Seguridad 20 noviembre 2018

Comunidades desconfían del gobierno

Líderes comunitarios se mantienen "vigilantes" a la designación de fondos federales para la reconstrucción de viviendas

La falta de participación ciudadana en los planes del gobierno central para usar los $1,500 millones en fondos federales —que fueron asignados para la reconstrucción de viviendas— preocupa a líderes comunitarios que se mantendrán “vigilantes” para que el dinero no caiga en manos equivocadas y para que sea de ayuda para los más desaventajados.

En la comunidad de Vietnam, en Guaynabo, se pueden apreciar todavía muchas residencias abandonadas y otras en las que las familias aguardan por las ayudas que los gobiernos federal y estatal no pudieron ofrecer tras el paso del huracán María. La esperanza de algunos —para poder regresar a su hogares— descansa en los fondos del programa de Desarrollo Comunitario-Recuperación de Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) o en las aportaciones del sector privado.

Este escenario se repite en muchas comunidades y sus líderes insisten en que los fondos federales que maneja el Departamento de la Vivienda deben ser fiscalizados por un grupo multisectorial independiente del gobierno para evitar “errores del pasado”.

Unen esfuerzos para fiscalizar

Jorge Oyola, de la Alianza de Líderes Comunitarios, sugirió la creación del referido grupo multisectorial que incorpore a las comunidades de la Isla para fiscalizar los trabajos de recuperación que se realicen con los fondos CDBG-DR.

“Queremos que se cree un grupo multisectorial que sea monitor y esté vigilando el desembolso de ese dinero y que vaya directamente a las comunidades que son las que los necesitan. Si nosotros no fiscalizamos esos fondos —que son millones de dólares— puede que se conviertan en los errores del pasado”, expresó Oyola en entrevista con EL VOCERO.

De igual forma, cuestionó el proceso de vistas públicas que inició Vivienda para escuchar distintas voces sobre los planes de reconstrucción.

“Entiendo que se están celebrando unas vistas públicas a nivel de todo Puerto Rico... pero una vistas donde la persona que va a deponer lo que tiene son cinco minutos”, dijo. Consideró que ese plazo no les da oportunidad de narrar sus necesidades y expresar las sugerencias que puedan tener.

“Creo que el movimiento comunitario y las comunidades tienen la capacidad de vigilar que los proyectos se hagan y al fin y al cabo es de beneficio para ellos. Tenemos esa preocupación de cómo se va a trabajar con ellos (los fondos) y tiene que haber un ente comunitario que esté en esas divisiones para que se le rinda cuenta de la inversión de ese dinero”, agregó Oyola.

Abunda la incertidumbre

Al extremo sur de Puerto Rico, la líder de la comunidad Clausells en Ponce, Carmen Pacheco, indicó sentirse preocupada ante la posibilidad del mal manejo de estos fondos.

“Nos preocupa la burocracia que tiene el gobierno central para traer esos proyectos a nuestras comunidades y les hemos recomendado a todos nuestros líderes que estén vigilantes a esos fondos y hasta de las subastas que se hagan y que los proyectos realmente sean lo que las comunidades necesitan”, expresó.

Muchas de las propuestas que hoy forman parte del plan de gobierno para invertir los fondos salieron de los ayuntamientos y no de las comunidades afectadas. El pasado domingo el subsecretario de Vivienda, Dennis González, confirmó a EL VOCERO que ya se iniciaron las subastas para proyectos de construcción y otros planes. Declinó ofrecer detalles de los potenciales contratistas del gobierno en esta fase de recuperación, aunque sí señaló que se enviaron convocatorias.

Otro problema que sigue latente en las comunidades es el de la expropiación, situación que en el pasado provocó el desplazamiento de más de 400 familias de la comunidad Vietnam.

“Le tenemos miedo a que se vayan a utilizar esos fondos para lo que nosotros llamamos los amigos de los amigos, porque muchas de nuestras comunidades hemos estado en vigilancia a la expropiación”, manifestó Pacheco.

De otro lado, Edwin Serrano, líder de la comunidad Tea en San Germán, describió que en ese sector hay muchas casas con toldos azules y ciudadanos esperando por ayuda. “Hay personas que están a la espera de ayudas del gobierno y de FEMA, que no ha sido tan efectivo como se esperaba”, sostuvo.

Serrano expresó que tiene temor de que los fondos no lleguen a la comunidad. “Tenemos que estar a la vanguardia y en la expectativa porque lamentablemente el gobierno y sus amigos buscan la forma de cómo pueden obtener parte del dinero fácil”, dijo.

La comunidad Tea también espera que —por seguridad— se reparen las luminarias y los semáforos. “Decir que estamos completamente recuperados no es correcto, pero puedo decir que dos terceras partes de nuestro pueblo”, indicó.

Asegura desconexión

En Ciales, el líder de la comunidad Toro Negro, José Figueroa Pesquera, señaló que no existe ningún tipo de comunicación por parte del gobierno central con las comunidades para el futuro de los proyectos de reconstrucción.

“Pensamos que se debe abrir un proceso de diálogo y consulta con las comunidades para ver cuáles son las necesidades reales desde el punto de vista de los residentes y no desde el punto de vista de los funcionarios y asegurarse de que esos fondos lleguen a donde tienen que llegar”, opinó.

“Estamos en la incertidumbre de qué va a pasar con ese dinero y si va a llegar a las comunidades”, dijo el líder comunitario.

El inicio de los cientos de proyectos y adjudicación de subastas a contratistas por parte de Vivienda no ocurriría en lo que queda de año, según el subsecretario de esa agencia. El gobierno estima que de la cifra global de $1,500 millones del programa CDBG-DR se utilizarán $1,000 millones para la restauración de hogares y el resto en otros proyectos de infraestructura y desarrollo económico.

Fuente: elvocero.com

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