Cuba militarizará y repartirá armamento a cubanos en aéreas civiles urbanas y rurales

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) de Cuba ha decretado la custodia armada y la declaración como áreas militares de \"zonas de producción agropecuaria, de inversiones constructivas y de montaje, y otras áreas urbanas y rurales\". Según la Resolución 9/2024, publicada en la Gaceta Oficial número 46 de 2024, esta medida se adopta para \"incrementar la seguridad y protección física\" de estas zonas, considerándolas de interés para la defensa. La normativa ordena el uso de armamento, específicamente escopetas y armas con munición de perdigones de diferentes calibres, para la seguridad y protección de estas áreas. Además, dispone que los jefes y directores de las entidades responsables de estas zonas aseguren que el personal encargado de la guardia y protección posea la licencia de Segunda Clase, conforme a lo establecido en el Decreto-Ley 262 \'Sobre Armas y Municiones\', del 12 de noviembre de 2008, Artículo 61. La resolución también establece la necesidad de incluir en el plan de Preparación para la Defensa la relación numérica del armamento a utilizar y su autorización de explotación. Sin especificar detalles sobre las áreas de interés militar a crear, la resolución indica que los jefes y directores deben garantizar las guardias armadas, la entrega y recepción de armas, así como la preparación militar del personal. Además, se responsabilizan por el uso racional de las municiones y su reposición ante la Dirección de Armamento en caso de agotamiento. Estas nuevas áreas deben ser señalizadas con carteles en español e inglés con la inscripción \"NO PASE ZONA MILITAR\", y se prohibirá el acceso a personas no autorizadas. En la misma edición de la Gaceta, la Directiva 1 del Consejo de Defensa Nacional introduce modificaciones en las estructuras organizativas de la defensa en las administraciones provinciales y municipales del Poder Popular. Se establece que las direcciones o departamentos independientes de la Defensa en estos gobiernos serán asumidos por \"militares en servicio militar activo\". Los jefes de direcciones de la Defensa en las administraciones provinciales serán aprobados por la Comisión Superior de Cuadros del MINFAR, con el consentimiento del presidente del Consejo de Defensa correspondiente, y presentados al gobernador para su nombramiento. Esta misma disposición se aplica a los jefes de departamentos independientes de la Defensa en las administraciones municipales, quienes serán aprobados por las comisiones de cuadros de los ejércitos y presentados al Consejo de la Administración Municipal para su nombramiento. El jefe de dirección de la Defensa en cada provincia deberá ostentar el grado de coronel o superior, y poseer nivel de preparación militar de posgrado en Mando y Estado Mayor Operativo-Estratégico o Táctico Operativo, además de especialidad o diplomado en Defensa y Seguridad Nacional. Para ser jefe de departamento independiente de la Defensa en el municipio se requiere ser primer oficial, haber ocupado cargos de mando o dirección, y poseer nivel de preparación militar de posgrado de I grado de tropas generales o superior. El personal restante de estas dependencias será seleccionado por su capacidad para cumplir las obligaciones y atribuciones según la misión y funciones de la unidad organizativa. Los militares designados en estos cargos se subordinan militarmente al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, pasan a situación de servicio especial, y mantienen sus derechos y deberes conforme a la legislación vigente. El MINFAR se encargará de los aseguramientos necesarios para el cumplimiento de estas funciones, incluyendo teléfonos celulares y medios de transporte, gestionados por las regiones militares. La asignación de recursos de la especialidad de Tanques y Transporte será realizada directamente por el MINFAR, responsable también de la ejecución y control de los niveles de actividad relacionados con la asignación de presupuesto, medios técnicos, y la reparación de los vehículos. Estas disposiciones, aunque parecen enfocarse en la seguridad de los recursos estatales ante el incremento de la inseguridad en la Isla, también sugieren un refuerzo del aparato represivo en respuesta a las crecientes manifestaciones y protestas populares en Cuba.

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