Entre las estrategias del régimen venezolano para enfrentar las denuncias por violación de Derechos Humanos y burlar la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI), está buscar “responsables” de los hechos atroces que han cometido y los que ocurrirán posteriormente. Para liberar a los funcionarios de Dgcim y Sebin de responsabilidades fijan sus ojos en los funcionarios del Ministerio Penitenciario, a quienes hicieron firmar un contrato obligándolos a permanecer diez años al servicio de la DGCIM.
La estrategia del régimen venezolano para burlar a la Corte Penal Internacional
La Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleíta, Caracas, cambió el director, todo el personal y ya no hay rastro de las salas de tortura
“Es un contrato irrevocable”, confiesa a Infobae un custodio que no entiende esa nueva figura legal. A criterio de este funcionario, que ahora presta servicio en Boleíta, “hay algo oscuro en eso porque ni siquiera nos explicaron qué significaba. No entiendo cómo es que pertenecemos a un organismo, pero nos obligaron a firmar un contrato así a otro. Le confieso que eso da miedo, porque ya uno sabe lo que ha sucedido en este sitio y podemos terminar como responsables los que nada tenemos que ver”.
Desde la publicación en la Gaceta Oficial Nr. 42.125 del 12 de mayo 2021, el decreto 4.610 ordena a la DGCIM y al SEBIN transferir el ejercicio de las funciones de custodia de los detenidos al Ministerio Penitenciario. Es así como los principales centros de tortura de los organismos de Inteligencia ya no son parte de los cuerpos de Inteligencia. El traslado de los detenidos ha durado meses y aun no concluye, especialmente por la gran cantidad de presos políticos militares y civiles.