20 agosto 2019

Revés para el Departamento de Corrección

Tribunal de Apelaciones le ordena a la Junta de Reconsideración de Subastas a que atienda el reclamo de Trinity Group Services, empresa a la que le cancelaron los contratos

Al parecer, llueve y no escampa para el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). La Junta de Reconsideración de Subastas de esa agencia sufrió un revés luego de que un panel del Tribunal de Apelaciones revocó una resolución de la entidad sobre la adjudicación de un contrato por $300 millones para operar comisarías y suplir alimentos a la población penal, al concluir que incumplió con las reglamentaciones.

El 3 de julio EL VOCERO informó en primicia que esa subasta está en la mira del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

“La Junta no siguió su reglamentación al aceptar evidencia provista de forma exparte por un funcionario del Departamento de Corrección. Las explicaciones del procurador no justifican el incumplimiento de la Junta de Reconsideración con su propia reglamentación. La recurrente se equivoca al adjudicar al proceso de reconsideración de subastas, características del procedimiento de evaluación de propuestas”, reza la sentencia de los jueces Roberto Sánchez Ramos, Grace Grana Martínez y Abelardo Bermúdez Torres.

Los magistrados exponen que durante la negociación de propuestas los licitadores y el ente evaluador pueden comunicarse sin la participación de los demás licitadores, sujeto a ciertas salvaguardas que documenten el proceso.

Afirman que el procedimiento de reconsideración de subasta no tiene esa característica.

Los jueces devolvieron el caso al foro administrativo para que “cumpla adecuadamente” con el proceso de reconsideración.

“La actuación de la Junta no es cónsona con la política pública que persigue la competencia equitativa de los licitadores, ausente de presiones externas. Cualquier procedimiento que ponga en duda el cumplimiento de esos principios no puede superar el escrutinio de nuestra revisión judicial, menoscaba la razonabilidad de la determinación administrativa, cuando la agencia no observa rigurosamente los reglamentos”, apuntan los jueces.

Puntualizan que el foro recurrido incidió al recibir documentación e información provista de forma exparte por uno de los participantes del proceso de reconsideración de una adjudicación de RFP (Request for Proposal) o subasta formal.

Comienzo de la polémica

El DCR canceló el contrato de la empresa Trinity Group Services para operar las tiendas (comisarías) del sistema correccional, suplir alimentos para la población penal adulta y del Negociado de Instituciones Juveniles, así como para renovar y mantener las lavanderías de la agencia.

Trinity solicitó al Tribunal de Apelaciones la revocación de la resolución emitida el 17 de abril por la Junta de Reconsideración de Subastas. La empresa alega que la adjudicación fue “caprichosa e ilegal”.

El contrato le fue adjudicado a la empresa Carolina Catering Corporation (CCC). Esta empresa indicó en un comunicado de prensa que la determinación del Tribunal de Apelaciones de devolver el caso al foro administrativo “no nos preocupa, lo aplaudimos porque hemos licitado en ley, cabalmente y cumpliendo con las normas más estrictas y en total cumplimiento con los requerimientos de la agencia”.

Trinity alegó que la violación de ley en el proceso de reconsideración consistió en que, durante el mismo, el ente adjudicativo —la Junta de Reconsideración— mantenía conversaciones con el DCR, una de las partes recurridas; recibía instrucciones del secretario interino de la agencia, quien llegó a proveer fundamentos para que se denegara la solicitud de reconsideración de Trinity y se confirmara la adjudicación del RFP.

Trinity alega en su recurso que en el proceso se consultaba y se requería la aprobación de la directora de la Oficina de Asuntos Legales, Julie Gómez, al borrador de la resolución recurrida para confirmar el otorgamiento del contrato a la empresa CCC.

Asimismo, afirma que el proceso fue carente de imparcialidad, viciado y conducido en violación al reglamento 6469 del 4 de junio de 2002 de la propia Junta de Reconsideración de Subastas, que prohíbe consultas con partes recurridas.

Trinity proveyó al Tribunal de Apelaciones correos electrónicos entre una de las partes y el ente adjudicador, en la que el solicitante de la reconsideración no participó y no tuvo conocimiento. Además sugiere que la Junta pudo haber utilizado información provista por el DCR para fundamentar su decisión sin el conocimiento de la recurrente.

Correos en manos federales

Los correos electrónicos están en poder del FBI. Uno de ellos enviado el 11 de abril por el supervisor general de presupuesto y finanzas y presidente de la Junta de Reconsideración de Subastas del DCR, Alberto Carranza Amador, quien estuvo en contacto directo con el funcionario más alto a cargo de las operaciones diarias del DCR, Eduardo Rivera Juanatey, y con la directora de la Oficina de Asuntos Legales, Julie Gómez, todo mientras el proceso de reconsideración se encontraba pendiente de adjudicación.

“Saludos, remito la sentencia en asunto. Además el licenciado Rivera Juanatey nos solicita que presentemos especial atención a las páginas 13 y 14 donde se resuelven a favor dos planteamientos que trae Trinity en la solicitud de reconsideración en evaluación”, reza el correo electrónico enviado por Carranza Amador.

Sobre este mensaje electrónico, en la moción ante el Tribunal de Apelaciones se indica que durante el proceso de reconsideración las partes mencionadas se cursaron correos electrónicos con el fin de dar o recibir instrucciones de cómo resolver la solicitud de reconsideración y la aprobación de un borrador de la resolución concurrida por Trinity, señala la moción.

En el segundo correo electrónico —con fecha del 17 de abril— el presidente de la Junta de Reconsideración de Subastas envió un borrador de la resolución concurrida para la recomendación y aprobación de varios funcionarios e incluyó a la directora de la Oficina de Asuntos Legales de la agencia.

“En la mañana de hoy recibimos la resolución del RFP-17-005 recomendada por el asesor legal. Necesito que la podamos discutir en el día de hoy para someterla hoy mismo. Sabemos que el hecho de que esta semana sea corta nos ocupa aun más en nuestras funciones cotidianas. Agradecería que todos podamos leer la resolución y si no tenemos un tiempo disponible para reunirnos a las 11:00 a.m. al menos podamos hacer nuestras recomendaciones y aprobar la misma. Favor de confirmar”, sostiene el correo electrónico. El procurador general negó que el secretario asociado del DCR haya impartido instrucciones al presidente de la Junta de Reconsideración.

Fuente: elvocero.com

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