05 noviembre 2019

Se hacen sal y agua los $15 por hora

Denuncian incumplimiento de orden ejecutiva en beneficio de los obreros de la construcción

La orden ejecutiva que firmó el entonces gobernador Ricardo Rosselló para subir el salario mínimo de los trabajadores de la construcción a $15 por hora no ha rendido frutos hasta el momento y fue calificada como “engañosa” por la Unión Internacional de Obreros de Norte América (LiUNA).

El mandato que fue presentado por Rosselló el pasado año como un logro de su administración fue puesto bajo lupa en un estudio que realizó LiUNA a 209 contratos en los cuales -según indicaron- había evidentes incumplimientos con lo que se acordó con los obreros de la construcción.

“En 85% de los proyectos se está incumpliendo con el salario mínimo. De 209 contratos revisados, 175 fueron excluidos arbitrariamente del salario mínimo establecido por la orden ejecutiva. Tan solo 34 contratos tienen el lenguaje de la orden, pero en más de la mitad de estos contratos a los trabajadores se les sigue pagando el mismo salario miserable”, precisó el portavoz de los 11,000 miembros del sindicato en Puerto Rico, Edison Severino.

Por su parte, la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), a través de su presidente Emilio Colón Zavala, reiteró que es necesario mejorar las condiciones salariales de los obreros, pero recomendó que “es hora de derogar la orden ejecutiva y volver a la mesa del diálogo”. La orden cobija a los trabajadores de la construcción en obras contratadas con fondos públicos, excluidos los municipales.

“No puede hacer más sentido vivir de las beneficencias que trabajar. A su vez, hay que atender las reformas salariales, teniendo en cuenta que estas no afecten los fondos asignados para los proyectos de la reconstrucción (de la Isla tras el huracán María).

Es importante que se trabaje simultáneamente en medidas que ayuden a reducir los costos de operación para viabilizar estos aumentos”, destacó Colón Zavala.

Según explicó Severino a EL VOCERO, en el 90% de los contratos evaluados -que suman unos $288.6 millones- hubo muchos casos en los cuales se incluyó un anejo sin refrendar y sin fecha, en donde se eliminaba arbitrariamente la orden ejecutiva. A estos efectos el portavoz sindical dijo que no se explica quién autorizó el anejo o cuándo ocurrió.

Agregó que se han personado al Departamento del Trabajo, pero allí les indicaron que no tenían información sobre ese particular. En el caso de La Fortaleza, mencionó que la licenciada Yadira Saavedra -nominada por la gobernadora a jueza superior- les informó que hasta el momento no habían recibido ninguna querella de un obrero que denunciara algún incumplimiento con la orden ejecutiva.

“Estos casos están pasando, es una realidad. Llevamos estudiando estos contratos desde el 1 de enero de este año hasta la fecha de hoy (ayer). Vamos a orientar a nuestros obreros y analizar las vías legales para que nuestros trabajadores tengan voz”, sentenció Severino.

El portavoz añadió que actualmente en Puerto Rico el mínimo de $7.25 por hora es lo que aplica en todas las clasificaciones de obreros de construcción, a diferencia de las Islas Vírgenes, a donde los trabajadores emigran toda vez que se cotiza a $30 por hora la mano de obra.

“¿Quién puede vivir a $7.25 la hora? Esto es una burla a nuestros 50,000 trabajadores de la construcción y a sus familias. Hemos pedido una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez y todavía no se nos ha atendido”, precisó Severino.

A preguntas de este diario, Severino indicó que los obreros de la construcción no cuentan actualmente con ningún contrato que los proteja en su trabajo, lo cual los expone a ser engañados por los contratistas. Agregó que en muchos casos en los que los trabajadores cuestionaron a los contratistas sobre el alza salarial que prometía la orden ejecutiva, se les notificó que no les aplicaba.

Piden otras soluciones

Por su parte, la ACPR dijo que en la conferencia de ayer de la LiUNA trascendió que esa entidad contrató al cabildero Elías Sánchez para lograr la aprobación de la orden ejecutiva, sin una discusión multisectorial para evaluar sus efectos.

“Hay que buscar soluciones distintas que resuelvan los problemas de nuestra sociedad de manera holística. La sindicación obligatoria mediante los acuerdos laborales por proyecto y otras medidas contenidas a lo que han abonado es al problema de presupuesto que el gobierno incluso ha tenido para sacar sus proyectos”, puntualizó Colón Zavala.

Se pidió una reacción de La Fortaleza a la denuncia de LiUNA, pero no estuvo disponible al cierre de esta edición.

Fuente: elvocero.com

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