El gobierno cubano ha establecido por primera vez un marco legal para la renuncia a la ciudadanía, pero con una condición clave: la decisión final no depende del ciudadano, sino del propio Estado.
La nueva Ley 172/2024, publicada en la Gaceta Oficial, regula el procedimiento, aunque introduce un sistema altamente controlado donde la aprobación es obligatoria para que la renuncia tenga efecto legal.