Sobre $14,000 M en las cuentas del gobierno

Cuando a mediados de 2016 el gobierno de Puerto Rico reclamó la insolvencia para su primer impago, el servicio de la deuda para el año rondaba los $4,500 millones, pero no había certeza pública del dinero en caja de todo el aparato gubernamental. Ahora, tres años más tarde, inmerso el gobierno en un proceso de quiebra y con algunas negociaciones con acreedores, el informe más reciente sobre los balances de cuentas (al 31 de mayo), que es el dinero en efectivo que tiene el gobierno en cuentas bancarias para operar y otros compromisos, supera los $14,000 millones. El servicio de la deuda correspondiente a este año habría sido de $4,894 millones, aproximadamente. Si ese dinero es o no suficiente para realizar pagos, o para cumplir con las obligaciones de intereses, en vista de mayores recaudos a lo proyectado y mejores indicadores económicos a los supuestos previos, es un asunto que encuentra opiniones encontradas entre economistas y analistas financieros. Cabe establecer que desde 2016 el gobierno no realiza la mayoría de sus pagos a bonistas, y en algunos casos –como el de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), que es el primer acuerdo alcanzado fuera del Título III de quiebra bajo la ley Promesa- el dinero correspondiente al pago anual de deuda sí se había consignado en una cuenta mientras se manejaba todo el proceso. Para el economista Vicente Feliciano, al analizar el saldo de las cuentas públicas “hay que tener cuidado con los $14,000 millones”, ya que esa suma de dinero “incluye dinero de asignaciones federales en custodia del gobierno de Puerto Rico, capital de trabajo de empresas gubernamentales como la AEE y hasta de la UPR”, entre otros, que no necesariamente son recursos disponibles para el servicio de la deuda. Los servicios no honrados de deuda para los años 2017 y 2018, sumaban $4,498 millones y $4,313 millones, respectivamente, y es el pago correspondiente a 23 emisores de deuda de todo el gobierno. En el desglose, los totales de deuda suman $16,794 millones de deuda constitucional o con garantía constitucional, $23,569 millones de deuda atada a impuestos o ingresos, $12,068 millones de deuda pagadera con asignaciones legislativas, y $15,705 millones de deuda de corporaciones públicas que se pagan generalmente con ingresos asociados a tarifas. Cuando se examinan los balances de las cuentas del gobierno por entidad, la principal, o sea la cuenta general (Treasury Single Account, o TSA, por sus siglas en inglés), tenía sobre $6,886 millones, hacia el cierre del año fiscal el 30 de junio pasado. A ello se añaden $54 millones de las cuentas que recaudan ingresos y que diariamente llegan en su totalidad a TSA. En un informe separado de la cuenta general de Hacienda, para el 5 de julio, ya reportaba un balance de $7,256 millones. Al analizar el asunto, el economista Antonio Rosado, entiende que lo primero que se debe tener en claro es que “esos dineros los sacaron de la gente que trabaja y produce en Puerto Rico”, particularmente por las nuevas imposiciones de los últimos cinco a seis años. Es dinero que proyecta aumento porque no se ha pagado deuda, y Rosado indicó que “si no estuviera la Junta de Supervisión Fiscal, ya los hubiesen gastado”. “Una vez finalice la reestructuración de la deuda sabremos cuáles son los niveles de servicio de la deuda (que se pueden pagar) y cuánto debería invertir el gobierno en la economía”, añadió Rosado. En el pasado cercano –hasta el 2015- cuando los gastos públicos superaban los recaudos y no se alcanzaba para el pago de las obligaciones con bonistas, se refinanciaba deuda (lo cual es parte de la actual crisis) y también se subsanaba la falta de flujo de efectivo con Notas de Anticipación de Ingresos e Impuestos (TRANs por sus siglas en inglés), unas emisiones de cortos plazo, que en medio de las degradaciones y la quiebra ya no se pudieron hacer más para cuadrar la caja. Crecen los recaudos en Hacienda Recientemente, el nuevo secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, dijo a EL VOCERO que cerraron el año fiscal 2018-2019 con cifras históricas en recaudos, con $1,000 millones por encima de lo proyectado. Los recaudos al Fondo General totales para dicho año alcanzaron los $11,300 millones y la proyección era de $10,400 millones, indicó. Cabe destacar que en renglones como los ingresos por el Impuesto de Ventas y Uso (IVU), aunque representantes de los sectores del comercio al detal han reclamado que se ha experimentado un aguante reciente, en el informe de Hacienda sobre Ingresos al Fondo General, para el año completo 2018-2019, hubo una cifra de más de $2,299 millones. Supone un aumento de $653 millones sobre el año fiscal anterior, que fue cuando se recibió la entrada mayor de ayuda inicial para la recuperación por el embate del huracán María. En esta parte, Feliciano mencionó que “las encuestas de la Cámara de Comercio indican que la inestabilidad del pasado mes está impactando las ventas, lo que eventualmente se traduce en menos recaudos”, por lo cual no hay certeza de que continué el buen ritmo de ingresos por el IVU. De otra parte, un alza significativa en ingresos también fue notable en el año que terminó el 30 de junio, en el recaudo de arbitrios a las llamadas empresas foráneas cobijadas por la Ley 154, con $2,082 millones. Se trata de $168.3 millones por encima del recaudo para el fiscal 2017-2018. La investigadora y especialista en análisis de mercado y en el tema de Puerto Rico, Cate Long, al observar el alza en recaudos y el monto de las cuentas públicas, planteó que la Sección 405 (l) de la Ley Promesa establece que el gobierno de Puerto Rico pagará intereses sobre la deuda mientras exista una suspensión de litigio como la actual, pero a discreción exclusiva de la junta fiscal, y eso no ha ocurrido. “Aparentemente, la junta no permitirá que el gobierno de Puerto Rico pague intereses, aunque el gobierno tiene el dinero porque la junta quiere anular la mayor cantidad de deuda posible, lo que es contrario a la intención del Congreso. La junta ha desafiado constantemente el espíritu de Promesa”, señaló Long. El resto de las cuentas del gobierno Entre las demás cuentas del gobierno están las relacionadas a las pensiones, que suman $801.3 millones. Este es el dinero administrado por un fideicomiso, que recibe las contribuciones individuales de los empleados. Del gobierno central, las cuentas suman $1,794.5 millones, que –entre otros- incluye $680 millones relacionados a fondos federales para el desempleo, $483 millones en fondos federales administrados por la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), y $195 millones de la lotería. En cuanto a Cofina, al 31 de mayo habían $22.3 millones, que son los fondos operacionales que no van al fideicomisario creado como parte del acuerdo de reestructuración. Mientras, en las cuentas de fondos restringidos como parte del Título III hay $790.7 millones, donde se cuentan $368 millones del Sistema de Retiro de Empleados, $268 millones relacionado al Fondo de Redención (ingreso por impuesto a la propiedad para pagar obligaciones generales), y $147 millones de fondos apropiados o “clawback”. El dinero del “clawback” corresponde a la retención de una porción de los ingresos asignados a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) y la Compañía de Turismo. Ese dinero se separó desde diciembre de 2015, cuando se informó que era para pagar deuda pública garantizada. Por el lado de las corporaciones públicas como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la ACT, sus cuentas reflejan $386.9; $622 y $417, respectivamente, todas las cantidades en millones. La Universidad de Puerto Rico tiene $456 millones y la Administración de Servicios de Salud (Ases) $274.1 millones. En otras corporaciones públicas o entidades separadas, hay $1,504.5 millones. Esto incluye $197.7 millones de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado, $136.1 millones de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, $129.6 de la Compañía de Turismo, $174.4 millones de la Compañía de Fomento Industrial, $78.4 millones de la Autoridad para el Financiamiento de Vivienda, y $72.7 de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agrícolas. Las cuentas y los intereses La analista Long, al igual que otros analistas financieros, ha reiterado “la ley de Puerto Rico exige que los bancos paguen al gobierno intereses sobre el efectivo depositado en cuentas externas”, pero cuestionó que “entonces ¿por qué los bancos como el Popular y otros bancos no pagan intereses?”. A ello, Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), sin entrar en el detalle, dijo que “en general, las cuentas donde se depositan los fondos del gobierno sí pagan intereses, como también conllevan cargos por servicios bancarios”. “Ciertamente, es del interés de Aafaf y del gobierno de Puerto Rico maximizar el rendimiento de los fondos aludidos. Sin embargo, el deber de salvaguardar los fondos públicos no permite asumir riesgos o posiciones especulativas con los mismos. A tales efectos, Aafaf y Hacienda se proponen establecer un programa de manejo de inversiones que permita aumentar el rendimiento de dichos fondos, sin poner en riesgo el principal”, añadió Marrero.