. En conferencia de prensa, no se ofrecieron detalles sobre la idea que promete ser el punto final de una controversia política y gubernamental que se ha extendido por semanas y que ha amenazado incluso la aprobación del presupuesto del próximo año fiscal. “No sé si la junta lo acepte. Son principios generales que Miguel Romero, que fue secretario del Trabajo y de la Gobernación, nos ha presentado. Me pareció interesante. Tenemos 48 horas y yo estoy más que contento con la discusión”, indicó Rivera Schatz. “Vamos a seguir adelante. Tenemos muchas cosas más sobre las cuales trabajar. Queremos atender este asunto y seguir adelante”, agregó. EL VOCERO supo que la propuesta del senador es enmendar la Ley 100 que prohíbe el discrimen para fortalecer las protecciones contra los despidos. Se supo, además, que la propuesta incluiría designar fondos públicos para pagar las mesadas de los empleados privados que sean despedidos, pero no para subsidiar los salarios en los nuevos empleos. La propuesta incluiría eliminar las garantías de la Ley 80 a los empleados cesanteados injustificadamente. El Senado derogó la Ley 80 para los nuevos empleados, pero la Cámara aprobó un proyecto que elimina esta protección para todos los empleados dentro de dos años y creó el pote que con $100 millones en fondos públicos pagaría las mesadas de los cesanteados y un subsidio para los patronos que los empleen. Este pote se convirtió en manzana de la discordia entre Rivera Schatz y el gobernador. La exigencia de la junta es que para el 27 de junio esté derogada la Ley 80. Minutos antes de entrar al caucus de senadores del PNP ayer, Rosselló insistió en que la idea de crear un pote con fondos públicos fue presentada por Rivera Schatz a la junta, lo que el presidente del Senado negó nuevamente, diciendo que el gobernador se equivocaba. Justo antes de entrar al caucus, al que llegó acompañado de varios representantes y alcaldes de su colectividad, Rosselló pidió poner punto final a la discusión de la Ley 80 y dijo que continuar este debate podría tener consecuencias en Washington. “Ante la negativa y ante el hecho de que todo el mundo está observando las acciones de adultos que tenemos que tomar en momentos difíciles y la negativa a responder, una respuesta podría ser que le den poderes adicionales a la junta”, sostuvo Rosselló antes de entrar al caucus, del que salió sin un acuerdo concreto. “Si somos razonables, prudentes y entendemos el momento histórico que estamos viviendo en Puerto Rico y podemos demostrar que ante decisiones difíciles damos el paso hacia adelante, entonces el ánimo es diferente”, puntualizó. Molestas las minorías Las minorías legislativas criticaron el giro que tomó ayer la discusión que ha consumido el debate público por semanas. El portavoz de la delegación popular en el Senado, Eduardo Bhatia, recordó que Rivera Schatz se había comprometido públicamente a terminar el tema ayer. “No hay ninguna coherencia. A dos días de la fecha para aprobar el presupuesto, no saben qué van a hacer y hay una lucha de poder que dejó de ser una lucha de política pública y es una lucha de poder entre Rivera Schatz y el gobernador”, dijo Bhatia. “¿Cuál es el secreto de lo que van a presentar ahora? Deberían abrirlo al debate público”. Por su parte, el senador independentista Juan Dalmau manifestó que lo que sucedió ayer refleja la “obsesión ideológica” en que se ha convertido la eliminación de la Ley 80.