Wanda Vázquez y Mark Rossini solicitan más tiempo para contestar a mordaza propuesta por juez federal

La exgobernadora Wanda Vázquez Garced y uno de los coacusados en su caso por corrupción, el exagente del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) Mark Rossini, solicitaron ayer, jueves, más tiempo para contestar a una mordaza propuesta por el juez federal Raúl Arias Marxuach. Precisamente ayer expiraba el término dictado por la corte para que las partes respondieran a la orden que prohibiría tanto a los acusados y sus respectivos abogados como a todos los empleados del Departamento de Justicia federal, agentes federales de ley y orden, y potenciales testigos de hablar sobre los hechos del caso. La solicitud fue presentada por los licenciados Sean T. Haran y Derek Cohen, en representación de Rossini, quienes indicaron que no han tenido la oportunidad de determinar cómo responderán a la proposición del magistrado, si objetarán la misma o propondrán modificaciones. Los licenciados también indicaron a la corte que se encuentran inmersos en el proceso de identificar una representación legal a nivel local que pueda asistir a Rossini en el proceso. Basado en estos argumentos, la defensa solicitó cinco días adicionales a partir de que Rossini tenga lista su representación legal en Puerto Rico. Asimismo, se indicó que esta solicitud fue discutida con el Ministerio Público y que los fiscales a cargo del caso no presentaron objeción alguna al reclamo. Rossini enfrenta cargos de conspiración, soborno a programas federales y fraude electrónico de servicios honestos por los cuales, de ser hallado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de cárcel. Entretanto, la defensa Vázquez Garced, quien enfrenta tres cargos federales por conspiración, soborno y fraude electrónico, presentó otra moción para unirse al pedido de Rossini. Cabe destacar que la orden propuesta por Arias Marxuach permitiría a los medios cubrir las alegaciones y defensas hechas en el caso, información en el registro digital del caso, fechas calendarizadas y toda decisión hecha por la corte que llegue al registro público. El juez federal también emitió una segunda orden para compeler la divulgación de prueba exculpatoria recopilada por la Fiscalía federal, directriz hecha al amparo de la regla de Procedimiento Criminal Federal 5(f). En este caso también está acusado el banquero venezolano Julio Herrera Velutini, a quien la Fiscalía federal ubicó en Europa y, al momento, se mantiene prófugo de las autoridades estadounidenses. A Rossini y Herrera Velutini se le atribuye ofrecer millones para apoyar la campaña de Vázquez Garced a cambio de que la exmandataria despidiera al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, y nombrara a otra persona en el cargo. El esquema imputado a la exgobernadora se extiende desde 2019 hasta 2021. Se indicó que Herrera Velutini operaba en la Isla la entidad Bancrédito International Bank, que estaba bajo investigación de la OCIF. De acuerdo con el pliego, la pesquisa se centraba en el hecho de que el banco no estaba llenando los informes de transacciones sospechosas (SAR, en inglés). Se asegura que Herrera Velutini insistía en que la entonces gobernadora destituyera al director de la OCIF y, en su lugar, nombrara a una persona que no continuara la investigación contra el banco. Se indicó que hubo reuniones en La Fortaleza, en el Distrito de Convenciones y en hoteles. El pliego detalla, también, que en febrero de 2020 hubo una reunión en la Mansión Ejecutiva para discutir el financiamiento de la campaña de Vázquez a cambio de que sacara a Joyner del cargo. Además de los donativos directos a su campaña, el pliego detalla cómo Rossini contrató una empresa para realizar una encuesta sobre la primaria y entregarla directamente a la campaña de Vázquez. Se aseguró que esto ocurría mientras el equipo de la entonces gobernadora se mantenía en contacto con el banquero para dejarle saber que ya le habían pedido la renuncia a Joyner y que sería efectiva el 28 de febrero de 2020. Incluso, les enviaron una foto de la carta de renuncia, antes de una reunión en la que se discutirían asuntos del financiamiento de la campaña, incluyendo la creación de un ‘superpac’ (Comité de Acción Política, en inglés). El pliego acusatorio establece que Herrera Velutini incluso le dijo a Rossini que no quería “un mono de Puerto Rico” como director del superpac, a lo que este contestó que buscarían un candidato que les respondiera a ellos y que fuera de la capital federal.