Reestructuran casos asignados a trabajadora social de caso de menor asesinada en Aibonito

SAN JUAN (CyberNews) – La secretaria del Departamento de la Familia (DF), Ciení Rodríguez Troche, informó el miércoles que la trabajadora social vinculada al caso de la menor Kalianys Isabel Soto Roque, quien fue asesinada en Aibonito, ha sido temporalmente apartada de sus responsabilidades actuales. La medida se tomó mientras se desarrolla una investigación administrativa en torno a su gestión del caso. La secretaria no proporcionó el nombre de la trabajadora social debido a amenazas previas recibidas. La profesional en cuestión enfrenta desde la posibilidad de exoneración hasta sanciones que podrían incluir una reprimenda escrita o el despido. “Es un trabajo complejo manejar estos casos”, declaró Rodríguez Troche a la prensa. “Nuestra prioridad es proteger la integridad del caso y la seguridad del departamento, sin prejuzgar ni asignar responsabilidad en este momento. Estamos en proceso de recopilar toda la información y realizar una revisión exhaustiva de los archivos del caso”, afirmó con el respaldo de Glenda Gerena, administradora de la ADFAN. La familia de la infante asesinada residía en condiciones que un informe del Departamento de Justicia calificó de infrahumanas, situación que ahora es parte de la investigación en curso. La fiscalía ha presentado cargos contra Jovanie Aponte Ríos, incluyendo asesinato y maltrato, mientras que la madre de la niña enfrenta cargos por maltrato según la Ley 57-2023. Rodríguez Troche admitió no tener conocimiento previo sobre otras posibles víctimas del acusado, a pesar de que este fue entrenador de baloncesto infantil. Actualmente, el Departamento de la Familia ha tomado custodia de dos hermanos de la víctima. Se reportaron cuatro referidos sobre la familia antes de febrero de 2023, todos relacionados con la pareja anterior de la madre de la menor. El más reciente, ocurrido en 2021, se debió a un incidente en el que un infante salió del apartamento cuando el padre se quedó dormido. Tras estos referidos, la vivienda recibió 13 visitas y se había activado un plan de servicio que, según Rodríguez Troche, se estaba cumpliendo. La última visita antes del trágico suceso tuvo lugar el 22 de noviembre. En septiembre de 2023, durante una de las visitas, una trabajadora social conoció a Aponte Ríos. Desde febrero hasta el día del fallecimiento de la niña, no hubo referidos o llamadas adicionales registradas respecto a la situación de la menor o del individuo ahora acusado. Debido a alegaciones de vecinos sobre intentos previos de comunicar patrones de maltrato a las autoridades, la secretaria anunció la creación del correo electrónico confidencias@familia.pr.gov para recibir información directa del público. “Nos urge contar con la información relevante que la comunidad pueda proporcionar”, enfatizó Rodríguez Troche, quien además confirmó que se están llevando a cabo tres investigaciones paralelas: administrativa, social y criminal.