Salud 18 diciembre 2018

Admiten fallas con fondos del Seguro Social

Departamento de Salud se confiesa en una vista ante juez federal sobre malos manejos en programa para personas con discapacidad intelectual

Ante la mala administración por parte del Departamento de Salud del dinero del Seguro Social de los participantes del Programa de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual (Pspdi), Richard Farano, de la División de Litigios Civiles del Departamento de Justicia estadounidense, anticipó que referirá el asunto para que sea investigado por agencias federales.

Farano hizo las declaraciones durante una vista de estatus ante el juez presidente del Tribunal federal, Gustavo Gelpí, sobre este longevo caso que está próximo a cumplir 20 años y en el cual el Estado ha incumplido un 76% del acuerdo con el gobierno federal. El 21 de abril de 1999 la División de Derechos Civiles de Justicia federal demandó al gobierno boricua para vindicar los derechos constitucionales de ciudadanos con discapacidad intelectual.

En la audiencia de ayer, el gobierno de la Isla admitió que hubo malos manejos en relación a los fondos del Seguro Social de los participantes del programa.

Farano destacó que el hallazgo del mal manejo de fondos fue reflejado en una auditoría interna de Salud. La auditoría comprende el periodo del 1ro de julio de 2014 al 22 de junio de 2018.

“Mi entendimiento es que el dinero no necesariamente está perdido, pero el informe reflejó que hay unas irregularidades en su distribución y en uso de fondos. Debido al recibo de fondos (federales), implica otras agencias aparte de la mía. Mi oficina no distribuye ni tiene control de los fondos de Seguro Social, pero si advenimos en conocimiento de que la distribución no se esté llevando a cabo (correctamente) —y no estoy asegurando que este es el caso aquí— me corresponde alertar a las agencias federales para que tomen los pasos (de rigor)”, apuntó Farano.

Gelpí expresó su preocupación sobre este asunto que, según dijo, ha sido levantado durante años.

“En ocasiones se ha tenido que tomar acción contra individuos”, destacó Gelpí.

“La punta del iceberg”

Insistió en que este asunto será discutido nuevamente en la próxima vista de estatus del caso y que “esta es la punta del iceberg”.

Por su parte, Idza Díaz, del Departamento de Justicia —agencia que representa a Salud— destacó que el informe de auditoría reveló fallas en la autenticación de las reconciliaciones bancarias, una ausencia de controles en el área que maneja el Seguro Social —que afirmó se está atendiendo para trabajar con la confidencialidad de los documentos— y la apertura de las cuentas de participantes sin supervisión.

“Estos hallazgos responden a la falta de controles y de supervisión”, afirmó Díaz en compañía del secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado.

Plan correctivo

García afirmó que Rodríguez Mercado ordenó la confección de un plan correctivo sobre el mal uso de fondos para evitar futuros eventos.

Díaz mencionó que el secretario de Salud solicitó una reunión con las oficinas del Seguro Social en Puerto Rico sobre el uso de fondos de participantes fallecidos.

Explicó que el 80% de los fondos del Seguro Social son utilizados en los hogares para los participantes del programa y que el restante 20% se utiliza en las necesidades “particulares” de estos. Esos fondos se solicitan al Departamento de Hacienda.

A preguntas de Gelpí sobre la razón por la cual se le envió tardíamente a la Oficina Federal del Coordinador Conjunto de Cumplimiento (JCC, por sus siglas en inglés) y a Farano los planes de corrección tras la auditoría, Díaz admitió que no debió haber pasado. No obstante, alegó que no se le había solicitado el documento y aseguró que esta situación no se repetirá.

Difícil acceso a información

Entretanto, el licenciado Alfredo Castellanos, quien lidera la JCC, insistió en que en repetidas ocasiones a su oficina se le ha hecho difícil obtener información de Salud sobre el manejo de los fondos del Seguro Social.

“Aunque Díaz manifestó que esto no volverá a ocurrir, es una de las cosas que tengo que alertar a la corte de que mensualmente, por el pasado año, hemos insistido en recibir información no solo de los hallazgos de la auditoría; pero cuando indagamos en nuestras visitas sobre información específica sobre cómo la agencia está manejando los fondos discrecionales que benefician a los participantes, constantemente nos enfrentamos a obstáculos que deben ser erradicados de forma inmediata. Porque he sido claro con Salud que todo lo que aspiramos a obtener es para ayudarles a resolver problemas que estén confrontando. Esta práctica de sentarse en información crítica es relacionada al bienestar de los participantes”, mantuvo Castellanos.

Agregó que el documento del plan de acción correctiva con fecha del 16 de septiembre fue enviado por Salud la semana pasada.

Afirmó que por esta situación con la agencia, en ocasiones su oficina está impedida de asistir a los participantes.

Castellanos señaló que hay muchos aspectos de la auditoría que deben ser utilizados para evaluar el plan correctivo y que el mismo sea implementado.

“De lo contrario, vamos a estar con el mismo problema el año que viene”, planteó.

De otro lado, Gelpí expresó su frustración por el poco progreso que ha tenido este caso, que lleva dos décadas. “Me siento frustrando. Vamos a cumplir 20 años y vamos a tener dos años más... Las investigaciones (sobre este caso) empezaron en 1997.... (el caso) se arregla, trabaja y luego no trabaja. En general no hay progreso... por eso pedí que me digan los pasos a tomar”, acotó.

Apuntó que Salud estaba al tanto del informe sobre el leve progreso del cumplimiento del gobierno en este caso. El informe –que comprende el periodo entre el verano de 2017 a septiembre de 2018— fue publicado por este rotativo el pasado 5 de diciembre.

Gelpí manifestó que Salud no objetó el informe de la JCC.

“No obstante, hubo comentarios públicos (a EL VOCERO) de que en Salud estaban sorprendidos (por el resultado del informe). Quiero indicar que Salud puede hablar con los medios, pero los comentarios fueron irresponsables”, indicó el juez. Afirmó que el 76% del programa está en incumplimiento.

Mientras, el monitor federal de este caso, el doctor Javier Aceves, destacó que el área de salud mental es la menos que ha tenido progreso en este caso. Expuso que el programa carece de enfermeras psiquiátricas.

Fuente: elvocero.com

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