La Justicia de Cabo Verde decidirá antes del 24 de agosto si extradita a EEUU a Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro

El Tribunal Constitucional de Cabo Verde anunció que comunicará el 24 de agosto, como muy tarde, su decisión sobre la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, acusado de blanqueo. El tribunal se reunió el viernes en audiencia pública, sin que Alex Saab estuviera presente, pese a que lo había solicitado. Tras haber escuchado a las dos partes, el tribunal se reunió a deliberar y anunció que comunicaría su decisión para el 24 de agosto, constató una periodista de la agencia de noticias AFP. Saab es acusado por Estados Unidos de manejar una vasta red para que Nicolás Maduro y su régimen pudiera desviar en su beneficio ayuda alimentaria con destino a Venezuela. Inculpado en julio de 2019 en Miami por blanqueo de dinero, fue detenido durante una etapa técnica de su avión en Cabo Verde a mediados de junio de 2020. En marzo, el Tribunal Supremo de Cabo Verde ratificó su extradición. Saab se encuentra en arresto domiciliario y había presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. Saab denunció una “injusticia” vinculada a “la naturaleza política” de su arresto y las investigaciones abiertas contra él en Estados Unidos, en un correo enviado el miércoles a los jueces del Tribunal Constitucional. El viernes, cerca del Tribunal, se manifestaron unas 300 personas reclamando la puesta en libertad de Alex Saab y que se anule el procedimiento de extradición. “Cabo Verde es un país muy pequeño y sus autoridades no deberían implicarse en unas cuestiones que nos superan”, explicó a la AFP un joven manifestante, Edson Guido. Con su socio, Álvaro Pulido, también acusado de lavado de dinero, Saab, de 49 años, habría transferido 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas extranjeras de su propiedad o que controlaban. Ambos podrían ser condenados a hasta 20 años de cárcel. El régimen venezolano, que otorgó a Saab la nacionalidad y le da trato diplomático con un título de Enviado Especial, ha calificado la detención de “arbitraria”. El último pedido de la defensa de Saab La defensa del empresario colombiano pidió que se tengan en cuenta las “motivaciones políticas” del caso. Según declaró a los medios uno de los letrados de Saab, Geraldo Almeida, “el carácter político de las acusaciones y la solicitud de extradición quedó claramente demostrado durante todo el proceso”, algo que contradice la Constitución caboverdiana, que prohíbe cualquier extradición por motivos políticos. Los abogados hicieron esta solicitud este viernes en una vista clave para el empresario colombiano, donde el Tribunal Constitucional (TC) de esta nación isleña africana debía evaluar los recursos presentados por la defensa de Saab en relación a las circunstancias de su arresto. En concreto, la corte debía decidir ayer sobre una solicitud que defiende la inconstitucionalidad de la detención de Saab (Inspección Concreta de Constitucionalidad) y sobre un recurso de amparo interpuesto por sus letrados. El TC caboverdiano, sin embargo, no reveló su decisión y anunciará su veredicto en un plazo máximo de 10 días. La defensa de Saab hizo referencia también al principio de “doble incriminación”, según el cual los hechos por los que se solicita una extradición deben ser constitutivos de delito en ambos países, algo que no sucede en este caso, ya que los delitos que alega Estados Unidos no existen en el país africano. Bajo el mismo principio, el TC también debería averiguar si existe alguna acusación de carácter penal contra Saab en su país de origen, Venezuela, porque “si no hay delito en Venezuela, no puede haber ningún crimen en Cabo Verde”, aseguró Almeida. Por otro lado, el fiscal general, José Landim -a quien Saab denunció esta semana junto con los inspectores de la policía judicial que intervinieron en su detención por delitos de integridad física, tortura o tratos degradantes, entre otros-, no añadió nuevos argumentos y siguió manteniendo que no se había producido ninguna inconstitucionalidad.