La UPR presentará propuesta a la Policía

La Universidad de Puerto Rico (UPR) finalizará esta semana la propuesta que presentará al gobierno para operar la Academia de la Policía, reveló el presidente de la institución, Jorge Haddock Acevedo. De esta manera, la UPR planteará una vía alterna al proceso vigente para establecer una Alianza Público Privada (APP) para administrar la Academia de la Policía y que tiene programado escoger un operador para junio de 2019. El proceso hacia la APP se echó a andar después de que el gobierno recibiera una “propuesta no solicitada” del Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) en agosto de 2017. “No necesariamente vamos a competir (por la APP)”, sostuvo el presidente de la UPR en entrevista con El Nuevo Día. “En nuestro caso, no se consideraría una APP como tal… sería una agencia de gobierno trabajando con la UPR, como indica una orden, que establece que para proyectos con el gobierno, la UPR tiene prioridad”, agregó. La Orden Ejecutiva 21 del 15 de febrero de 2017, del gobernador Ricardo Rosselló, establece que todas las agencias de la Rama Ejecutiva tengan como prioridad contratar a la UPR para recibir servicios profesionales y de capacitación. Amparado en dicha orden, el funcionario aseguró que será “bien riguroso y proactivo en promover la UPR para los servicios que requiere la Policía para servir a la comunidad”. Para la Academia de la Policía, Haddock Acevedo explicó que la UPR presentará al gobierno una propuesta que emana de un plan ya elaborado por el Departamento de Ciencias Sociales y Justicia Criminal del Recinto de Carolina de la institución. “La UPR en Carolina había sometido una propuesta para la Policía Municipal de Carolina, a través del rector Jorge Valentín y su equipo de trabajo”, relató Haddock Acevedo. “Es una propuesta muy completa y es cuestión de adaptarla a la Policía Estatal”. Resaltó que, incluso, “la propuesta impresionó al monitor de la Policía (Arnaldo Claudio), con quien nos reunimos para presentarle la propuesta original y nos manifestó que estaba tan completa, que podíamos considerar la Policía Estatal”. El programa de Justicia Criminal de la UPR en Carolina tiene una amplia trayectoria al ofrecerse en ese recinto desde que abrió entre 1989 y 1990, destacó el profesor Miguel Pérez, quien dirige su División de Educación Continuada y quien trabajó con la propuesta original. Destacó que la propuesta ya contemplaba para los oficiales municipales los requisitos que la Reforma de la Policía exige para los cadetes de la Uniformada estatal. “La Policía también necesita educación continuada llevada a otro nivel y la UPR puede ser la institución idónea en ese proceso”, comentó. Asimismo, señaló que el programa de la UPR en Carolina no solo tiene un costo menor al de instituciones privadas, sino que también cuenta con alternativas, como módulos para estudiar por Internet. Para estos programas de estudio y capacitación, según Pérez, “la UPR tiene peritos que daban cursos en la Academia de la Policía”. “La inmensa mayoría (de los cadetes ya) tiene un grado en Justicia Criminal, eso lo hace más fácil. Para los que no tengan (ese grado), tenemos que darle toda la formación, que son sobre mil horas”, explicó. Pérez dijo que actualmente la UPR no cuenta con algunas instalaciones, como polígono de tiro, pero apuntó que tienen acuerdos con otras entidades para utilizarlas. En ese sentido, el presidente de la UPR apuntó que la propuesta para la Academia de la Policía estatal podría incluir “alguna colaboración con otras entidades de Educación Superior”. “Eso está por considerarse dependiendo de la magnitud del proyecto”, indicó. Dejó en manos del rector interino del Recinto de la UPR en Carolina establecer el estimado de inversión requerida una vez culmine la propuesta. Diferentes estimados han sido planteados públicamente, incluyendo el arreglo de las instalaciones en Gurabo. En mayo pasado, el presidente de SUAGM, José Méndez, comentó que la inversión podría llegar a $10 millones. Haddock Acevedo reconoció que la UPR atraviesa por retos fiscales, pero destacó que esta propuesta no solo podría beneficiar a la Policía, sino también a la institución. “Lo que estaríamos buscando es que si entramos como UPR, con las acreditaciones de la Middle States, entraríamos en (el uso de) becas federales para los cadetes en la UPR”, estimó. “Los ingresos potenciales serían multimillonarios”. De hecho, el estudio de la Autoridad de las APP, publicado en octubre pasado, se apoya precisamente en el uso de becas federales para sobrellevar un aumento en el costo del adiestramiento a cargo de una institución privada. “El ingreso mayor de la UPR es el presupuesto que provee el gobierno central, pero el segundo mayor viene de las matrículas de los estudiantes. Este proyecto (de la Academia), con las becas federales, tendría un impacto significativo”, expresó Haddock Acevedo. El presidente de la UPR espera reunirse esta semana con el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, y el comisionado de la Uniformada, Henry Escalera, “para establecer los parámetros de la propuesta para la Policía”. En una entrevista con El Nuevo Día la semana pasada, Pesquera dijo que no había recibido ningún acercamiento de la UPR, pero aseguró que estaba dispuesto a atender alguna propuesta de la universidad del Estado a la luz de la Orden Ejecutiva de Rosselló. “Todo está en la mesa. Cualquier agencia que pueda prestarnos servicios y que redunde en beneficios para la Policía, claro, no están excluidos”, indicó Pesquera. “Cuando se haga el RFP (solicitud de propuestas), sospecho que van a decir que ‘podemos hacer esto y esto’”, abundó el funcionario, quien desea que haya competencia de varias instituciones por la operación de la Academia de la Policía. “Yo espero que sí. Hay otras entidades que estoy seguro que van a querer, pero todavía no sé, porque no se ha abierto (el proceso de recibir propuestas)”. Otra institución que tiene un programa de Justicia Criminal es la Universidad Interamericana. Su presidente, Antonio Fernós, indicó en declaraciones escritas a El Nuevo Día: “Estamos evaluando la propuesta. Aún no hemos tomado una determinación”. La última clase de cadetes se graduó en el 2015. El juez federal Gustavo Gelpí, quien supervisa la Reforma, ordenó una clase de cadetes para febrero de 2019.