Sin dinero para la reforma electoral

A las ya atribuladas finanzas de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), se añade la incertidumbre en torno a cuántos fondos serán necesarios -y de dónde provendrán- para implementar los cambios que conllevaría la propuesta reforma electoral, advirtieron ayer los comisionados electorales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y del Partido Popular Democrático (PPD). El proyecto de ley que daría paso a un nuevo Código Electoral aún no ha sido aprobado en el Senado, donde se originó bajo la autoría de presidente de ese cuerpo, Thomas Rivera Schatz. La medida fue discutida en junio en vistas públicas y fue rechazada entonces por el liderato del PPD y del PIP. Entre las modificaciones más significativas que dispone la pieza, figura el voto por internet en los próximos comicios generales, mediante un proyecto piloto que ampliaría el voto adelantado y el voto ausente. También alteraría el sistema utilizado para seleccionar al presidente de la CEE y el proceso para las recusaciones. “Ni siquiera se sabe cuánto dinero es. Por eso es que el país está en quiebra, por esa forma irresponsable de manejar los recursos públicos. Qué es lo que dice el proyecto de ley, dice ‘la cantidad que se necesite para hacer toda esa digitalización, esa modernización’. Esa cantidad no se pudo discutir ni durante el proceso de vistas públicas, ni en el informe, ni en comisión legislativa”, apuntó la comisionada electoral del PIP, María de Lourdes Santiago. Sin embargo, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Juan Guzmán, afirmó que el dinero para viabilizar la reforma electoral será identificado posteriormente. “El proyecto de la reforma electoral es uno ambicioso, que puede tener unos costos iniciales muy grandes que, al final, cuando se implemente la tecnología, va a significar economías gigantescas al sistema que tenemos hoy. Tendrán que identificarse las partidas”, comentó Guzmán. Defendió la pieza legislativa porque tiene como aspiración máxima que el elector sea el “centro del sistema electoral”. “Eso es una aspiración noble que todos nosotros debemos respaldar. El dinero saldrá. Cuando el proyecto sea aprobado, se determinará de qué partida presupuestaria saldrá”, reiteró Guzmán. Agregó que lo mismo aplicaría al plebiscito que la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, propuso celebrar el día de las elecciones generales. Pero el comisionado electoral del PPD, Lind Orlando Merle Feliciano, calificó la consulta plebiscitaria como “una carnada” del PNP para atraer electores a las urnas. Respecto al propuesto Código Electoral, dijo que no se trata de una reforma electoral, sino de una “intentona electoral”. Anticipó que, si la medida llega a convertirse en ley, habrá “un problema fiscal”. Merle Feliciano recordó que la CEE solicitó a la Junta de Supervisión Fiscalque le apruebe $131,796 para efectuar la elección especial del 10 de noviembre y una reconsideración en el presupuesto para asignar $25.1 millones para las primarias de 2020. A juicio de Santiago, la reforma electoral puede propiciar actos fraudulentos en las urnas. “La única ambición de ese proyecto es crear un esquema que le permita al PNP robarse las elecciones controlando todo el aparato electoral, desde la designación del presidente hasta todo el andamiaje digital”, sentenció Santiago. Recalcó que, como la medida deja en manos del elector su inscripción y el manejo de su expediente electoral, podrían multiplicarse casos como el de la extenista Gigi Fernández, quien obtuvo su tarjeta electoral a pesar de no residir en la isla.