Sin tropiezo el juicio por la Ley 29

La jueza federal Laura Taylor Swain dio paso ayer a la demanda incoada por la Junta Federal de Control Fiscal que busca anular la Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios (Ley 29 de 2019). De esta forma, Swain denegó la petición de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) que buscaba desestimar el pleito sobre la ley, que eximiría a los municipios del pago al plan de salud (Vital) y el retiro de los jubilados mediante el sistema “Pay as you Go”. La jueza que preside los casos de Título III se plantea una vez más la pregunta sobre hasta dónde llegan los poderes que confiere la Ley de Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) para limitar las facultades del gobierno para implementar política pública. “El tribunal concluye que la Junta de Supervisión Fiscal ha alegado hechos suficientes para respaldar la existencia de una práctica continua de rechazo por parte del gobernador (Ricardo Rosselló) para cumplir con los requisitos de la Sección 204 de Promesa”, lee la orden. La junta alega en su demanda que, de ser implementada, la Ley 29 “perjudicaría o derrotaría los propósitos de Promesa” al despojar al gobierno de cientos de millones de dólares, disminuyendo así el acceso a los mercados. Señala, además, que permitiría a los municipios “eludir” el pago a sus propios retirados, acción que disminuiría la capacidad del gobierno de “invertir en proyectos de desarrollo económico”. La Legislatura dio su aval al Proyecto del Senado 1258, del presidente Thomas Rivera Schatz, el pasado 13 de mayo. Cuatro días después, el entonces gobernador Rosselló convirtió la medida en la Ley 29. “La Junta de Supervisión Fiscal afirma plausiblemente que el gobernador, previo al inicio de este procedimiento adversario, incumplió reiterada, consciente y deliberadamente los requisitos de certificación establecidos en la Sección 204 (a), así como las limitaciones de reprogramación establecidas en la Sección 204 (c)”, agrega Swain. Una ley adversa al plan fiscal El ente señaló en ese momento que dicha ley no es compatible con el plan fiscal. Fue más allá al detallar que el impacto fiscal del estatuto podría ser de $311 millones para el año fiscal 2020 y $1.7 mil millones hasta el año fiscal 2024. La junta demandó a Rosselló —en su capacidad como gobernador— y a la Aafaf el pasado 3 de julio. “Los patronos, incluyendo los municipios, tienen la responsabilidad de pagar su parte del PayGo. Eximir a los municipios y poner toda la carga en el gobierno de Puerto Rico establece un precedente funesto que otros patronos pudieran utilizar en el futuro”, planteó el presidente del ente, José Carrión. En su determinación de ayer, Swain concluyó que el organismo fiscal presentó argumentos lo suficientemente convincentes para dar luz verde al juicio sobre la Ley 29. De esta forma, refirió el caso a la magistrada Judith Dein para el trámite de rigor. En días recientes, la gobernadora Wanda Vázquez Garced se alineó con los alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD) para defender la Ley 29.