Educación presenta su presupuesto para el próximo año fiscal

La secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, propuso un aumento en fondos estatales en el presupuesto de $1,200 millones de la agencia para el próximo año fiscal 2019-2020, así como un cambio sustancial en la metodología y manejo del mismo. Según un análisis preparado por el equipo del departamento, el estado de deterioro que han padecido a través de los años las instalaciones y servicios que presta el sistema educativo tienen su origen mayormente en el limitado presupuesto asignado con relación a las necesidades básicas del sistema y las iniciativas de inversión estratégica que se requieren. Keleher planteó que básicamente los problemas con el presupuesto incluyen “una asignación deficiente con respecto a las necesidades básicas, que no está basado en metas estratégicas ni estándares operacionales y que el método en el que se desglosa no permite visibilidad sobre las asignaciones ni el uso de los fondos”. Reconceptualizar el método del presupuesto La secretaria y su equipo trabajaron en un análisis comparado sobre las asignaciones presupuestarias en otras jurisdicciones similares a Puerto Rico, así como la correlación entre la asignación de fondos al sistema educativo con respecto a la asignación de fondos a otros servicios esenciales, como por ejemplo salud y seguridad, entre otros. “Estudiar y analizar cómo asignan el presupuesto para servicios básicos en otros lugares puede arrojar luz sobre mejores prácticas para hacer nuestro presupuesto a nivel local”, explicó Keleher. En algunas de las jurisdicciones de referencia se asigna hasta un 20% del presupuesto consolidado a la inversión para educación, lo que en Puerto Rico supondría una asignación de $5,100 millones. No obstante, la realidad presupuestaria actual es que se recibe la mitad de eso a través de fondos combinados estatales y federales. Asimismo, el análisis realizado por la agencia enfoca en otros métodos que también se utilizan en distintas partes del mundo a la hora de confeccionar el presupuesto de sistemas educativos, como es el caso de la fórmula del per pupil o fórmula por alumno, que permite estandarizar las asignaciones. “La ventaja de incluir esta fórmula como parte del método del cálculo presupuestario es que toma en consideración factores relevantes como nivel de pobreza, limitaciones del lenguaje, si es una escuela rural, especializada y el nivel de los grados, entre otros elementos”, expresó Keleher. Este enfoque permite que se identifique la cantidad de fondos en total que serían necesarios para atender a esa población. Los datos recopilados por la agencia reflejan que el promedio por estudiante de gastos directos en Estados Unidos es de $12,526 mientras el de la Isla sería de $5,250, a pesar de las necesidades de esta población. Presupuestar para lo básico y para iniciativas estratégicas La secretaria propuso que a la hora de diseñar el presupuesto es preciso tener en cuenta dos grandes partidas principales. Una sería la partida asignada a cubrir las necesidades básicas, que son todos aquellos servicios indispensables para poder garantizar una operación ágil y eficiente del sistema en función de brindar una oferta de calidad para todos los estudiantes. Esas necesidades básicas se dividen en servicios directos y el renglón administrativo. Entre ellas se incluirían contar con una facultad completa en cada plantel, tener servicios de enfermería, poder comprar libros actualizados, suplir materiales instruccionales, utilidades, transportación, seguridad, servicios de alimentos, mantenimiento, reclutamiento, infraestructura tecnológica, nómina, contabilidad, etcétera. Según la funcionaria, la realidad actual es que muchas de esas necesidades básicas se están cubriendo con fondos no recurrentes. Ese ha sido el caso de la compra de libros, de materiales, de pintura para los planteles, de arreglos a la infraestructura, la inversión en tecnología, los servicios de enfermería y psicólogos, así como la inversión en seguridad, entre otros. Estos servicios han requerido una inversión de sobre $500 millones, casi todos provenientes de ayudas federales con fondos no recurrentes. La de inversión en iniciativas estratégicas, que sería la segunda gran partida del presupuesto, se refiere a todos los esfuerzos que permiten o viabilizan cambios en cómo opera el sistema para mejorar su rendimiento. Estas iniciativas se dividen a su vez en aquellas de índole educativa y de índole gerencial. Algunos ejemplos de las iniciativas vinculadas a aspectos educativos serían los programas de STEM, vocacionales, educación temprana, bilingüismo, acceso a tecnología y desarrollo profesional para maestros y directores. Desde el punto de vista gerencial, las iniciativas incluirían el mejoramiento de sistemas de información para un uso más eficiente de los recursos, la creación de las regiones y la reorganización del nivel central, la conversión de maestros transitorios en permanentes, ajuste salarial de los maestros, entre otras. Para presupuestar las iniciativas estratégicas, Keleher propuso que se estimen los costos de la inversión a partir de las necesidades de cada escuela y que se haga un análisis comparado de otras jurisdicciones para que se tomen decisiones a partir de referencias sobre mejores prácticas. La inversión estimada al momento para este renglón de iniciativas estratégicas es de $871 millones. La secretaria expresó que comprende el escenario fiscal de la Isla, pero recalcó que es su responsabilidad también dar la batalla por demostrar las necesidades apremiantes del sistema y aquellas inversiones que son requeridas para llevarlo al nivel de calidad que toda la ciudadanía está exigiendo y que los niños merecen. “Entendemos que las restricciones fiscales nos obligan a ajustar nuestras expectativas a que no contaremos con un presupuesto ideal. Sin embargo, debemos justificar nuestras necesidades de forma transparente para poder aspirar a llegar a acuerdos por cifras óptimas que permitan la prestación de servicios de mejor calidad a nuestros estudiantes”, dijo la funcionaria. Asimismo, señaló que ya el sistema mismo atravesó un proceso de redimensionamiento, por lo que en esta etapa se deben hacer esfuerzos por identificar eficiencias que se pueden generar en otras partidas del gobierno como potencial fuente adicional de recursos para cubrir la necesidad en el sistema educativo. “Esto es así porque no debemos perder de perspectiva que la inversión en la educación es una inversión en el futuro del país y sus individuos”, añadió. Énfasis en la transparencia Por otra parte, la secretaria hizo énfasis en que la reconceptualización del presupuesto debe incluir que sea más transparente. Por lo que recomendó dar a conocer cuánto se asigna a cada escuela en cada región y promover mecanismos de fiscalización del uso de los fondos así como de rendición de cuentas. Para cumplir con esto, la recomendación es que se especifique claramente, también para el ciudadano, a qué se asignarían las partidas de fondos en cada región. Por ejemplo, cuánto iría destinado a servicios directos al estudiante y cuánto a asuntos administrativos. Otro aspecto importante de la transparencia es la rendición de cuentas, es decir, poder atar inversión con resultados. “Esta parte supone que podamos responder a las preguntas básicas que hoy día no podemos responder con el método que se sigue para la asignación del presupuesto. Eso incluye poder responder cuánto es el gasto por cada escuela en cada región, cuánto se gasta en nómina en escuelas regulares, cuánto se gasta en servicios básicos y cuánto en asuntos estratégicos, etcétera. Tener respuestas a esto es dar un paso hacia poder explicar al ciudadano de manera más clara y transparente el presupuesto y su uso”, explicó la secretaria.