Abril finalizó con censura, intimidación y amenazas a la libertad de expresión en Venezuela

En el cuarto mes del año periodistas (32%), medios de comunicación (23%) y ciudadanía en general (14%) fueron las principales víctimas, mientras que los responsables de la mayoría de los casos fueron las instituciones del Estado, cuerpos de seguridad y funcionarios. Al menos 8 detenciones por expresarse ocurrieron en abril. La mitad de las víctimas (4) son trabajadores de la prensa quienes fueron detenidos mientras realizaban coberturas informativas. Los cuerpos de seguridad muestran su fuerza contra los periodistas en cobertura. El lunes 5, funcionarios de la Brigada Hospitalaria de la Policía de Aragua (Poliaragua) detuvieron al periodista José Rafael Ramírez y a la estudiante Carmen Ramírez, cuando fotografiaban la fachada del Hospital Central de Maracay para ilustrar un trabajo sobre el Covid-19. La comandante de ese puesto, la comisionada Eneida Mejía insultó a Ramírez, le decomisó el carnet de prensa e intentó quitarles los teléfonos y borrar el material que habían hecho hasta el momento, pero ellos se negaron a entregarlos. «Ocurrió que estabamos tomando unas fotos de a fachada del HCM para ilustrar un trabajo sobre el Covid-19, cuando fuimos detenidos con el argumento de que por orden del gobernador del estado, Marco Torres está prohibido tomar graficas en el area del Hospital»1 detalló Ramírez. En el estado Zulia, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron, desnudaron y borraron el material informativo, a los periodistas Lenin Danieri y Edwin Prieto mientras cubrían la protesta de los miembros de la comunidad Yukpa, el martes 27 de abril. La detención ocurrió cuando los periodistas regresaban de cubrir un evento en Machiques y a la altura del punto de control de La Villa del Rosario notaron una cola de vehículos causada porque la GNB cerró la vía en ambos sentidos para frenar el paso de los yukpas. En entrevista con Espacio Público, Prieto contó que «había una cola larga. Nos bajamos. Vimos que la guardia impidió el paso de los yukpa que venían desde la Sierra e iban a Maracaibo para hablar en la Gobernación porque supuestamente les deben unas casas y unas bolsas con comida. Como grabábamos, uno de los guardias se nos acercó y nos dijo que no podíamos grabar»2. El lunes 26 de abril, funcionarios de la Policía del estado Apure detuvieron al activista político, Francis Bolívar, después de difundir un video en redes sociales en el que denunciaba fallas en el suministro de gasolina en la entidad. En el video, Bolívar explicó la crisis de combustible que se vive San Fernando de Apure y las consecuencias que esta tendría para los que dependen de ella para trasladarse y poder trabajar después de varias semanas sin despacho. Restricciones en Internet La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) informó que un doble corte de fibra incomunicó a cinco estados del país, el sábado 3 de abril. “Motivado a doble corte de fibra óptica se encuentran parcialmente afectados los servicios de telecomunicaciones en distintas localidades de los estadosNueva Esparta, Monagas, Bolívar, Sucre y Delta Amacuro”, publicó la compañía en Twitter a través de su Sala de Prensa. Cinco días más tarde, el observatorio de Internet, Ve Sin Filtro, reportó una caída del servicio de Internet ABA de Cantv. Ve Sin Filtro detalló que la falla se originó luego de que un apagón eléctrico afectara la conectividad de varios estados del país, siendo los más afectados, Táchira y Mérida. A pesar de que se trató de una falla nacional, el observatorio indicó que afectó en 18 % los valores en los estados andinos. Las restricciones de Cantv no se limitan a una infraestructura deficiente, el jueves 8 de abril, bloqueó la página web de la ONG Acceso a la Justicia. Se trató de un bloqueo HTTP/HTTPS, que requiere el uso de VPN para poder acceder a la web y vencer la censura. A través de su cuenta en Twitter Acceso a la Justicia aseguró que el bloqueo se extendió a Movilnet y que por medio de Digitel y Movistar aún se podía -hasta ese entonces-, ingresar a la web. La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a El Nacional pagar 13 millones de dólares ($ 13.366.800) como indemnización por daño moral a Diosdado Cabello, el viernes 16 de abril. El procedimiento civil contra El Nacional comenzó el 11 de agosto de 2015, luego que Diosdado Cabello denunciara al medio de comunicación social por una réplica de información del diario ABC de España, que señalaba que Cabello tenía vínculos con el narcotráfico1. Actualmente, por medio de sentencia de la Sala de Casación Civil, la magistrada Yván Darío Bastardo Flores decidió que el medio estaba condenado a pagar una suma de 237.000 Petros (cada petro equivale a $56.41, de acuerdo a la calculadora de Petro2). Esta suma da un aproximado de 13,369,170.00 dólares americanos. Este monto se establece mediante un procedimiento de indexación desproporcionado y arbitrario de la Sala de Casación Civil del TSJ, el cual se ordenó aplicar desde el momento que comenzó la demanda hasta que la decisión quede definitivamente firme. Cuatro días más tarde, el ilegítimo TSJ ordenó la suspensión de la programación de Radio Rumbos 670 AM, y el desalojo de su sede, ubicada en el municipio Chacao del estado Miranda. A través de la red social Facebook los directivos de la emisora denunciaron la decisión del TSJ de suspender la programación, situación que afectaría también al Circuito Gigante Rumbos. De acuerdo a la sentencia del TSJ, publicada en 2017 existe un contrato de comodato entre la empresa Lionese Real State Corporation contra Radio Rumbos. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, amenazó en su programa de televisión, Con el Mazo Dando a los periodistas que vayan al estado Apure a cubrir el conflicto armado en el estado de Apure. Cabello aseguró que los periodistas «solo van a sembrar el odio» y que por eso serán considerados «enemigos». “En este momento, quien entre ahí a hacerle el juego al enemigo debe ser considerado enemigo. No es verdad que van a cubrir la noticia, no, ellos van es a sembrar el odio (…) y la cizaña contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, contra el Gobierno bolivariano, y a hacer creer al mundo que el Gobierno colombiano es el que está ayudando a los venezolanos”, expresó. Estas declaraciones surgieron justo una semana después de la desaparición de periodistas y activistas que estaban en el lugar del conflicto. En otro hecho, la coordinadora del medio oficialista Ciudad Maracay, María Fernanda Pérez hostigó a la corresponsal de Crónica Uno, Gregoria Díaz, por la publicación de un reportaje sobre el déficit de camas para pacientes con coronavirus en el estado Aragua, el pasado 14 de abril. A través de sus estados de WhatsApp la coordinadora de Ciudad Maracay calificó de «palangrista» y «miserable» a raíz de la publicación de un trabajo, en el portal Crónica Uno, sobre la situación de las camas para pacientes con coronavirus, en el Hospital Central de Maracay.