Voluminosa prueba en caso de fraude

Más de 18,000 documentos —entre los que figuran récords financieros, cuentas bancarias y órdenes de registro— son parte de la voluminosa evidencia contra la exsecretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, y otras cuatro personas acusadas de participar en tres esquemas de fraude de fondos federales por $15.5 millones. Así lo informó el fiscal federal José Capó durante la primera vista de estatus del caso ante el juez Pedro Delgado, a la que comparecieron los abogados de los seis acusados. A preguntas de Juan Ramón Acevedo, uno de los representantes legales de Fernando Scherrer —socio de la firma de asesoría financiera BDO— Capó indicó que el ministerio público le ha suministrado a la defensa toda la prueba contra los acusados. La misma será analizada por la defensa en los próximos 60 días. La exfiscal federal María Domínguez, quien representa a Keleher, anticipó que radicará varias mociones, entre estas una en la que se dispone “cambiar la composición de la acusación”. Delgado comentó que el magistrado Bruce McGiverin tiene ante su consideración la solicitud de Scherrer para que se le reduzca la fianza de $2 millones a $30,000 y que se le permita viajar a Washington para sostener reuniones con su otro abogado, Abbe Lowell. Una rebaja de 98.5% Sobre el asunto, el fiscal Alexander Alum —quien junto a Capó y a Marie Christine Amy estará a cargo del caso— radicó una moción en la que se opuso a la modificación de la cantidad de la fianza. Expuso que la reducción es de un 98.5% o $1,970,000. Planteó que Scherrer falla en articular una razón legalmente justificable para tal rebaja. El fiscal afirma que la evaluación individualizada que hizo el magistrado McGiverin —quien presidió la vista de fianza— tomó en consideración la historia y las características de Scherrer, que incluyen el hecho de que es un hombre de negocios rico con la capacidad de pagar el monto de la fianza impuesta. Alum argumentó que de resultar culpable, Scherrer se expone a ser sentenciado a hasta 20 años de cárcel por cada cargo de fraude electrónico y que esto puede ser un incentivo para irse a la fuga. Sostuvo que el acusado tiene lazos en el extranjero. Agregó que Scherrer ha sido acusado de múltiples delitos federales por participar en “prácticas comerciales perfectamente ordinarias que lamentablemente son demasiado comunes en esta jurisdicción”. El pasado 10 de julio, un gran jurado emitió una acusación de 32 cargos contra el contratista de BDO, Alberto Velázquez Piñol. También contra Keleher, Ávila, Scherrer, Glenda Ponce —exayudante especial de Keleher en el DE— y su hermana Mayra Ponce, dueña de la compañía Colón & Ponce. De acuerdo con la acusación, el esquema de fraude de contratos ascendió a $15.5 millones: $13 millones en el DE y $2.5 millones en ASES. Asimismo, el pliego acusatorio alega que Velázquez Piñol participó en los tres esquemas de fraude. Se alega, además, que BDO utilizó el acceso e influencia que tenía Velázquez Piñol sobre Keleher para someter propuestas y obtener contratos con un valor en exceso de $13 millones en el DE. Estos contratos eran pagados con fondos federales. Los contratos contenían unas cláusulas en las que se prohibía la subcontratación de servicios y el pago de cabilderos. BDO incumplió con ambas. A cambio de las gestiones que hizo Velázquez Piñol con Keleher para obtener los contratos, BDO utilizó fondos federales para pagarle comisiones por un 10% del valor de lo contratado. En el esquema de ASES, se alega que BDO utilizó el acceso e influencia que tenía Velázquez Piñol sobre Ávila para someter propuestas y obtener contratos con un valor en exceso de $2.5 millones. Los contratos también fueron pagados con fondos federales.