EEUU le asesta uno de los golpes más duros al régimen de Maduro

Para la fiscalía de EE.UU., el caso de Saab es el más valioso y un ejemplo a seguir de cara a futuro. El martes, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde confirmó la constitucionalidad de la detención y extradición de este empresario, que ya ha dicho que no traicionará a Maduro. Saab fue arrestado en Cabo Verde el 12 de junio de 2020, requerido por lavado de dinero y ser supuestamente nodo central en una compleja red de narcotráfico y fraude con contratas públicas ayuda gubernamental. Una demanda de la Fiscalía de 2019, ante un juzgado de Nueva York, acusa directamente a Saab de conspirar para apoyar materialmente a Hezbolá, la milicia libanesa con lazos con Iran acusada por EE.UU. de terrorismo. Está también en busca y captura por ocho cargos de soborno y lavado de dinero en Florida al canalizar más de 350 millones de dólares (295 millones de euros) a cuentas en el extranjero, incluido EE.UU. Ahora, las agencias federales norteamericanas amasan también pruebas sobre sus lazos con Irán. Esas otras investigaciones de EE.UU., más recientes, acusan al empresario, nacido en Colombia pero afincado en Venezuela antes de su arresto, de servir de intermediario de Maduro para sortear sanciones al crudo. El empresario tuvo su primer contrato con el régimen chavista en 2011, al hacerse cargo de la construcción de viviendas de bajo coste por 685 millones de dólares. Ese contrato le permitió a Saab, según la Fiscalía norteamericana, establecer toda una operación de lavado de dinero tras lograr una tasa de cambio muy ventajosa por parte del Gobierno de Venezuela. El nombre de Saab también apareció en los llamados Papeles de Panamá, ya que según esos documentos utilizó los servicios de la firma Mossack Fonseca para establecer entre otras las empresas opacas Seafire Foundation, Lintel Overseas y P I Proment International Sociedad Anónima Kingstone Team Inc. La detención del Pollo El jueves, la Policía Nacional española, con la colaboración de la DEA, detuvo en Madrid a Carvajal, apodado El Pollo, que estaba en paradero desconocido desde noviembre de 2019, cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó extraditarlo a EE.UU. Carvajal fue jefe de la inteligencia militar de Venezuela, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), por más de siete años. En febrero de 2019, Carvajal reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y huyó de Venezuela. Fue arrestado en España, y luego huyó. La Administración Trump pidió en varias ocasiones al gobierno español que le capturara y lo extraditara. En marzo de 2020, el departamento de Estado ofreció por pistas que llevaran a su paradero 10 millones de dólares de recompensa. La Fiscalía estadounidense había denunciado a Carvajal en 2014 ante un juzgado de Nueva York por el envío en 2006 de 5.600 kilos de cocaína a México, con destino Nueva York. Es por esta causa que será extraditado desde España. Según dijo la fiscalía neoyorquina el viernes, Carvajal se enfrenta a la perpetua en EE.UU. solo por ese caso. Además, Carvajal tiene pendiente otra causa en Florida por colaborar con el cártel colombiano del Norte del Valle para la exportación de cocaína que también llegó para su consumo en EE.UU. entre 2004 y 2008. Aparte de sus causas abiertas, Carvajal está en la lista de sanciones del Tesoro norteamericano por su relación con el narcotráfico cuando era jefe de la inteligencia militar venezolana. Se le acusa de colaborar con la guerrilla colombiana de las FARC para proteger los envíos de cocaína entre ambos países y de dar armas a los insurgentes para que mantuvieran el control del departamento fronterizo de Arauca, donde se cultiva la coca y que es crucial para estas actividades ilícitas de las que depende el chavismo. El grupo de inteligencia ‘Insight Crime’ ha aportado pruebas al Departamento de Justicia norteamericano de la colaboración de Carvajal con el narcotraficante venezolano Walid Makled, -capturado, juzgado y condenado a 14 años de cárcel en 2015- quien contó a la fiscalía que le pagaba a Carvajal hasta 50.000 dólares a la semana por el permiso de seguir con sus negocios ilícitos.