El caso político de Puerto Rico vuelve ante la ONU

Washington - Con la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal y la votación de status del pasado domingo como nuevos telones de fondo, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas volverá a examinar el lunes el caso político puertorriqueño. Será la primera sesión tras el cambio de gobierno en Estados Unidos, tras la elección de Donald Trump como presidente. Más de medio centenar de organizaciones políticas y comunitarias han solicitado un turno para declarar ante el llamado comité de los 24, que en los últimos años ha aprobado por consenso una resolución que reconoce el derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia. El secretario de Estado, Luis Rivera Marín, representará al gobernador Ricardo Rosselló en la audiencia. Aunque el gobernador decidió no ir a declarar, hoy entregará un informe sobre el plebiscito del domingo - que movilizó 502,000 electores estadistas a las urnas, en medio de un histórico boicot de la oposición que redujo la participación electoral a un 23%-, ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. En la sesión de 2016, el Comité de Descolonización adoptó una moción que estableció un grupo de trabajo que incentivara un diálogo entre el gobierno de EE.UU. y sectores puertorriqueños. La propuesta fue recogida de la ponencia de la entonces candidata a gobernadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, quien volverá a representar a su colectividad el próximo lunes. Aunque el grupo de trabajo intentó acercarse a la misión de Estados Unidos en la ONU, el cambio de administración ha impedido avanzar la idea, indicó Santiago. La ahora comisionada electoral del PIP está convencida de que el plebiscito “no tendrá mayores consecuencias en el Congreso”. Y hará énfasis en que la junta federal que controla las decisiones fiscales del gobierno de Puerto Rico ha colocado a la Isla “en la forma más clásica de coloniaje”. Wilma Reverón, copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), indicó que el texto de la resolución de 2017 no se ha terminado. Pero, incluirá alguna referencia al plebiscito y “celebrará la excarcelación de Oscar López Rivera”. El ex prisionero independentista López Rivera, antiguo militante de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y quien cumplió casi 36 años de cárceles estadounidenses, será uno de los ponentes. Tras participar el domingo en el Desfile Puertorriqueño de Nueva York, López Rivera afirmó a El Nuevo Día que le dio “vergüenza” como se destinaron cerca de $7 millones en un plebiscito que consideró “un ejercicio fútil”. Aunque la resolución de 2016 anticipaba la aprobación de la ley PROMESA, esta vez el texto hará referencia a su vigencia. La ley, que impuso la junta federal por encima de los funcionarios electos de la isla, seaprobó el 30 de junio del año pasado. Cinco meses después de haber asumido el poder, el gobierno de Trump, por el momento, “no ha dado ninguna señal de que esté interfiriendo” con los planes del Comité de Descolonización de aprobar una nueva resolución a favor de la independencia y libre determinación de la Isla, según Reverón. De todos modos, el grupo Puertorriqueños Unidos en Acción (PUA) le envio esta semana una carta al presidente Trump y a la embajadora de EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley, para exhortarle a llevar la posición oficial de su gobierno ante el Comité de Descolonización. Tras un plebiscito boicoteado por el 77% de los electores de Puerto Rico, el portavoz de PUA, el abogado Manuel Rivera, afirmó que “ahora más que nunca” es importante el rol del presidente y el Congreso de EEUU en los esfuerzos por acabar con la situación colonial de la Isla. “Los electores de Puerto Rico”, indico Rivera, se han expresado, \"al boicotear el proceso, rechazar las opciones y el status actual”.