Sobre la mesa cambios al DSP

La Legislatura tiene ante su consideración varios proyectos de enmiendas a la Ley de Seguridad Pública, aprobada en 2017, y en la próxima sesión legislativa que inicia en enero serán tema de discusión. El representante novoprogresista, José Enrique “Quiquito” Meléndez, dijo que la Cámara insistirá en que se apruebe un proyecto legislativo que busca crear la Ley del Instituto de Ciencias Forenses, de manera que remueve al Negociado de Ciencias Forenses (NCF) del Departamento de Seguridad Pública (DSP). Se trata del Proyecto de la Cámara 2075 (PC 2075) radicado en abril de este año por Meléndez y los representantes novoprogresistas Juan Oscar Morales y José “Che” Pérez Cordero. La representante popular Lydia Méndez se unió como coautora de la pieza. “Lo que era el instituto de Ciencias Forenses cayó en lo que era uno de sus peores momentos en la historia y evidentemente Héctor Pesquera (exsecretario del DSP) no sabía cómo manejar el asunto. Por eso, presentamos esta legislación para devolverle la independencia al negociado y muchas de esas preocupaciones bajaron de intensidad, pero creo que funcionaría mucho mejor Forenses de manera independiente al DSP”, dijo Meléndez en entrevista con EL VOCERO. El legislador aplaudió la ejecutoria de la actual comisionada del NCF, María Conte, y la deferencia del secretario del DSP, Elmer Román, de permitirle hacer su trabajo. “Creo que al final del día lo que corresponde es separar al negociado del DSP para evitar cualquier cosa o cambio eventual en la figura del secretario que no conozca la importancia de Ciencias Forenses en el DSP y volvamos a caer en lo mismo”, manifestó. Según el trámite legislativo, la medida fue referida en mayo a la Comisión de Seguridad Pública y a la Comisión de Gobierno, y aunque aparece en primera lectura de la Cámara, no se han efectuado vistas públicas sobre la misma. La exposición de motivos de la medida alude a la falta de personal científico en el negociado, el manejo de cadáveres y deficiencias en sus reglamentos. De igual manera, la pieza concede autonomía administrativa y fiscal al negociado. Los fondos para su operación, según la medida, provendrán del presupuesto general de gastos del gobierno y su dirección a cargo de una junta con “amplia representación de los sectores con mayor injerencia en la administración de la justicia”. No obstante, Meléndez dijo que habló con algunos legisladores de mayoría y que entre ese grupo “hay ambiente para darle independencia a Forenses del DSP”. Opinó, además, que el secretario del DSP ha logrado concretar la consolidación de la agencia en un 90 por ciento. “Si no está Elmer (Román) nos arriesgamos a que venga una persona que no conozca y no le dé continuidad a los programas”, advirtió. “Creo que sí es importante revisar la ley, pero no necesariamente eliminarla. Aunque creo que en el caso particular de Forenses considero que hay que separarlo”, puntualizó. “Una mala idea” Al opinar sobre la medida, el representante independentista, Denis Márquez, dijo que “cada vez se están radicando proyectos que incluso cambian el modelo de política pública que nosotros habíamos denunciado desde el principio”. Negó que la consolidación del DSP haya avanzado durante la incumbencia de Román. “Claro que no, eso se ve todos los días en los cuestionamientos que hacen los gremios y la burocracia”, sostuvo. Se refirió a la Ley de Seguridad Pública como una “mala idea” desde que se legisló a favor de la misma. Bajo análisis nueva fusión En la Cámara y en el Senado se atienden proyectos iguales, con diferentes autores, para fusionar el Negociado del Cuerpo de Bomberos y el Negociado de Emergencias Médicas, como ocurre en otras jurisdicciones de Estados Unidos. De un lado, la Cámara considera el Proyecto 2033 radicado por el representante Félix Lassalle Toro, pero que surgió a petición del Sindicato de Bomberos Unidos. En una vista pública el 26 de septiembre, el DSP solicitó un periodo indeterminado a la Cámara para “diseñar un proceso de integración que subsane los problemas del pasado y que no afecte la calidad de los servicios de ambos negociados viene obligados a ofrecer a la ciudadanía”. Por otro lado, el senador independiente José Vargas Vidot también presentó un proyecto de ley con la misma finalidad. La medida (PS 1123) fue sometida por petición y expone que las labores de ambos negociados están “íntimamente relacionadas”. La pieza tal cual fue radicada mantiene la fusión de ambos negociados bajo el DSP, que se creó en abril de 2017 cuando el gobernador Ricardo Rosselló firmó la Ley 20. Además, sugiere que con la fusión se cree la División de Operaciones de Emergencias Médicas, adscrita al Negociado de Bomberos. Se desconoce qué va a pasar con estos dos proyectos y si los atenderán en la sesión legislativa de enero.