Una bancarrota sin precedente

Con el pedido al Tribunal Federal para el Distrito de San Juan, para que se maneje la deuda pública de la Isla al amparo del Título III de la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa), cambia la narrativa histórica y financiera del territorio no incorporado, que se encamina a representar la mayor quiebra registrada en el mercado municipal de bonos y en jurisdicción alguna de Estados Unidos. La historia isleña, con una deuda de unos $70,000 millones y $1,300 millones en pago anual de principal e intereses (para lo cual apenas hay menos de $800 millones), apuntala el acceso ya cerrado a los mercados de inversión. La última oportunidad de acceso fue en marzo de 2014, con una cuestionada emisión de $3,500 millones en bonos de obligación general (GO´s), entonces en el borde de la categoría especulativa. Esa emisión apenas precisó de 27 meses para confirmar los pronósticos de impago. Bastó poco más de un día desde que venció el llamado “stay”, o detente al uso de recursos legales contra el gobierno el 1 de mayo, para que se activaran las reclamaciones de cobro con las primeras demandas, tres presentadas en San Juan y las otras en Nueva York. La atención inmediata de la Junta Federal de Control Fiscal, con su solicitud al tribunal, tal como adelantó ayer EL VOCERO, fue concretar el pedido de quiebra, que dejará en las manos de un juez federal el manejo de los activos del gobierno de Puerto Rico, llámese fondos, ingresos, inmuebles y todo tipo de bien que pueda convertirse en líquido (dinero en efectivo). Para ello, finalmente se tendrán que definir y aquilatar los servicios esenciales, en específico, para que la distribución manejada por un juez y un síndico no lesione las garantías principalmente de salud, seguridad y educación. De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, el gobierno y acreedores de deuda garantizada estuvieron a punto de alcanzar un entendido, pero que una llamada de la junta lo impidió. El gobierno accedió al Título III para evitar las advertencias del ente fiscal, en cuanto a medidas de austeridad más contundentes, supo EL VOCERO. Ojo al mercado municipal La decisión del gobierno y la junta pone atención especial en el mercado de inversiones ante el tratamiento que puedan recibir en tribunales instrumentos de inversión de alta estima, como los de obligaciones generales (GO’s) y los de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina). Esto puede sentar un precedente que impacte su calidad. Para Triet Nguyen, director gerencial y Jefe de Crédito de Finanzas Públicas de la firma asesora NewOak en Nueva York, la junta fiscal “nunca” realizó un esfuerzo real para promover las negociaciones por consenso mediante el Título VI de Promesa. “Ninguna de las ofertas hechas por el gobierno a los acreedores de GO’s y Cofina, hasta la fecha, incluyendo la oferta revisada a los tenedores de bonos de GO’s… han sido serias, en nuestra opinión”, analizó Nguyen. A la pregunta de EL VOCERO, de cómo se tomará este asunto en el mercado, Nguyen cuestionó, “¿cómo pueden los tenedores de bonos creer en la protección constitucional de los Nuevos Bonos Seniors (ofertados por el gobierno a los acreedores), cuando el Estado Libre Asociado no respeta la protección constitucional de los bonos GO’s existentes y el mecanismo de ´lockbox´ para los bonos Cofina?”. Abundó que si los bonistas hubieran aceptado la oferta inicial del gobierno, con recortes significativos, eso hubiese tenido “un impacto muy negativo en el mercado municipal en general porque habría socavado dos estructuras muy importantes para los tenedores de bonos municipales”, en alusión a los bonos GO’s y Cofina. Nguyen mencionó que “el mercado sí estará observando los procedimientos legales para ver si la estructura de los GO’s o Cofina, o ambos, será confirmada en la corte”. La analista del mercado municipal Cate Long, quien dirige un servicio de investigación para tenedores de bonos de Puerto Rico y es excolaboradora en temas de mercado para la agencia Reuters, comentó a este diario que “desafortunadamente, el proceso de Promesa ha sido apresurado y un grupo de miembros voluntarios de la Junta de Supervisión ha intentado dominar un tema muy complejo en un periodo corto”. “El mercado municipal entiende la necesidad de reducir y reestructurar las deudas de Puerto Rico, pero desafortunadamente la junta propone usar un plan fiscal de 38 páginas, con muchos errores de información, para recortar decenas de miles de millones de deuda. Promesa requiere más de la junta fiscal y el mercado municipal estará esperando para ver si la junta proporciona información más precisa y completa”, agregó Long. La analista distinguió que Promesa requiere que la junta restablezca el acceso al mercado municipal, pero de cara a las eventualidades actuales “hasta ahora eso es improbable”. El Título III Según el Título III de Promesa, cuando el deudor es un territorio como Puerto Rico, corresponde al juez presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos la asignación de un juez de tribunal de distrito para presidir el caso. Mientras, en el asunto de jurisdicción alterna, “si la Junta de Supervisión así lo determina, a su entera discreción, entonces el fuero apropiado será en el tribunal de distrito de la jurisdicción en la que la Junta de Supervisión mantiene una oficina fuera del territorio”. Eso coincide con el anuncio de la junta fiscal el martes, de que arrendó una oficina en Nueva York, a un costo de $98,317 por un año, en el Jacob Javits Federal Building. Cuando se pide el Título III, la ley establece que “las Reglas Federales de Procedimiento de Quiebras aplicarán a un caso bajo este título y a todos los procedimientos civiles derivados de o relacionados con casos a tenor con este título”, pero antes, la junta fiscal debe presentar un plan de ajuste de deuda con la petición al tribunal. El gobierno actual tampoco ha cumplido con la presentación de estados financieros auditados para el año fiscal 2016, cuya fecha límite de presentación fue el 1 de mayo.