Puerto Rico 04 febrero 2022

Urgen los servicios de salud mental para menores

Profesionales reaccionan ante la muerte de una niña de nueve años

“Estas tragedias van a seguir ocurriendo”.

Esa fue la dura expresión del expresidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, Larry Emil Alicea Rodríguez, en torno al aparente suicidio de una niña de apenas nueve años, en Caguas, y ante la falta de servicios en la Isla para atender situaciones de vulnerabilidad y de salud mental en niñas y niños, además de la falta de comunicación entre las agencias de gobierno, entre otros factores que identificó.

A su juicio, lo más triste es que estas situaciones se pueden prevenir si el gobierno asigna los recursos para mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan con niños y se ocupara de mejorar los protocolos de intervención.

“Los profesionales del trabajo social están preparados para identificar indicadores de peligrosidad, de depresión y hasta de intención suicida”, declaró en entrevista telefónica con EL VOCERO.

Alicea Rodríguez agregó que la presencia de estudiantes en las escuelas se considera un factor de protección porque el menor está visible para los maestros, quienes se pueden dar cuenta si algo le pasa.

Indicó que las ausencias de un estudiante automáticamente levantan bandera. En el caso de la niña, se ha informado que al parecer tenía un patrón de ausentismo escolar.

“Eso de por sí tenía que activar todas las alarmas y aunque no hubiese maltrato físico visible, no se podía despachar sin averiguar si estaba deprimida, ansiosa, algo pasaba… y los trabajadores sociales debieron alcanzar a la niña para ver qué era”, expresó Alicea Rodríguez.

Ambos coincidieron en que los paradigmas de lo que constituyen señales de peligro se tienen que revisar y atemperar, ya que actualmente hay mucho énfasis en el maltrato físico y sexual —que entienden debe que seguir siendo monitoreado— pero sin menoscabar la importancia de aspectos como la negligencia o el maltrato emocional, que también tienen consecuencias serias.

Alicea Rodríguez puntualizó que hay que llegar a los tribunales si es necesario y se tienen que abrir las avenidas para que cada profesional pueda tomar iniciativas de forma expedita si hay señales de que algo no anda bien.

El trabajador social sostuvo que el caso pone de manifiesto que no hay supervisión adecuada en las agencias y no hay la comunicación interagencial. Expresó, además, su desacuerdo con las expresiones que alegan falta de comunicación entre la escuela y el Departamento de la Familia (DF).

“Es bien triste ver este ‘tirijala’ de que nadie quiere asumir la responsabilidad y todo el mundo la achaca a los trabajadores sociales del Departamento de Familia”, puntualizó el también profesor adjunto de la Universidad de Puerto Rico.

Informó que en Puerto Rico hay cerca de 800 profesionales del trabajo social, que son menos de la mitad de los que había hace 10 años.

“Se tiene que cambiar la visión de que todo maltrato es responsabilidad del Departamento de la Familia. La escuela tiene responsabilidad, la Administración de Vivienda Pública tiene responsabilidad, los maestros también, pero el mejoramiento de las condicionales laborales, es esencial”, insistió Alicea Rodríguez.

La psicóloga Kalitza Baerga Santini, por su parte lamentó que no hayan hospitales de salud mental para niñas y niños, por lo que solo las familias con plan médico y recursos pueden llevar a sus hijos a hospitales privados.

La también expresidenta de la Asociación de Psicología sostuvo que existe un gran estigma en torno a la salud mental y que no se le presta la atención que requiere.

Agregó aunque es evidente que hay deterioro a todos los niveles —debido a las secuelas que se arrastran del paso del huracán María, los temblores y la pandemia— la crisis económica que vive el País y que enfrentan las familias dificulta aún más la situación.

Cifras de la Comisión Para la Prevención en el Suicidio, adscrita al Departamento de Salud, apuntan a que entre enero y noviembre del año pasado, se registraron cinco suicidios de menores de 19 años.

En el año 2020, también se reportaron cinco suicidios entre niños y adolescentes. En el 2019 y en el 2018, respectivamente se registraron cuatro suicidios, pero en el 2017 y en el 2016 hubo nueve cada año.

Los datos indican que en 2020, a través del Centro de Control de Envenenamiento se recibieron 175 llamadas relacionadas con adolescentes que intentaron suicidarse, entre ellos un menor de 10 años.

Los datos de 2021 no se desglosan por grupo de edad y los recabados por la línea Pas tampoco se desglosan en la página de la comisión por grupos de edad.

Al cierre de esta edición no se obtuvo del Departamento de la Familia la cantidad de referidos en espera de que se les asigne un trabajador social.

Fuente: elvocero.com

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