Puerto Rico 14 octubre 2020

Sigue la pugna por información pública

Ciudadanos acuden al foro judicial para que se divulgue el presupuesto de la Cámara de Representantes

Varios ciudadanos, acompañados por candidatos populares a la Cámara de Representantes, radicaron 10 recursos especiales en el Tribunal de San Juan para que el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, divulgue el presupuesto de ese cuerpo legislativo por oficina, incluyendo el desglose de contratos, nómina y el gasto operacional.

“Estamos radicando un recurso especial que provee la Ley 141 de Transparencia en el gobierno, donde un grupo de ciudadanos está compareciendo radicando este recurso que estamos presentando, luego de haber hecho un planteamiento en los pasados días ante la Cámara de Representantes de que varios ciudadanos iban a estar radicando cartas específicas en la secretaría del cuerpo, pidiéndole al presidente de la Cámara y a los representantes de mayoría novoprogresista que divulguen el presupuesto completo de la Cámara”, expresó el exasesor legislativo y candidato a representante por el Precinto 4 de San Juan, Manuel Calderón.

Herramienta ciudadana

La Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, firmada en agosto de 2019, provee un mecanismo judicial para que los ciudadanos reclamen ante los tribunales acceso a documentos públicos. Para esto es necesario que completen un formulario y que haya vencido el plazo de 10 días después de haberle solicitado la información a la dependencia del gobierno.

“Luego de haberse agotado el periodo de los 10 días... sin tener respuesta ni de Johnny Méndez ni de ningún miembro de la mayoría del cuerpo, el grupo de ciudadanos ha estado aquí compareciendo ante el tribunal radicando el recurso especial para que divulgue el presupuesto completo de la Cámara”, indicó Calderón.

Los ciudadanos son de San Juan, Mayagüez y Arecibo. “Lo que se está buscando es que se haga lo más transparente, que el pueblo sepa cómo se gasta el presupuesto de la Cámara, quiénes son estos contratistas con sueldos exorbitantes, quiénes son los contratistas y empleados que tienen el pote por oficina y que cuando vienen a ver ganan casi hasta $8,000. Eso nos parece mal, en tiempos de austeridad fiscal y donde el País está mirando sus instituciones con frustración y desgaste”, señaló Calderón.

La Ley 141 de 2019 no estipula un plazo para que un juez o una jueza determine cómo procederá con los recursos especiales sometidos. “Aquí se agotaron todos los remedios especiales que provee la Cámara, los mecanismos en la secretaría de la Cámara y los planteamientos realizados en el hemiciclo por los legisladores (populares)”, afirmó.

Un recurso similar fue radicado el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, ante dicho foro judicial. También la candidata a la Cámara por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Eva Prados, presentó el 29 de septiembre una solicitud de mandamus para que ese cuerpo publique el nombre, posición, salario y fecha de contratación de todos los empleados y empleadas desde el 1ro de enero de 2013 al presente.

La discusión del tema se da en momentos en que surgen cuestionamientos públicos sobre empleados de varios representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) con salarios exorbitantes y a pocos meses de que las autoridades federales acusaran a los representantes María Milagros Charbonier y Nelson del Valle por supuestamente participar en esquemas fraudulentos en los que inflaban el salario de empleados para cobrar comisiones ilegales y quedarse con una parte del sueldo.

A mediados de septiembre, Méndez emitió una orden administrativa que regula el acceso a información de dominio público e incluye el cobro de hasta 50 centavos por copia para obtener copias de facturas y contratos de los contratistas en la cámara baja.

Igualmente, la orden consigna que los expedientes del personal de la Cámara y la información personal de los representantes no constituyen información pública. Luego de la orden, Méndez defendió públicamente los altos salarios en las oficinas legislativas y describió la orden administrativa como una “justa”.

Fuente: elvocero.com

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