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El golpe definitivo llegó con la decisión de mantener a Cuba en la Lista de Países que Patrocinan el Terrorismo. Esto disipa las especulaciones sobre la posibilidad de que, en los últimos días de su mandato, el presidente Biden pudiera retirar a La Habana de esta lista negra, en la que también figuran Corea del Norte, Irán y Siria. La medida deja al régimen cubano sometido a estrictas sanciones por su apoyo al terrorismo internacional. La permanencia de Cuba en esta lista fue confirmada en el Informe sobre Terrorismo 2023 del Departamento de Estado. Entre las razones expuestas, se señala que la isla “continúa albergando a varios prófugos de la justicia estadounidense buscados por cargos relacionados con violencia política, muchos de los cuales han residido en Cuba durante décadas”. El informe fue publicado un día después de que el secretario de Estado, Antony Blinken, asegurara en una comparecencia ante el Congreso que no habrá cambios en la política hacia Cuba durante los últimos días del actual gobierno. El anuncio supone un duro golpe para el gobierno cubano y coincide con una audiencia celebrada en el subcomité de Salud Global, Derechos Humanos y Organizaciones Internacionales del Congreso de Estados Unidos. En este foro, figuras como el congresista republicano Christopher Smith, la excongresista Ileana Ros-Lehtinen y María Werlau, directora de Archivo Cuba, defendieron la continuidad de las sanciones y el embargo contra lo que calificaron como “uno de los regímenes más represivos y brutales del mundo”, que, según ellos, representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. La reacción del gobierno cubano no se hizo esperar. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla calificó la inclusión en la lista como “espúria” y criticó las declaraciones de Blinken, asegurando que fueron realizadas bajo un “histérico interrogatorio de representantes de la mafia anticubana”. Rodríguez Parrilla arremetió contra la decisión de Washington, que endurece las restricciones y aleja la posibilidad de un alivio en las sanciones económicas y políticas impuestas a la isla. Contexto de la Ley Helms-Burton La solicitud de una aplicación estricta de la Ley Helms-Burton por parte de sectores políticos estadounidenses busca limitar los viajes, las remesas y cualquier forma de ayuda que pueda beneficiar al gobierno cubano. Esta legislación, aprobada en 1996, refuerza el embargo económico y permite sancionar a empresas extranjeras que mantengan negocios con propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses por el régimen cubano. Críticos de la ley argumentan que perjudica al pueblo cubano, mientras que sus defensores sostienen que es una herramienta clave para presionar por cambios democráticos en la isla. Con esta decisión, el gobierno de Biden cierra cualquier posibilidad de reanudar las políticas de acercamiento impulsadas por Obama, manteniendo firme su postura hacia el régimen cubano en medio de crecientes demandas por una aplicación rigurosa de las sanciones existentes.

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