Tensión por regulación de Airbnb en San Juan

Una acalorada discusión sobre los alquileres a corto plazo tomó lugar en la Legislatura Municipal de San Juan donde se busca aprobar una ordenanza para reglamentar esta práctica mediante el cobro de licencias e impuestos a los arrendadores de las propiedades ubicadas en la ciudad capital. La proliferación de propiedades en San Juan que están en la plataforma de alquiler a corto plazo Airbnb ha generado controversia entre ciudadanos —en su mayoría residentes del Viejo San Juan— y representantes de la industria turística. Según la firma Estudios Técnicos, de 4,165 hogares existentes en Viejo San Juan, unas 1,012 propiedades forman parte de la plataforma de hospedaje. Ante la actividad económica que genera este tipo de alquiler, la legislatura del municipio presentó a mediados de febrero el Proyecto de Ordenanza 24 serie 2018-2019, con el que busca salvaguardar su derecho a recaudar impuestos y generar ingresos por concepto de licencias, al tiempo que auditan y regulan la operación de las unidades. La medida persigue implementar un licenciamiento con vigencia de un año que será expedido por la Oficina de Permisos del municipio y requerirá un pago inicial no reembolsable de entre $250 y $500. Además, de ser aprobada, establecería un impuesto del 3% sobre el ingreso bruto generado por el arrendamiento de la propiedad y limitaría a dos propiedades las que el arrendador pueda destinar a este tipo de alquiler. Una de ellas deberá ser la residencia principal de la persona. La Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (Prtha, por sus siglas en inglés) —que reconoce que los alquileres a corto plazo añaden capacidad de hospedaje al destino— no se opone a que Airbnb continúe operando en la Isla. No obstante, sus directivos instaron a que se establezcan regulaciones para hacerlos cumplir con los mismos requisitos de calidad, seguridad y responsabilidad contributiva que rigen a los demás tipos de alojamiento. La presidenta y principal oficial ejecutiva del Prtha, Clarisa Jiménez, recomendó a la Legislatura Municipal que establezca un límite de 275 noches permitidas para alquiler anualmente, prohibir el alquiler a corto plazo en unidades de vivienda asequible, crear un registro compulsorio, fomentar el pago de contribuciones y establecer multas para las plataformas que no retiren las propiedades que no cumplen con el reglamento. Jiménez también enfatizó en que se debe incluir la definición de “hotel ilegal” que, según dijo, se define como un edificio residencial donde un 50% o más de las unidades se arrendan mediante alojamiento a corto plazo. Recomendó, además, limitar hasta seis unidades las que los operadores podrán rentar en las plataformas. Empero, la ejecutiva recalcó su oposición al establecimiento del impuesto municipal de 3%. “Aunque entendemos que el impuesto va en contra de los alojamientos a corto plazo, nuestros miembros se han opuesto a dicho tipo de impuesto cuando se les trató de imponer a las hospederías tradicionales. Somos consistentes en nuestras posiciones y no podemos apoyarlo”, detalló. La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo (CTPR), Carla Campos, quien también había sido citada, no pudo corresponder a la invitación que le extendió el gobierno municipal. En declaraciones escritas, Campos sostuvo que “dado el corto tiempo de antelación en que se recibió la notificación (el lunes) y por compromisos oficiales confirmados previamente” no pudieron asistir. Anteriormente, la CTPR había expresado su preocupación ante la medida por entender que podría incidir negativamente sobre el desarrollo económico de la industria turística. Según había mencionado, “la ordenanza podría afectar la limitación de la oferta que el consumidor y visitante actual espera encontrar en destinos de calibre mundial”. “Tratándose de un tema de suma importancia para la economía y el desarrollo de la industria turística en la Isla, nos hemos comprometido con la Legislatura Municipal a someter nuestra ponencia, recomendaciones y comentarios por escrito la próxima semana”, aseguró la funcionaria. Para el presidente de la asamblea municipal, Marco Rigau, la ausencia de la directora de la CTPR fue lamentable por entender que su ponencia era esencial para la reunión ya que originalmente se oponían a la reglamentación y ahora están de acuerdo, pero con otras condiciones. “Nos parece que debieron haber venido porque la CTPR tiene una función importante en la promoción del turismo. El asunto que estamos tratando hoy toca la vida en sociedad y esto tiene implicaciones de seguridad, salud, tránsito, limpieza y orden que se relacionan con el turismo… Se oponían a la reglamentación y ahora dicen que sí hay que reglamentar, pero que son ellos los que deben hacerlo”, mencionó Rigau. La Asociación de Vecinos del Viejo San Juan (Avisaj) también rechazó el proyecto por considerar que “tal y como está concebido, no controla el crecimiento desmedido del negocio”. Según sostienen, no provee un mecanismo eficiente para supervisar el cumplimiento de la reglamentación que se propone porque no asigna fondos ni personal a la Oficina de Permisos. “Entendemos que esto no resuelve el problema fundamental aquí, que es detener el crecimiento desmedido de los alquileres a corto plazo y, en su lugar, promover la repoblación de las comunidades que han sido desplazadas por este negocio. Aunque limita la cantidad de propiedades que una persona pueda rentar, no vela porque no se burle el reglamento”, puntualizó Vanessa Droz, portavoz de Avisaj.