Jenniffer González aboga por más incentivos para atraer manufactura a la Isla

Con el objetivo de revitalizar y crear empleos en zonas deprimidas, la comisionada residente, Jenniffer González, de la mano del gobierno y el sector privado, abogará en el Congreso estadounidense para que se le otorguen a la Isla unos incentivos contributivos que permitirían atraer más manufactura farmacéutica, aeroespacial y de equipo médico. González explicó que presentó en la Cámara federal el “Medical Manufacturing, Economic Development and Sustainability Act” (MMEDS Act), con el que se les ofrecería incentivos federales a empresas que producen equipo médico y farmacéuticas a cambio de creación de empleos e inversión de capital para que se reubiquen en lugares con niveles altos de pobreza o “Distressed Zones”. Según sostuvo, la medida impulsaría el desarrollo económico de la Isla en un renglón que previamente ha probado tener éxito y para el que cuenta con la infraestructura necesaria, el conocimiento y la mano de obra especializada; en momentos en que más de la mitad de la población local vive bajo niveles de pobreza. Sobre el 75% de Puerto Rico sería elegible para la designación de Distressed Zones (DZ). “El objetivo es que Puerto Rico pueda convertirse en la sede de la industria manufacturera farmacéutica, pero también de equipo médico y aeronáutica como un asunto de seguridad nacional doméstica en los Estados Unidos. Sabemos cómo hacerlo, pero necesitamos esos incentivos para lograr más empleo, investigación, desarrollo de productos y un proceso expedito de patente que los atraigan”, afirmó. La comisionada explicó que -de aprobarse la medida- las empresas que se ubiquen en las llamadas zonas de estrés podrían estar recibiendo un 40% en créditos contributivos para salarios y beneficios marginales, 40% de depreciación y amortización de propiedad, así como un 30% para la compra de bienes y servicios. No obstante, señaló que los créditos serían mayores para actividades de investigación y desarrollo, líneas de producción que se reubiquen desde el extranjero o que estén relacionadas a productos de salud poblacional; y para bienes y servicios adquiridos de negocios pertenecientes a minorías. Las empresas que vengan del extranjero recibirán créditos contributivos de 60% para salarios y beneficios marginales; y un 50% para la compra de bienes y servicios. También, podrían tener la oportunidad de escoger entre un crédito de 60% de depreciación de una propiedad u optar por una deducción inmediata de esos costos. Mientras que, las empresas relacionadas a la producción de productos de salud poblacional se podrían beneficiar de 60% en créditos contributivos para salarios y beneficios marginales; 60% de depreciación y amortización de propiedad; y un 50% en compras de bienes y servicios de una DZ. De acuerdo con la medida, los productos de salud poblacional son aquellos medicamentos o dispositivos médicos que han sido identificados por la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico (Barda, en inglés) para atender problemas de salud crónicos que agravan los efectos de las pandemias o que causan un daño desproporcional en las poblaciones vulnerables. González explicó, además, que la medida -también radicada por el senador Marco Rubio en el Senado- busca fortalecer la seguridad nacional de los Estados Unidos, atrayendo la producción extranjera de medicamentos e ingredientes activos a territorio americano. Actualmente, el 80% de los ingredientes activos que utilizan las farmacéuticas estadounidenses provienen de India y China. “Esta medida, bipartita y bicameral, beneficia a la economía local promoviendo el desarrollo de comunidades económicamente desventajadas, evitaría la dependencia extranjera -a nivel nacional- de materia prima, evitando escasez de equipo y suministros médicos, lo que la convierte en una herramienta de seguridad nacional”, señaló la comisionada. También enfatizó que hay varios proyectos en el Congreso y la Casa Blanca, que si se aprueba la medida que presentó, podrían potenciar el impacto de estos. “Lo que buscamos es que Puerto Rico pueda amarrarse a legislación federal para atraer manufactura. Hemos radicado un proyecto en la Cámara que ha sido endosado por todas las organizaciones profesionales locales”, acotó. La medida de González contó con el apoyo del secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, y de diversas organizaciones del sector privado como la Asociación de Industriales, Asociación de la Industria Farmacéutica de Puerto Rico (PIA), la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), entre otras. En las próximas dos semanas, tanto representantes gubernamentales como del sector viajarán a Washington DC para cabildear ante congresistas y otras instrumentalidades federales. Por su parte, Cidre comentó que, en momentos donde se discute una reforma contributiva abarcadora a nivel nacional para financiar el proyecto de infraestructura de la administración y que pudiera afectar significativamente la competitividad de la industria foránea establecida en la Isla, el proyecto de la comisionada residente “representa una herramienta novel y diferente de desarrollo económico; más aún, una iniciativa posible para atraer la cadena de suministros esenciales de vuelta a territorio americano, como medicamentos y productos críticos esenciales para la seguridad nacional”. Según datos de PIA, en la Isla se manufacturan 12 de los primeros 20 productos farmacéuticas más utilizados a través del mundo. La industria farmacéutica genera 18,000 empleos directos y 60,000 empleos indirectos.