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22 de noviembre de 2019

Refieren más casos por contrataciones

Investigación de la Oficina del Inspector General detecta posibles violaciones éticas y criminales

22 de noviembre de 2019 - 08:51

Varios funcionarios del gobierno pudieron haber cometido faltas éticas y criminales en el proceso de formalización de contratos y certificación de facturas, reveló una investigación de la Oficina del Inspector General (OIG), que también incluyó a exempleados de la firma contable BDO, que pasaron a dar servicios al sector público como empleados o contratistas.

En el caso de los exempleados de BDO, cuyo expresidente Fernando Scherrer aguarda por un proceso judicial tras ser acusado por Fiscalía federal en un esquema de fraude relacionado a contrataciones con agencias públicas, se indicó que —todavía hoy— algunos mantienen sus vínculos con el gobierno de Puerto Rico. No se informó si los nuevos hallazgos están relacionados con el caso federal.

La investigación de la OIG sobre los contratos fue encomendada en mayo por el entonces secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, y en julio las autoridades federales arrestaron a Scherrer junto a funcionarios y exfuncionarios públicos, como la exsecretaria de Educación Julia Keleher y la exdirectora de ASES Ángela Ávila, y el contratista de BDO Alberto Velázquez, que daba servicios al gobierno.

La información sobre la investigación de la OIG trascendió ayer tarde, pero su directora Ivelisse Torres Rivera, no estuvo disponible para contestar preguntas. EL VOCERO le preguntó a la portavoz de prensa de la OIG, Gladys Arce, por más detalles sobre los referidos del informe con los hallazgos, pero se limitó a decir que no se ofrecerían “para no afectar las investigaciones”.

Se indicó de posibles violaciones a Ley de Ética Gubernamental, al Código Anticorrupción, la Ley de Contabilidad Pública del Gobierno de Puerto Rico y al Código Penal, entre otras.

De acuerdo con la investigación de la OIG, en momentos en que se gestionaban las cancelaciones de contratos multimillonarios del gobierno con BDO, en medio de informaciones sobre las investigaciones federales, a su vez se recibieron en el Departamento de Hacienda “propuestas que incluían los mismos servicios profesionales, así como capital humano que a ese momento figuraban como recursos de BDO”.

“La investigación reveló a su vez, que algunos funcionarios del Departamento eran exempleados de BDO previo a llevar a cabo funciones en el Departamento y tras su nombramiento estuvieron directamente involucrados en el proceso de contratación (solicitud, formalización, desembolsos y cancelación) de las nuevas compañías contratadas”, se agrega.

De la pesquisa trasciende que funcionarios gubernamentales pudieron haber cometido faltas éticas y legales —precisamente— en el proceso de formalización de los contratos y las certificaciones de facturas.

La información suministrada por la OIG incluyó que “de un examen a los expedientes de los contratos otorgados con posterioridad a la cancelación de contratos de BDO con el Departamento, logramos identificar que la mayoría de los exempleados, que realizaron labores y facturaron bajo los contratos cancelados por el Departamento continuaron sus operaciones bajo los contratos formalizados con nuevas compañías”.

En el detalle, se hace constar que durante 2019 la firma BDO tuvo aproximadamente 44 contratos por cerca de $30.3 millones, todos con entidades relacionadas a la rama ejecutiva.

Exigen aclarar toda la información

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Juan Oscar Morales, señaló que la gobernadora Wanda Vázquez —quien para el momento de la investigación era la Secretaria de Justicia— es ahora a quien le corresponde evaluar los hallazgos de la OIG.

“El único acusado (en el escándalo de corrupción señalado por las autoridades federales) fue el presidente de BDO. En apariencias no se ve bien”, dijo Morales, en alusión a los hallazgos de la OIG. “A la gobernadora le corresponde determinar si se le va a seguir dando contratos a los que estuvieron vinculados en esta compañía. Ver si están ligados o pudieran estar ligados a lo que se le está acusando al presidente (Scherrer)”.

Se solicitó una reacción de Fortaleza, pero anoche la Secretaria de Prensa Mariana Cobián, refirió cualquier pregunta al Departamento de Hacienda.

Por su parte, el portavoz de la minoría en el Senado, Eduardo Bhatia, describió los resultados de la investigación de la OIG como “demoledores” para la pasada y la actual administración.

“Esta auditoría de la Oficina del Inspector General es demoledora para la sana administración pública y debe servir de alerta nacional de lo que está pasando bajo la tutela de Wanda Vázquez como gobernadora”, agregó Bhatia.

Pendiente la auditoría de la Junta Fiscal

En medio de la controversia que desató la investigación de los vínculos de BDO Puerto Rico con la rama ejecutiva, la Junta Federal de Control Fiscal había anunciado en agosto que efectuaría una auditoría financiera, contable y de otros servicios prestados por dicha agencia desde 2016.

Sobre esto, Edward Zayas —portavoz de prensa del ente fiscal— dijo anoche que el organismo se encuentra afinando la amplitud de la investigación que esta auditoría llevaría a cabo “para finalmente seleccionar a un proponente”, que se anunciará próximamente.

La Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Contralor y el Departamento de Justicia, no estuvieron disponible anoche para comentarios.

FUENTE: elvocero.com

22 de noviembre de 2019 - 08:51

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